Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se sentó el pasado lunes en el banquillo del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. Tras cuatro intentos fallidos, la magistrada consiguió que el novio de la presidenta madrileña acudiera a Plaza de Castilla para declarar sobre los delitos fiscales y de falsedad documental que se le imputan. No obstante, González Amador y los otros cuatro investigados decidieron no declarar, dilatando el tiempo en el que se conocerá si es o no culpable de los delitos que reconoció su abogado en un correo a la Fiscalía.
Fue el 2 de febrero de 2024 cuando saltó la noticia, abriendo un litigio judicial en el que el novio de Ayuso ha logrado desviar el foco a la presunta filtración de sus datos por parte del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Desde que su letrado, Carlos Neira Herrera, enviara el mencionado correo al departamento de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, han sido varios los abogados que han asumido su defensa en sus numerosos frentes. Los Genoveses recopiló en ElPlural.com sus diferentes conexiones con Alberto González Amador el pasado jueves.
Javier Luis Gómez Fidalgo, pieza clave de la trama leonesa del novio de Ayuso
El primer nombre para entender la constelación de tramas que envuelve al novio de Ayuso es el de Javier Luis Gómez Fidalgo. Este economista y prolífico empresario leonés es el representante de Alberto González Amador ante las actuaciones de la Agencia Tributaria. Él fue quien le asesoró cuando Hacienda le reclamó los 350.000 euros que presuntamente debe, además de ser quien le alquila, a través de Babia SL -una de sus muchas sociedades-, el ático sobre el piso de millón de euros en el que el empresario vivía con Isabel Díaz Ayuso, situado en el madrileño barrio de Chamberí.
Conocido en León por sus múltiples empresas, Gómez Fidalgo es la piedra angular de la conexión leonesa de la trama de González Amador. El novio de Ayuso se sirvió, según la Fiscalía, de un entramado de sociedades pantalla para evadir impuestos, elaborando facturas falsas para justificar incrementos de costes con los que deducirse cantidades. Gracias a lo que ganó con ello, el empresario pudo pagar el lujoso piso en Madrid, que está muy relacionado con Gómez Fidalgo, la conexión leonesa del novio de Ayuso.
ElPlural.com desveló en exclusiva que Babia SL, empresa de compraventa de edificios, adquirió el ático sobre el piso en el que vivían Ayuso y su pareja. El 1 de junio de 2022, Alberto González Amador nombró al empresario leonés propietario de Babia como su representante ante la Agencia Tributaria. Esto ocurrió unas semanas después de que recibiera una notificación de inspección fiscal a Maxwell Cremona, empresa del novio de Ayuso, relativa al Impuesto de Sociedades del ejercicio 2020.
Según los datos sobre Javier Luis Gómez Fidalgo a los que pudo acceder ElPlural.com a través de Axesor, consultora especializada, el economista cuenta actualmente con 13 cargos activos y 23 cargos históricos en 22 sociedades. Con una trayectoria empresarial centrada en León y en Madrid, el empresario es actualmente administrador único o solidario de siete sociedades.
Carlos Neira Herrera: "Se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública"
Otra pieza clave en la defensa de Alberto González Amador es Carlos Neira Herrera, el abogado que firmó la carta en la que se reconocían sus dos delitos fiscales. A pesar de lo que entonces trató de ocultar Isabel Díaz Ayuso, quien mintió diciendo que Hacienda no reclamaba dinero a su pareja, y lo que se esfuerza en eludir el juez Ángel Hurtado, el letrado envió un escrito a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid solicitando un pacto para que su cliente, González Amador, evitara la cárcel.
La firma de Carlos Neira aparece en el documento, fechado a 2 de febrero de 2024 y en el que en nombre de Maxwell Cremona, empresa del novio de Ayuso, reconoció lo siguiente: “Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT”.
El pasado 21 de febrero, se conoció que la Fiscalía Anticorrupción pide 3 años y 11 meses de prisión para Carlos Neira, según El País. El letrado está acusado de un delito de estafa procesal y otro de falsedad continuada en documento oficial. Neira actuó como perito particular de Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y exdirector del FMI, en la causa en la que fue condenado a casi cinco años de cárcel por tres delitos fiscales.
Luis Rodríguez Ramos Ladaria, abogado del "mayor denunciador de la Villa de Madrid"
El último engranaje de la defensa del novio de Ayuso es Luis Rodríguez Ramos Ladaria. Este letrado, hijo de Luis Rodríguez Ramos, representa a Alberto González Amador tanto en su causa personal ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid y la Audiencia Provincial, como en su acusación al FGE y otros dos fiscales en el Tribunal Supremo. De su tintero ha salido la larga lista de demandas que el novio de Ayuso ha interpuesto contra periodistas y cargos públicos del PSOE y Más Madrid.
Desde el presidente del Gobierno hasta ambos partidos en su conjunto, pasando por varias carteras del Consejo de Ministros, el novio de Ayuso acumula 435.000 euros en demandas de conciliación. El empresario exige hasta 100.000 euros, en el caso de Pedro Sánchez, a las personas que, según él, le han difamado, haciendo justicia a la forma con la que Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, se refirió a él: “El mayor denunciador de la Villa de Madrid”.
Esta es la lista completa de demandas de Alberto González Amador:
- Pedro Sánchez, presidente del Gobierno: 100.000 euros
- Felix Bolaños, ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes: 50.000 euros
- Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE en Madrid: 50.000 euros
- María Jesús Montero, vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE en Andalucía: 40.000 euros
- Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno: 40.000 euros
- PSOE: 30.000 euros
- Ion Antolín, exjefe de prensa del PSOE y exsecretario de Estado de Comunicación: 30.000 euros
- Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid: 20.000 euros
- Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana: 20.000 euros
- Más Madrid: 15.000 euros
- Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE: 15.000 euros
- Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid: 15.000 euros
- José Zaragoza, diputado del PSC: 10.000 euros
