Después de ocho meses de incertidumbre, de batallas legales y de contemplar cómo el derecho a morir dignamente se convierte en una carrera de obstáculos, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña ha concedido la eutanasia a la joven N. Sin embargo, ese derecho que la ley le ha reconocido continúa sin materializarse debido a la impugnación presentada por su padre, representado por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos.
Este martes, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 12 de Barcelona celebrará una vista extraordinaria en España, al discutirse en los tribunales la aplicación de una eutanasia ya aprobada por primera vez.
Aunque la magistrada haya acordado un juicio a puerta cerrada para proteger la intimidad de la joven, los Abogados Cristianos han convocado a los medios al finalizar el juicio para realizar declaraciones.
Algunos expertos aludidos por elDiario.es advierten que, con o sin el apoyo de asociaciones ultras como Abogados Cristianos, la ley de eutanasia aprobada en 2021 y respaldada por el Tribunal Constitucional en 2023 no contempla que los familiares de la persona solicitante puedan impugnarla en los tribunales simplemente por no estar de acuerdo.
“Los juzgados tendrían que ser capaces de dar una respuesta rápida porque, si no, el derecho a la eutanasia podría ser, en bastantes casos, puramente ilusorio”, advierte el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Miguel Ángel Presno Linera, alertando del riesgo de que la justicia se convierta en un freno más para quienes atraviesan situaciones de sufrimiento extremo.
Por su parte, la catedrática de Derecho Penal y miembro de la junta directiva del Observatorio de Bioética y Derecho (OBD) de la Universitat de Barcelona (UB), Mirentxu Corcoy, ha explicado que “si la solicitante es mayor de edad y se han seguido todos los pasos, que están tasados, es dudoso procesalmente que un padre u otro familiar pueda recurrir la eutanasia, aunque sea un caso límite o complejo”.
El padre de la joven, representado por Abogados Cristianos, ha justificado su recurso alegando que su hija solicitó la eutanasia sin tener plenas facultades debido al trastorno psiquiátrico que padecía. Sin embargo, en la demanda del familiar, la asociación no ha presentado ninguna prueba científica que contradiga los numerosos informes médicos incluidos en el expediente de la paciente, lo que demuestra que la joven no presentaba ninguna alteración de sus capacidades cognitivas cuando pidió morir de forma digna.
La magistrada ha decidido celebrar una vista, a diferencia de otra jueza de un caso similar en Barcelona, quien rechazó el recurso de otro padre contra la eutanasia concedida a su hijo al considerar que el familiar no tenía legitimación legal para impugnarla. El Ministerio Público ha recurrido la decisión judicial al considerar que el parentesco no legitimaba al padre para recurrir la eutanasia, por lo que ambas eutanasias se encuentran finalmente suspendidas.
La intervención de la Fiscalía y una declaración forzada
Uno de los aspectos más controvertidos de este juicio es el papel de la Fiscalía, ya que a pesar de que han pasado ocho meses desde que Abogados Cristianos interpuso el recurso, el Ministerio Público aún no se ha pronunciado sobre si la joven puede o no ejercer su derecho a morir dignamente. Lo que sí ha hecho es solicitar que N. comparezca en el juicio y declare en persona, una decisión que ha generado indignación tanto en su entorno como en la Generalitat.
N. no solo se encuentra en un estado de salud deteriorado, sino que, además, la relación con su padre ha sido prácticamente inexistente durante años. Durante parte de su infancia, estuvo tutelada por la Generalitat, lo que hace aún más vergonzoso que ahora tenga que enfrentarse en los tribunales a alguien que apenas ha formado parte de su vida. A pesar de ello, la jueza ha rechazado que su testimonio se realice por videoconferencia y la ha obligado a acudir en persona al juzgado, donde podrá ser interrogada por los abogados de su padre.
Además de su declaración, la magistrada ha ordenado la comparecencia de un médico forense especialista en psiquiatría, quien deberá evaluar nuevamente si N. prestó su consentimiento “de forma libre, sin injerencias” y si su enfermedad mental influyó en su decisión. Este análisis, que ya fue realizado por los médicos que la trataron y desestimado por un forense anterior, introduce otro retraso innecesario en un proceso que ya está siendo lo suficientemente violento.
El abogado de la Generalitat, que representa a la comisión de ética que aprobó la eutanasia, se ha opuesto a la demanda de Abogados Cristianos al considerar que la entidad “tiene como única finalidad aplazar el máximo tiempo posible el ejercicio de un derecho fundamental”.
