España se prepara para un debate sobre regeneración democrática. Tras los cinco días de parón por “reflexión” de Pedro Sánchez, obligada por la cacería mediática y judicial atribuida a la derecha contra su círculo de máxima confianza, el presidente del Gobierno prometió mantenerse como tal para liderar la batalla -cultural y legislativa- contra lo que ha bautizado como la “máquina del fango”. Guerra sin cuartel contra los “pseudomedios” y las maniobras de cierto sector de la judicatura próximo al conservadurismo. Pese a las críticas iniciales de sus aliados de investidura, en el PSOE presumen de la decisión tomada por el jefe del Ejecutivo después de que ERC haya registrado una proposición no de ley sobre “la lucha contra la corrupción, las cloacas y la guerra judicial”.
Este mismo viernes, desde el Grupo Republicano anunciaban la PNL que se ha registrado para su posterior debate. Iniciativa encapsulada en el debate sobre regeneración democrática iniciado por el presidente este mismo lunes, tras anunciar que no cedería a las presiones de la “máquina del fango”. Empujados en parte por la carrera electoral en Cataluña, la totalidad de las fuerzas progresistas celebraban la decisión de Sánchez mientras le afeaban cierta ausencia de sustancia en su declaración institucional del lunes y las sucesivas entrevistas en TVE y la Cadena SER.
Desde el ámbito independentista se mostraron especialmente críticos, sobre todo Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Tanto desde Madrid como desde Barcelona, los republicanos lamentaron que haya habido que esperar hasta que Sánchez sufriera en sus carnes las prácticas que atribuyen habituales a la derecha para combatir al adversario. El propio Pere Aragonès, en una rueda de prensa desde la Generalitat, recordaba a Moncloa los constantes avisos desde Cataluña ante la guerra sucia que han padecido desde prácticamente el inicio del tira y afloja procesista. Narrativa que reiteró el portavoz del Grupo Republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, lamentando la falta de propuestas en las intervenciones del jefe del Ejecutivo.
A remolque de Sánchez
Sánchez desfiló por la escalinata del Palacio de La Moncloa para, además de anunciar su continuidad para alborozo socialista, recordar que él también fue víctima de lawfare “en el pasado” con el espionaje de la policía patriótica del Partido Popular. La confesión pública del presidente ha sido el acicate para que desde el Grupo Republicano registraran en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) orientada a la lucha contra la corrupción, la “guerra judicial” y las cloacas del Estado. Iniciativa que, por el momento, tan sólo ha dado su primer paso.
Los grupos parlamentarios evitan pronunciarse al respecto. Dadas las circunstancias, los republicanos la acaban de registrar y la Cámara Baja está de vacaciones hasta pasadas las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Entre acusaciones de la derecha de echar el candado al Parlamento, en consonancia con los reiterados reproches de Sumar de ralentizar la agenda legislativa, los socialistas optan por la vía de la calma. Voces del Grupo Socialista recuerdan que hasta la penúltima semana del mes de mayo (del 20 al 25) no volverá la actividad parlamentaria, por lo que instan a todos los resortes a la calma.
No obstante, a pesar de no adentrarse en los recovecos de la iniciativa republicana, sí perciben cierto electoralismo en un debate para el que el PSOE se ha situado en la pole. Voces del Grupo Socialista comentan a ElPlural.com que aún no manejan las 14 páginas de las que consta la PNL de los republicanos, aunque presumen de que Sánchez, con el parón de cinco días, ha liderado -que no monopolizado- la batalla por la narrativa en este aspecto. Incluso deslizan que, pese a los tirones de orejas de sus aliados parlamentarios, todos se han situado a rebufo del presidente. “Muchos grupos se quejan de lo que hace el presidente, pero luego todos siguen el mismo camino”, ironizan fuentes socialistas en la Cámara Baja.
La iniciativa de ERC
Los grupos aún no han fijado posturas ante un articulado que deberá someterse al escrutinio del pleno. En cualquier caso, los republicanos justifican en su exposición de motivos que, a raíz de la comparecencia del propio Sánchez, se ha puesto de nuevo de relieve que “las estructuras del Estado que han sido utilizadas para llevar a cabo una guerra sucia y terrorismo de Estado”, son las mismas que en la actualidad han “amenazado” al Gobierno por “cuestiones ideológicas”. Consideran que el reconocimiento de una guerra judicial por parte del presidente pone en cuestión el marco al que se aferra Moncloa “cada vez que salía a la luz un caso de guerra judicial”, que no es otro que reafirmar la idea de que “España es una democracia plena”.
Asumen que ha llegado el momento de que el Gobierno dé un paso adelante y constate su “compromiso contra toda corrupción” y, especialmente, frente a la “policial, judicial, política y democrática”. Los republicanos buscarán que los socialistas se retraten y demuestren que tienen un “interés real” en combatir las persecuciones “mediáticas y judiciales por cuestiones ideológicas” y, de este modo, aquilatar una regeneración democrática.
Entre las recetas que maneja ERC, reflejadas en la PNL, se desprende la creación de una Comisión Independiente sobre los casos de guerra judicial en el país, así como la modificación del marco regulatorio del CNI, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y la Ley de Secretos oficiales. Asimismo, reabren el debate en esta nueva legislatura para derogar la llamada Ley Mordaza y acabar con “toda la restricción de derechos” contemplada tras la reforma del articulado de Seguridad Ciudadana.
Desde el Grupo Republicano se insta al Ejecutivo al cumplimiento indefectible con todas las resoluciones de organismos oficiales de carácter internacional con relación a España y orientadas a la plena garantía de “derechos humanos, políticos y democráticos”. Así, en último término, se exige “depurar” las cloacas del Estado mediante el despliegue de una ofensiva legal, penal o administrativa para “castigar a los responsables y ejecutores de actuaciones ilegales o ilícitas”. En suma, medidas efectivas que permitan la “lucha eficaz contra las cloacas”.
En último término, el texto contempla modificaciones legislativas pertinentes para la prohibición del “ensalzamiento del fascismo y del nazismo”. También dejan un apartado a la lucha contra la desinformación, mediante la creación de un Consejo Profesional de Buenas Prácticas que, entre otras funciones, vele para “evitar los bulos, prevención contra las noticias falsas” y sirva como conducto para acreditar a los “medios responsables ante eventuales abusos y distorsiones de actores comunicativos dedicados a la propaganda, la difamación y la calumnia”. De esta forma, entienden que se blindaría el “derecho constitucional a una información veraz”, descansando la responsabilidad controladora sobre los colegios profesionales y ámbitos académicos, quienes a la postre tutelarán la gestión del Consejo.
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