La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha sido citada a declarar el próximo 5 de julio en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en negocios. Tal ha sido el revuelo de la noticia que ha trascendido este martes que las reacciones no se han hecho de esperar, siendo la esgrimida por Antón Losada una de las más comentadas en las últimas horas en redes sociales.
En aras de valorar la decisión del juez Juan Carlos Peinado, Losada se ha expresado en los siguientes términos a través de su cuenta en X -antigua Twitter-: “La instrucción del juez Peinado busca exactamente lo contrario de lo que dice buscar: estigmatizar a la investigada por todos los medios posibles”, ha compartido, situándose en la figura de Begoña Gómez.
La instrucción del juez Peinado busca exactamente lo contrario de lo que dice buscar: estigmatizar a la investigada por todos los medios posibles.
— Antón Losada (@antonlosada) June 4, 2024
Begoña Gómez, citada el 5 de julio
El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha citado este martes a la esposa del presidente del Gobierno en calidad de investigada para el próximo 5 de julio en calidad de investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en negocios.
El juez abrió diligencias hace una semana atrás y ha dado a conocer esta decisión dentro del procedimiento judicial tras el levantamiento del secreto de sumario. Además de la citación de Gómez, es necesario que se darán en el mismo periodo de tiempo otras declaraciones de testigos previstas para este jueves y que se reubicarán el domingo 16 de junio. Estas últimas corresponden a los cuatro empleados y cargos de Red.es, que depende del Ministerio para la Transformación Digital, que concedió ayudas de carácter público a una Unión Temporal de Empresas (UTE) con vehículos junto al empresario Juan Carlos Barrabés, vinculado al PP y que mantuvo vínculos con Gómez en su máster.
En este sentido, y centrando el foco en el auto de la Audiencia Nacional al respecto, se avaló continuar con la investigación abierta después de que el juez Peinado tomase en cuenta la denuncia presentada por la organización ultracatólica de Manos Limpias contra Begoña Gómez. Entonces, el magistrado insistió en ceñirse exclusivamente a los 10 millones de euros en ayudas recibidas por la UTE vinculada al empresario Barrabés. El tribunal considera que el resto de cuestiones denunciadas son “inverosímiles”, incluyen “datos erróneos” o, en su defecto, son meras “conjeturas”, como la presunta influencia de la esposa de Sánchez en el rescate de la empresa Globalia.
En el escrito judicial, se desgrana el contenido del sumario y de las presuntas pruebas que se recogen en el escrito. De este modo, los magistrados han considerado que “de lo anterior se deduce que existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo” para el “comienzo de la instrucción acordada” a través del auto recurrido, entendiendo que son “suficientes” en relación a lo que el Tribunal Constitucional estipula para la “incoación de un procedimiento, exigiendo en lo que respecta a los indicios”, que son “algo más que simples sospechas”. No obstante, sostienen que también comportan “algo menos que los indicios racionales que se exigen para el procesamiento”.
Cabe remarcar que en la resolución externa que respalda la tesis de Peinado y viene avalada por la derecha política resurgen otros nombres conocidos de este ámbito que no han pasado desapercibidos. La decisión de la Audiencia Provincial en la sección 23 corrió a cargo de Enrique Jesús Berges de Ramón -ponente, María del Rosario Esteban Meilán -presidenta de la deliberación- y Jesús Gómez-Angulo Rodríguez. Este último, hermano de un concejal del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida y amigo cercano al expresidente José María Aznar.
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