El empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por fin se ha sentado delante de la magistrada que investiga dos presuntos fraudes fiscales por valor de 350.000 euros. Aunque su defensa ha solicitado una nueva suspensión, mientras la Audiencia Provincial resuelve el recurso del empresario que le imputa dos nuevos de fraude en los negocios y administración desleal, la juez se ha negado. Ha sido en ese momento en el que el novio de Ayuso se ha acogido a su derecho a no declarar.

Según ha podido saber ElPlural.com de fuentes presenciales, el letrado de González Amador ha solicitado la suspensión alegando que, al no estar resuelto el recurso por parte de la Audiencia, la magistrada estaría vulnerando los derechos de su cliente, pero que en cuanto esté resuelto solicitará la declaración voluntaria del novio de la presidenta.

Sin embargo, la juez ha denegado su petición. En marzo se cumple un año del comienzo de la instrucción, y como ya avisó la Fiscalía, para que la causa siga adelante había que tomarle declaración, aunque se acogiera a su derecho a no declarar, antes de que se cumpliera ese plazo. Ahora, ya se pueden pedir las prórrogas de la investigación contempladas en la ley.

Cronología de una declaración imposible

En enero, la magistrada suspendió la declaración de González Amador a petición de su defensa. Los motivos fueron la existencia de un señalamiento previo para el mismo día de la citación en el Juzgado de Primera Instancia número 46, además del viaje profesional previsto por el novio de Ayuso -antes de que se le citara- entre los días 4 y 12 de febrero.

La primera vez que el novio de Ayuso estuvo citado para declarar se remonta al 24 de junio del pasado año. En aquella ocasión fue la acusación popular, que representa al PSOE y Más Madrid, la que solicitó un aplazamiento para investigar cinco nuevos supuestos delitos, recogidos en un informe de la Agencia Tributaria que consta en el procedimiento. En octubre, Inmaculada Iglesias, la jueza, acordó abrir un caso aparte para investigar si González Amador habría cometido delitos al usar una empresa para "ocultar unos ingresos" con el grupo sanitario en el que trabajaba.

Más citados

Además del empresario, este lunes también estaban citadas otras cuatro personas. Todos ellos, al igual que Alberto González Amador, se han acogido a su derecho a no declarar por lo que a las 11 de la mañana todas las partes han abandonado las dependencias judiciales. Los otros citados eran:

  • Agustín Carrillo Saborido, miembro del PP de Arahal (Sevilla): se habría deducido "indebidamente" facturas por valor de 41.200 euros por servicios no prestados por Baluarte Desarrollo Centro Especial de Empleo y Desarrollo Social del CEE el Manantial SL.
  • José Miguel Carrillo Saborido, hermano del anterior: habría llevado a cabo el mismo modus operandi con "cinco facturas" por valor de 66.000 euros de "la sociedad Bianconera de Servicios Profesionales", y por "10.500 euros" por "Bianconera SPA SLU".
  • David Herrera Lobato, posee 18 empresas en Arahal: habría elaborado las facturas falsas con una de las empresas de González Amador, quien se habría deducido ilegalmente con Bianconera de Servicios Prefesionales, una de las muchas empresas de Herrera. El montante sería de 66.000 euros.
  • Maximiliano Eduardo Niederer González, empresario mexicano: presunto testaferro de González Amador en las dos mayores facturas falsas con las que habría defraudado a Hacienda en 2020 y 2021. La jueza ordenó a la Policía localizarle el pasado 31 de enero, ya que su defensa no ha facilitado su dirección.