El PP de Madrid incluyó en una denuncia a la empresa de la que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había recibido dos millones de euros. De hecho, se cumple ahora un año desde que el Partido Popular pusiera en bandeja a la Justicia a la compañía catalana FCS Select Product SL, de la que ahora se ha conocido que la pareja sentimental de la presidenta recibió una nada despreciable cantidad por hacer de intermediario.
Las intenciones de la formación eran claras y pasaban, por un lado, por intentar destapar presuntas irregularidades del Gobierno Central, concretamente del ministerio de Sanidad, durante el Covid capitaneado por Salvador Illa; y por otro como respuesta al caso de las mordidas que salpicaba a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la lideresa regional.
La denuncia del PP llevaba la firma del secretario general del partido en Madrid, Alfonso Serrano, quien puso en duda la elección de la empresa debida al objeto social, y es que ésta ofrecía “servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas” y se reconvirtió durante la pandemia para vender material sanitario.
Pero a la formación conservadora le salió mal o, cuanto menos, no todo lo bien que le hubiera gustado. Es cierto que a partir de aquella denuncia la Fiscalía vio indicios de delito que derivarían en el caso Koldo, pero lo que el PP no se esperaba es que la pareja de Ayuso también hubiera hecho negocio con la compañía. En lo que respecta al departamento de Illa, el órgano jurídico descartó cualquier irregularidad.
FCS vendió tanto a la administración pública como a otras compañías privadas, en cuyos contratos, en al algunos de ellos, medió González Amador, quien hizo de intermediario. Un negocio a primera vista sencillo: yo te contrato y tú me consigues clientes. En total, FCS pagó a la empresa de González casi dos millones de euros (1.973.000) como comisión por venderle a la firma gallega Mape Asesores material sanitario por 42 millones de euros en mayo y agosto de 2020, dos de los peores meses de pandemia. Por el trato, el novio de la presidenta se llevaba un 4,5% del volumen de ventas que consiguiera para FCS.
Escrito del PP
En su denuncia el PP pone de manifiesto que la empresa “ofrece servicios de fabricación de productos de artículo de marketing para el sector de bebidas alcohólicas” y, “por lo tanto, no parece que su actividad social tenga relación directa con el objeto del contrato para poder se un suministrador preferente de mascarillas”.
El escrito continúa: “El importe de la cifra de negocio de FCS fue de menos de un millón de euros en 2018, con un beneficio de 69.000 euros, frente a los 263,1 millones que obtuvo en 2020, como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas relacionadas con la Covid-19”. De igual forma, los populares hacen hincapié en que la administradora de la compañía “fue condenada en 2016 por un delito de estafa agravada”, considerando que estos precedentes “son relevantes, ya que hay que recordar que el delito de estafa tiene como elemento principal la existencia de engaño”. A pesar de todo, finaliza el texto, la empresa resultó adjudicataria de varios contratos.
Con todas las cartas sobre la mesa, el PP se pregunta cómo FCS “había logrado, en tan breve espacio de tiempo, redirigir su actividad mercantil y lograr tan importante contrato de suministros de productos sanitarios, tan escasos en dichos momentos”. Bajo esta cuestión, el partido apuntaba a una posible relación de amistad con Illa que, según las conclusiones de las investigaciones, no existe.
Alberto González defraudó 350.951 euros a Hacienda
La Fiscalía denunció a la pareja de Ayuso por dos delitos de fraude tributario y un delito de falsedad documental en una demanda que incluye a otras cuatro personas -entre ellas un miembro del PP andaluz- y todo un entramado de facturas falsas y empresas pantalla. En concreto, el que es novio de la presidenta desde 2021 -este año formalizaron su relación- defraudó a Hacienda 350.951 euros entre este ejercicio y el anterior a través de este sistema.
La denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid presentó en el juzgado el pasado 5 de marzo tras recibir un informe de la Agencia tributaria a la que ha tenido acceso ElPlural.com incluye dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y 195.951,41 en 2021. Asimismo, a Rodríguez se le imputa también un delito de falsedad documental por la presentación de 15 facturas que suman 1,7 millones de euros. Los documentos, emitidos por empresas externas, tenían un objeto claro: reducir los beneficios declarados y evadir el pago de impuestos.
