En Galicia existe desde hace tiempo un enfado generalizado acerca del tratamiento que los medios de comunicación hacen de determinadas informaciones. Ahora, cuando la precampaña echa a andar, sale a la luz el dinero con el que la Xunta ha regado a los nombres del cuarto poder.

En el pliego, de carácter público, se ve claramente cómo el medio más beneficiado es La Voz de Galicia, de índole históricamente conservador. En su caso, el año pasado recibió más de medio millón de euros (584.993,36 euros). Bastante alejado de él se encuentra el Faro de Vigo, que percibió 228.428 euros.

Ya detrás de ellos se sitúan El Progreso de Lugo, con 141.196,14 euros, La Región; con 128.387, 37 euros y Lérez Ediciones, con 71.451, 77 euros y, ya detrás de ambos, Rías Baixas de Comunicación (38.554,64 euros) y La Opinión de A Coruña (34.304, 70 euros).

Por su parte, el ránking de radios más beneficiarias del gobierno popular lo encabeza Radio Popular, con más de 85.000 euros, muy por delante de sus perseguidores. En este sentido, Uniprex percibió 63.337, 78 euros, Voz de Galicia Radio 20.218, 95 euros, Sociedad Española de Radiodifusión 19.827,75 euros y Radio Pontevedra S.A 18,782,45 euros.

Por su parte, el trato hacia la Voz de Galicia es igualmente destacable en su ámbito digital, y es que aquí percibe 268.625,40 euros, seguido de otras que hacen su aparición asimismo en la versión online como el Faro de Vigo (86.187,84 euros). A continuación, emerge El Progreso de Lugo (25.908, 90 euros), La Región (18.345,72 euros), La Opinión de A Coruña (13.827 euros), o Lérez Ediciones (11.178,36 euros).

La información, expuesta en redes sociales, ha sido rescatada por Cristina P. Marcote, autora a su voz del libro Feijóo y el Narco, quien ha hecho la suma por grupos periodísticos. De esta manera, las emisoras locales de la Cadena Ser sumaron 197.973 euros, las de la Cope 68.914, 81, las de Onda Cero 667.036, 63 y Editorial La Capital, propiedad del empresario José Collazo, influyente empresario del juego y propietario del grupo Comar, fundado en la década de los 80 como una compañía vinculada al ocio y el turismo.

Las subvenciones, además, explica la autora del hilo, se presupuestan al margen del dinero que las mismas compañías también reciben de la Xunta a través de la publicidad institucional y de los convenios a dedos suscritos con consellerías, fundaciones, agencias, empresas públicas y otros organismos dependientes de la Administración autonómica. En cualquier caso, bajo el mandato de Feijóo y Rueda como responsables de la Xunta, se han otorgado 45 millones de euros, y es que esta cantidad es la que solamente cedió el primero a radios y televisiones durante sus cuatro mayorías absolutas. Un dinero que, además, se tramitó sin concurso público eludiendo las garantías de concurrencia de transparencia y control.

Quejas en Galicia por el trato mediático

El tratamiento mediático es una de las cuestiones históricas en las que los ciudadanos han reclamado mejoras, y es que este acumula polémicas, especialmente cada vez que sucede algo de calado especial en la comunidad del noroeste. El último ejemplo de ello ha sido el vertido de microplásticos, fenómeno conocido como “pellets”.

Y no solo en lo que respecta a los los medios privados que, a fin de cuentas, contienen una mayor carga ideológica, sino que en este caso se apunta a la cadena pública. Sin ir más lejos, el pasado domingo, cuando la situación acababa prácticamente de conocerse, las críticas fueron reiteradas en lo que respecta a la manera de informar sobre este hecho también de la cadena pública. 

En concreto, lamenta que la TVG, televisión pública gallega, omitiera hasta el final de su informativo una cuestión de tal trascendencia. Los trabajadores públicos lo pusieron de manifiesto vía X, antiguo Twitter, sumando a sus reclamaciones el dar una voz mayor a sector pesquero, Gobierno o entidades ecológicas.

Rueda miente

El presidente de la autonomía y candidato de la Xunta a los comicios del próximo mes de febrero lamenta las críticas de la oposición y promete, en contra de lo que dicen desde la izquierda, que no ocultó ningún tipo de información sobre lo que es ya un desastre ecológico que algunos comparan con el desastre del Prestige, en 2002. 

Sin embargo, la realidad es bien distinta, ya que el candidato del PP defiende que la primera información le llegó al Ejecutivo regional sobre el 3 de enero, mientras que Luis Oujo, alcalde del del PP de Porto do Son, apunta a fue con anterioridad.