Una de las cuatro personas, además del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que figura en la denuncia de la Fiscalía contra la pareja sentimental de la presidenta por fraude fiscal es Agustín Carrillo Saborido, miembro del PP de Sevilla. A juicio de los investigadores y según ha podido saber ElPlural.com, esta persona se habría deducido “indebidamente” facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados.

Dichas facturas obedecen a presuntas actividades que nunca llegaron a realizarse de las compañías Baluarte Desarrollo Centro Especial de Empleo y Desarrollo Social del CEE el Manantial SL. El montante que se cierne sobre la primera empresa es de 20.000 euros, y sobre la segunda de 21.200, alcanzando con ambas una cantidad superior a los 41.000 euros.

Según Axesor, el objeto social de Baluarte Desarrollo es el de “otras actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones” o la “evaluación de riesgos y daños”, mientras que la actividad principal de Desarrollo Social es la “educación postsecundaria no terciaria”, aunque incluye asimismo otras actividades “de limpieza, de apoyo a las empresas y de jardinería”.

Según los investigadores, su hermano, José Miguel Carrillo, habría llevado a cabo el mismo modus operandi a través de “cinco facturas emitidas por la sociedad Bianconera de Servicios Profesionales” por valor de 66.000 euros y por la sociedad “Bianconera SPA SLU, por importe de 10.500 euros”.

Tal y como desveló este medio de comunicación en primicia, Agustín Carrillo Saborido guarda una estrecha relación con el PP de Sevilla. Tanto es así que llegó a ir como número 11 por el partido en la localidad de Arahal, de la ciudad hispalense.

"Facturas falsas" para desgravarse impuestos

Los delitos de los que se le acusan a la pareja sentimental de la líder regional son, precisamente, dos relacionados con la defraudación tributaria y un tercero que tiene que ver con la falsedad documental.

Bajo este paraguas, González Amador recurrió a todo un entramado de facturas falsas y empresas pantalla para disminuir los beneficios de sus sociedades, que habían aumentado sospechosamente durante la pandemia. Con esa peculiar manera de actuar, el novio de Ayuso defraudó un total de 350.951 euros a las arcas públicas; 155.000 euros en 2020 y 195.951,41 en 2021.

Y es aquí donde aparecen en el juego el resto de los presuntos implicados (Alberto G. A., Maximiliano Eduardo N. G., David H. L., Agustín C. S. y José Miguel C. S), acusados todos ellos de colaborar en la emisión de facturas fraudulentas para las empresas del compañero de la presidenta regional. Las siglas de una de estas personas obedecen al nombre de Agustín Carrillo Saborido.

El fiscal pide que se tome declaración a todas ellas en calidad de investigados y que testifique como peritos los inspectores de Hacienda que han elaborado el informe de la Agencia Tributaria después de acusar a los cinco personas de dos delitos de defraudación tributaria relativo al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedades para el Fomento de Medioambiente S.L., y un presunto delito de falsedad delito de falsedad en documentos mercantil.

El órgano jurídico investiga un supuesto fraude fiscal al detectar a raíz de un informe de la Agencia Tributaria movimientos “ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades”. De forma detallada, el escrito recoge “gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021”.

En el mes de enero, la Fiscalía recibió un informe de la Agencia Tributaria que se refería a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deducen “determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudiera resultar constitutivo de delito”.

En documento habla, más en concreto, de dos delitos contra el Ministerio Público al destacar “un fraude tributario cualificado por la inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer”.

Piso de un millón de euros en barrio pudiente

Este medio ha sacado informaciones de interés para el lector relativos a los negocios del novio de Ayuso relacionadas, presuntamente, con los delitos de los que se le acusa. Una de ellas es la relativa al piso adquirido al 100% por parte de González y que comparte la pareja, ubicado en el distrito de Chamberí.

El inmueble está tasado en más de 800.000 euros, aunque a la cantidad hay que añadirle 100.000 euros de garaje y el alquiler del ático del edificio, que hace las veces de gimnasio y sirve de alojamiento a actividades lúdicas.

Maserati de empresa

ElPlural.com también publicó en exclusiva que una de las empresas de González -Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente- tiene deudas con el Ayuntamiento de Madrid por el impago de multas de tráfico e impuestos de vehículos de uno de sus coches de lujo, concretamente un Maserati Ghibli.

Preguntado por este medio, el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida elude responder si va a reclamar las cuantías de las multas. Fuentes de Cibeles se amparan en la “protección de datos” pero defienden que “si existen deudas con la administración siempre se reclaman”.