El número de solicitudes de eutanasia en España alcanzó un récord en 2023, con 766 peticiones registradas, lo que supone un aumento del 24,8% respecto a 2022, según el informe anual publicado este jueves por el Ministerio de Sanidad. De estas solicitudes, 334 personas recibieron la prestación de ayuda para morir, aunque un cuarto de los solicitantes falleció antes de que su demanda fuera resuelta. Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) en junio de 2021, el país ha registrado 1.515 solicitudes y 697 prestaciones realizadas.
El informe destaca que 2023 se consolida como el año con mayor número de demandas desde la aprobación de la ley, superando las 576 de 2022 y las 173 de 2021. Este incremento evidencia la progresiva normalización de un derecho que busca garantizar una muerte digna a las personas que enfrentan enfermedades graves e incurables.
Del hospital al hogar: cómo y dónde se lleva a cabo la eutanasia
El perfil mayoritario de las personas que solicitan la eutanasia corresponde a individuos de entre 70 y 79 años, representando el 28% de los casos. Las enfermedades más frecuentes entre los solicitantes son las oncológicas (35%) y las neurológicas (35%). Además, el 95% de los solicitantes posee capacidad de hecho al inicio del proceso, aunque un 15% se encuentra en riesgo inminente de perder dicha capacidad debido al avance de su enfermedad.
En cuanto al lugar donde se realiza la prestación, el 47% se lleva a cabo en hospitales, mientras que el 44% ocurre en residencias o domicilios particulares. La mayoría de las prestaciones se realizan mediante la administración directa de la medicación por parte del equipo sanitario, y solo en 18 ocasiones se optó por la autoadministración.
Uno de cada cuatro solicitantes mueren antes
El tiempo medio desde que se solicita la prestación hasta que se lleva a cabo es de 67 días. Sin embargo, un 25% de los solicitantes fallecen antes de que se resuelva su petición, con un promedio de 30 días transcurridos desde la solicitud hasta el fallecimiento. Además, un 3% de las personas (21) decidieron revocar su solicitud y un 4% (33) optaron por aplazar la aplicación de la ayuda para morir.
Cataluña y Madrid, las comunidades con más peticiones
Cataluña lidera el número de solicitudes con 219, seguida por Madrid (89) y Canarias (62). Este alto volumen en Cataluña podría explicarse por una mayor difusión del derecho a la eutanasia, la accesibilidad del sistema sanitario y una posible mayor concienciación social sobre este tema. En el caso de Madrid, la densidad poblacional y la disponibilidad de recursos médicos podrían ser factores determinantes, mientras que en Canarias, se podría atribuir a características demográficas y la atención prioritaria a pacientes con enfermedades avanzadas. Otras comunidades como el País Vasco (58), Comunidad Valenciana (56) y Andalucía (43) también destacan por un volumen significativo de peticiones. En el lado opuesto, regiones como Extremadura y Murcia registraron solo dos solicitudes cada una, mientras que en Ceuta y Melilla no hubo registros.
En cuanto a la resolución de las peticiones, el 24% de las solicitudes fueron denegadas (188). Sin embargo, tras reclamaciones presentadas ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Eutanasia (CGyE), el 58% de estas peticiones denegadas (32 casos) fueron finalmente aprobadas.
El debate ético en torno a la eutanasia
La legalización de la eutanasia ha estado acompañada de un intenso debate ético que atraviesa aspectos sociales, religiosos y filosóficos. Para muchos, la posibilidad de elegir una muerte digna representa un acto de autonomía personal y un derecho fundamental en situaciones de sufrimiento insoportable. Sin embargo, sectores opuestos argumentan que la eutanasia puede abrir la puerta a abusos y poner en riesgo a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Desde una perspectiva religiosa, ciertas confesiones consideran que la vida es un don sagrado y que no debe interrumpirse de manera deliberada. Además, lobbys religiosos han ejercido presión para criminalizar la práctica de la eutanasia, argumentando que su legalización desvaloriza la vida y contradice principios morales fundamentales. Estas posiciones han alimentado discusiones sobre cómo equilibrar la libertad individual con los valores colectivos de una sociedad diversa.
En el ámbito médico, también surgen interrogantes sobre el papel de los profesionales sanitarios. Mientras algunos ven la eutanasia como una extensión de su compromiso de aliviar el sufrimiento, otros consideran que contradice el principio hipocrático de "no hacer daño". Este dilema ético pone de relieve la necesidad de formación y soporte emocional para el personal implicado en estos procedimientos.
Por último, el debate también se extiende al plano legal y político, donde se cuestiona cómo garantizar que las solicitudes sean completamente voluntarias y libres de presiones externas. Este aspecto es especialmente relevante para proteger a personas en situaciones de dependencia o con recursos limitados, que podrían sentirse obligadas a optar por la eutanasia como única solución a su sufrimiento.
