Sospechas de “corrupción” en la investigación abierta por parte del Ayuntamiento de La Adrada (Ávila) al chalet que el juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar a Begoña Gómez, posee en esta localidad castellanoleonesa.
El PP de la localidad intenta resguardarse de la tormenta que levantó las informaciones publicadas por ElPlural.com, y para ello se abrió hace unos días a investigar el inmueble, tal y como refleja el expediente al que ha tenido acceso este periódico: “El arquitecto asesor municipal actualmente asignado, quien ha asumido la gestión de este expediente, está recopilando la documentación urbanística relativa a la finca”.
Esta parte del escrito, que se puede consultar de manera íntegra en este artículo, ha abierto la puerta a la duda acerca de la legitimidad que tiene la persona que se ocupará de realizar este trabajo. Este periódico ha podido hablar con la persona que denunció los hechos y a cuyas acusaciones el consistorio ha respondido con el mencionado expediente.
Posible conflicto de intereses
La sospecha se mueve en la línea de que la persona que se ocupa de la tarea tenga alguna afinidad con el ayuntamiento del municipio, con el partido, o sencillamente que el equipo consistorial le haya prometido algo a cambio por la gestión, algo mucho más plausible, según la fuente contactada. Sea como fuere, destaca que “el ayuntamiento estaría contando con un asesor externo que usurpa funciones públicas”, algo que involucraría una “infracción grave”. “Se estaría metiendo en un ámbito para el cual no está calificado, con el visto bueno de la alcaldesa y el secretario (…) tres patas del mismo taburete que sujetan una ilegalidad”, denuncia.
Preguntado por este periódico directamente si el protagonista de estas líneas podría estar vinculado a la derecha, la fuente responde: “No necesariamente, puede ser una persona al que le encomiendan esta labor a cambio de una preventa, una adjudicación, proyectos…”.
El denunciante de los hechos relata cómo es el modus operandi habitual en estos casos. “Una inspección urbanística implica redactar un documento en el que se explique que el inspector se ha presentado en el lugar y lo que ha visto en él. Para hacerlo hay que notificar que se va a realizar la inspección y a qué hora, al promotor de la infracción, en este caso al juez Peinado”, expone. “Tiene que ser un funcionario, y por supuesto competente y habilitado”, deja siempre claro, apuntando a la posibilidad de que se trate de un arquitecto -funcionario- de la Diputación de Ávila.
“El inspector está habilitado para entrar al domicilio. No obstante, para cubrirse las espaldas y evitar nulidades lo primero que tiene que hacer en este caso la alcaldesa es dirigirse al juzgado correspondiente y pedirle autorización para poder acceder al domicilio y contar la finalidad”, añade.
Los trámites “no son muy largos”. De hecho, el permiso puede llegar en unas 24 horas “si el secretario redacta debidamente la solicitud”. “De lo contrario ya hablamos de una violación del artículo 18 de la Constitución”, indica.
A partir de ahí, el inspeccionado “tiene derecho a poner en el mismo documento las observaciones”; y el texto resultante, de carácter público, tiene un valor jurídico. “Ya con el informe, que es lo que se entrega al Ayuntamiento, se resuelve si hay infracción o no (…) Pero si no eres funcionario todo esto no sirve de nada”, deja claro apuntando a Ávila por el cumplimiento de los requisitos.
La persona denunciante presentó la denuncia mencionada anteriormente como resultado de las sospechas a la fiscalía de Ávila: “No sé si la denuncia la archivan o siguen con ella, pero mucho me temo que la fiscalía ha llamado la atención al Ayuntamiento y, ahí, cuando se han dado cuenta de que esto va en serio, han remitido la nota”.
“Es pura corrupción (…) Estamos acostumbrados a describir como tal lo que pasa con Rato y compañía, pero en los ayuntamientos se da la forma más clara de corrupción”, zanja en conversaciones con ElPlural.com.
El PP, obligado a investigar el chalet tras las información de este periódico
Hace un par de semanas salió a la luz que el ayuntamiento de La Adrada, dirigido por la alcaldesa del PP, Pilar Martínez, se veía obligado a abrir una investigación para analizar si la vivienda con piscina de Juan Carlos Peinado es o no ilegal. El exalcalde de la localidad, Hilario Gabriel Ruda (PSOE), fue el encargado de paralizar las obras de la vivienda del magistrado, dado que, tal y como reveló este medio, carecía de “licencia de obra, proyecto e incluso plano”.
El consistorio municipal respondió al denunciante con el informe señalado a tres requerimientos, anunciando que había abierto la “revisión” del expediente urbanístico correspondiente a la finca del polémico juez, y que ya había seleccionado para ello al “arquitecto asesor municipal” -sobre quien recae la polémica- quien será el encargado de recopilar y analizar la documentación de la vivienda, que el exalcalde socialista calificó como “ilegal”.
"El Ayuntamiento ha iniciado la revisión del expediente urbanístico correspondiente a la finca mencionada, cuyos antecedentes datan del año 2004. Dada la antigüedad del expediente y el volumen de documentación a recabar y revisar, se está llevando a cabo un análisis detallado para verificar su contenido conforme a la normativa aplicable", dicta el texto.
La vivienda del magistrado
La finca -registrada en el catastro como “almacén” a pesar de las dimensiones- del juez Peinado fue adquirida en 2007, según el registro de la propiedad. Cuenta con cerca de 3.000 metros cuadrados y en su espacio se erige la vivienda de 1.000 metros cuadrados y piscina, en el camino forestal de La Adrada.
Esta estructura, según los datos del catastro, está destinada a uso almacenario y no residencial. Tiene que ser ahora el Ayuntamiento del municipio el encargado de recabar todos los datos y determinar si cuenta con licencia de primera ocupación, además de cumplir con la normativa urbanística.
