La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado hoy que quiere hablar con la Delegación de Madrid para que establezca "algún protocolo" para poder "confinar o cerrar municipios". Ayuso ha lanzado esta nueva línea con el argumento de que "si hay algún rebrote y tiene que haber algún tipo de decisión por encima de las comunidades autónomas, ahí nosotros ya no podemos hacer nada" y que ella, como presidenta regional, solo puede cerrar determinadas actividades temporalmente. Algo que es falso, como demuestra lo ocurrido en La Rioja, Cataluña y Murcia, antes de la declaración del estado de alarma. Y porque la Comunidad de Madrid también tiene legislación y competencias para confinar municipios en base a su Plan Territorial de Protección Civil de la
Comunidad de Madrid, aprobado hace un año, en mayo de 2019, y en base a la Ley Orgánica 3/1986.

Las afirmaciones de Ayuso para querer cerrar municipios chocan ideológicamente con haber liderado el rechazo contra el estado de alarma, como su formación, el Partido Popular, que además permitía prohibir la libertad de movimientos entre comunidades autónomas, que no es lo que pide ahora la presidenta regional. En su entrevista de hoy se ha referido a "confinar o cerrar municipios", alegando que ella no tiene competencias. Sin embargo, es algo que contradice la legislación vigente y las competencias en su poder, además de los ejemplos vistos antes del estado de alarma, donde hasta tres comunidades aplicaron confinamientos en 12 municipios diferentes.

Aislamientos en La Rioja

El 7 de marzo, La Rioja ya había tomado medidas de aislamiento de varios edificios en Haro tras el contagio de varios vecinos en un funeral en Vitoria. La encargada de tomar la medida fue la consejera de Sanidad del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, quien explicó que había dado orden de controlar los accesos al Centro de Salud y se había reforzado el control del aislamiento domiciliario con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, anunció que las multas por saltase el confinamiento podrían llegar a los 600.000 euros. La consejera anunció las "medidas excepcionales" en una rueda de prensa junto a la delegada del Gobierno, pero para explicar "el por qué de las presencias de fuerzas de seguridad" para poder controlar el cumplimiento de las medidas autonómicas.

El cierre de Igualada

Unos días después, el 12 de marzo, y antes de decretarse el estado de alarma, que llegaría el 14 de marzo, otro gobierno autonómico decidía una medida aún más importante: confinar cuatro municipios. Fue la Generalitat de Cataluña, tras una reunión extraordinaria, la que dio orden de cerrar las localidades de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena para evitar la propagación del coronavirus en la provincia de Barcelona. El encargado de anunciarlo en rueda de prensa fue Miguel Buch, el consejero de Interior, quien aclaró que a partir de las 21 horas de ese día nadie podría ni entrar ni salir de Igualada, una población con 70.000 habitantes. Junto a Buch comparecieron los consejeros de Salud, Alba Vergés, de Presidencia, Meritxell Budó y el de Educación, Josep Bargalló, en una decisión puramente autonómica y en la que no participó el Gobierno central.

Murcia, similar a Madrid

Al día siguiente, fue Murcia la que marcó el camino, ordenando el confinamiento de los municipios costeros ante la sospecha de que pudieran haber llegado dueños de segundas residencias de lugares de España como Madrid, con muchos más infectados: Cartagena, San Javier, San Pedro, Mazarrón, Águilas, Los Alcázares y La Unión fueron las localidades donde se prohibió salir de casa excepto por "motivos laborales, médico-asistenciales y de adquisición de productos de primera necesidad, sanitarios y farmacéuticos". En este caso, se activó el Plan Territorial de Protección Civil de la Región (Platemur) mediante un orden de la Consejería de Sanidad murciana que también decretaba el cierre de parques, jardines y playas;  cines, discotecas, restaurantes, bares y establecimientos de ocio; así como el cierre de comercios y centros comerciales, con excepción de aquellos que vendieran bienes de primera necesidad.

La decisión de Cataluña se tomó en base a la Ley de Protección Civil catalana pero la medida tuvo que ser ratificada por un tribunal, como marca el artículo 8.6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que obliga a "la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental". Y el magistrado de Barcelona que aprobó la medida de la Generalitat lo hizo en base a la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública que en su artículo tercero señala que "con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos". 

Las competencias de la Comunidad de Madrid

Sin embargo, Madrid podría seguir fácilmente el camino de Murcia, porque al igual que en aquella región se aplicó el Platemur, Madrid tiene su Platercam: Plan Territorial de Protección Civil de la
Comunidad de Madrid. Aprobado el 14 de mayo de 2019, tiene varias medidas para garantizar confinamientos de municipios: Por ejemplo, el Platercam establece que la Comunidad de Madrid puede establecer la Situación 1 y 2 y en el caso de que se prevea una posible afección a la población, ordenar las medidas de protección de la población (información, confinamiento o evacuación
de la población) dependiendo del tipo de emergencia ocurrida.

Además, el Platercam establece que "uno de los principios básicos es el de proteger a la población" y señala que "son medidas de protección a la población: información y avisos a la población, control de accesos, confinamiento, alejamiento, evacuación, albergue y medidas de autoprotección".

Incluso tiene un artículo, el 5.3.3., dedicado únicamente a aclarar qué es el confinamiento: "El confinamiento consiste en la permanencia de la población potencialmente afectada en sus propios domicilios, o en otros edificios, recintos o habitáculos próximos en el momento de anunciarse la adopción de esta medida. El desplazamiento hacia los edificios debe realizarse a pie. El confinamiento puede ser un medio eficaz para la protección a la población dependiendo de la naturaleza de la emergencia y especialmente en aquellos casos de emergencias de carácter limitado en el espacio y el tiempo".

El artículo 4.2.7.2. encarga al "Grupo de Seguridad" autonómico "aplicar las medidas de protección, tales como confinamiento, evacuación y/o alejamiento de la población de las zonas de intervención". El 4.2.7.4. señala al Grupo de Apoyo Logístico como el encargado de "los trabajos de filiación ante posibles medidas de confinamiento".

Además del Platercam, la Comunidad de Madrid ha aprobado planes propios para los mayores municipios de Madrid, que podrían tomar medidas similares por su propia cuenta, como es el caso de  Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Colmenar Viejo, Coslada, Las Rozas de Madrid, Madrid capital, Mejorada del Campo, Pozuelo de Alarcón, Torrejón de Ardoz, Torrelodones, Tres Cantos y Valdemoro.

Ayuso insiste en que "no podemos hacer nada"

Pese a toda esta legislación en su poder, en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha insistido en que el confinamiento de determinadas zonas es una decisión que debe tomar el Gobierno de España y ha recordado que en las videconferencias de presidentes autonómicos pidió que tuvieran "prevención y una estrategia" para posibles rebrotes.

"Si hay algún rebrote y tiene que haber algún tipo de decisión por encima de las comunidades autónomas, ahí nosotros ya no podemos hacer nada", ha marcado, al tiempo que ha indicado que solo les compete el cerrar determinadas actividades "temporalmente". Ayuso no solo ha liderado las críticas al estado de alarma, sino que la suya es la única comunidad autónoma que ha llevado al Gobierno a los tribunales por no dejarles avanzar de fase en la desescalada.

En este punto, ha insistido en que no tienen competencias por lo que quieren "hablar" con la Delegación del Gobierno "y ver de qué manera" tienen algún protocolo para que decidan, con las competencias en Seguridad que sí tiene el Ejecutivo central, si se pueden "confinar o cerrar temporalmente municipios".