Con el telón de fondo de la decisión del Tribunal Supremo de situar a las puertas del banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el caso de presunta revelación de secretos por la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso en el marco de su imputación judicial por fraude fiscal, desde el Gobierno de España, tanto en el Consejo de Ministros como el propio presidente, Pedro Sánchez, han reiterado su respaldo este martes.
En rueda de prensa, tras la reunión del jefe del Ejecutivo central con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, así lo ha suscrito: "El Consejo de Ministros ha manifestado la posición, respaldamos la posición del fiscal general, creemos en su inocencia y cuenta con el apoyo del Gobierno de España”, ha reiterado.
En los mismos términos, en la ronda de preguntas con los medios de comunicación, el mandatario de Moncloa también ha dejado claro que en el futuro próximo "no va a haber crisis de Gobierno", aunque entiende que entre "dentro de la lógica" cuestionar sobre este posible escenario.
Balance de la evolución económica y social de España
Como cada año, el presidente del Gobierno se reúne con el jefe del Estado en Palma de Mallorca para hacer balance del curso político que culmina ahora y que volverá a arrancar en septiembre, tras la temporada estival. En esta ocasión, el examen se ha regido por la buena evolución de la tendencia económica de nuestro país, tanto por las previsiones como las cifras de empleo, así como los avances en materia de agenda social e internacional.
“Los datos de la economía nacional del pasado trimestre invitan al optimismo proyectando a España como la gran economía que crece en Europa. Las previsiones del Gobierno son de un 2,6% de crecimiento este año con la creación de empleo, esa barrera de los 21 millones de ocupados y con unas tasas de paro del 10% desde antes de la crisis financiera, o cuando hablamos de la temporalidad y la estabilidad del empleo", ha enumerado Sánchez.
Como segundo punto que ha abordado con el rey Felipe VI, el jefe del Ejecutivo central ha situado como problemas principales de corte social tanto la desigualdad entre la población como la problemática creciente de acceso a la vivienda. "El reflejo más dramático se da en la pobreza infantil, que afecta a millones de niños en nuestro país, así como la imposibilidad de muchos ciudadanos para acceder a una vivienda en alquiler o en compra. Queda mucho por hacer, pero en estos últimos años tenemos tasas que no teníamos desde hace 15 años e índices en mínimos históricos, pero la desigualdad es el principal desafío", ha reiterado.
En materia internacional, a renglón seguido, ha enumerado las últimas citas en el exterior como su reciente viaje diplomático a distintos países de Latinoamérica o los lazos estrechados con Mauritania en clave de inmigración, haciendo mención a su vez de la postura de España en el genocidio sobre Gaza o la guerra en Ucrania.
Por esta retahíla de acontecimientos y decisiones, Sánchez ha defendido que son ejemplo que invitan "al optismismo y confianza sobre el momento económico y social que vive nuestro país con otras economías" del entorno.
Sánchez urge a las CCAA a "cumplir la ley" en inmigración
Otro de los puntos álgidos del balance de Sánchez se ha remitido a parte de la reunión que ha mantenido también este martes con la presidenta de Baleares, Marga Prohens, acerca de la cuestión migratoria, siendo esta comunidad autónoma una de las que más recibe personas llegadas de distintos países de África a través del Mar Mediterráneo.
En este sentido, el presidente del Gobierno ha instado a las comunidades autónomas a plegarse a lo que dicta la modificación de la Ley de Extranjería y, por ende, al pacto sobre reparto de menores migrantes no acompañados entre los distintos territorios del país. "El Gobierno está en todos los frentes, vemos una evolución de una caída de los flujos migratorios del 27%, eso no está ocurriendo en la ruta que afecta a Baleares, haremos un esfuerzo diplomático con los países de origen y tránsito para frenarlo", ha esgrimido.
"La ley se cumple y los gobiernos autonómicos tienen que cumplir con la ley, las Cortes aprobaron una modificación de la ley de extranjería que es clara. Un partido que es de estado tiene que cumplir con la ley, y quienes se nieguen tendrán que saber cuáles son las consecuencias", ha avanzado al tiempo.
