La instrucción del juez Juan Carlos Peinado ha superado lo que todos conocen como kafkiano. Que parece más un guion de Berlanga que una instrucción judicial es un hecho objetivo. Pero que la última jugada de su señoría ha traspasado todo lo imaginable y, sin ánimo de ofender, parece que quiera ayudar a las derechas a ‘petarla’ el domingo en las elecciones europeas, ha sido la gota que ha colmado un vaso ya demasiado lleno de movimientos jurídicos que llevan a un solo nombre: el del tan temido lawfare. Sí, ese que en España no se puede nombrar o las togas caerán sobre uno como si hubiera mentado al mismísimo diablo.
Hablar de lawfare es jugársela, más aun si eres un plumilla, pero es que sus acciones hablan solas: ha citado a declarar como imputada a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a cinco días de las elecciones europeas. Una citación para, ojo, dentro de un mes. Una citación que ha hecho sin haber escuchado a los testigos que también tiene citados este mes de juicio. Una citación en la que parece ser que para el juez Peinado, poco o nada importa la única pericial que se ha realizado en esta causa, el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que para desgracia de este juez, dice que no han encontrado ningún indicio de delito en el comportamiento de Gómez.
Qué más da que no haya pruebas o que no hayas tomado declaración a los testigos… que la realidad no te estropee una buena imputación antes de unas elecciones. Pues nada, vamos a citar a Gómez a cinco días de esas elecciones porque, claro, de eso sí se puede hablar no solo hasta el viernes sino en la jornada de reflexión. Peinado ha dado trabajo a los medios de extrema derecha hasta el domingo. Pero eso es algo que tampoco debería sorprender, pues lleva haciéndolo desde que abrió el procedimiento. Aunque a lo mejor ha sido por ayudar, quién sabe, como no se ha publicado la ley de amnistía, de algo tenían que poder escribir los pseudomedios. Si al final habrá que mandar una carta de agradecimiento. Uy, no, que las cartas las carga el diablo.
Estamos ante un claro ejemplo de lawfare, aunque claro, esto es España, y aquí hablar de lawfare es pecado. Aquí, en este sacrosanto país, incluso cuestionar decisiones judiciales es imposible, porque los señores y señoras de las togas y las puñetas no tienen ideas políticas ni cometen errores, y mucho menos delitos, a no ser que seas un juez de izquierdas y te apellides Garzón, que entonces eres el hijo del demonio enviado a la tierra para acabar con la gran imagen de los señorías. Ah, bueno, que está ese otro que ha terminado en la cárcel por un lawfare de libro a Victoria Rosell, o los que han mantenido imputada a Mónica Oltra o el que ha tratado de destrozar a Pablo Iglesias. Pero esos no importan, sobre todo el de Rosell. Una manzana podrida dentro del cesto de la mejor fruta del universo.
Pues no señores, el lawfare existe, y el trabajo de la prensa libre es denunciar las injusticias y contar aquello que los poderes no quieren que se sepa. Y 17 años de periodismo de tribunales me lleva a decir, sin ninguna duda en mi afirmación, que en la vida he visto una instrucción tan demencial como la de Begoña Gómez. ¿Delictiva? No, obviamente. Pero es que el lawfare no tiene porque acarrear una prevaricación, con un uso torticero del derecho es más que suficiente. Con el simple hecho de citar cuando más duele al oponente político, emitir resoluciones que solo le llegan a Vox y no al fiscal y la defensa o pasarse por el forro de la toga las únicas diligencias que tienes en el sumario es suficiente. Que no habrá delito, pero mala leche toda la del mundo.
Síguenos en Whatsapp y recibe las noticias destacadas y las historias más interesantes
