“Votar en contra de los 12.000 millones de euros no es cotar en contra del Gobierno, sino del país. Es votar en contra de las políticas sociales. Queremos dar una nueva oportunidad al diálogo para recuperar la sensatez”. Con estas palabras, convirtiendo lo técnico en sencillo, explicaba la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, el motivo por el cual el Ejecutivo ha decidido posponer la votación sobre la senda de déficit y el techo de gasto prevista, en principio, para este mismo jueves.
Actualmente el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para que esta senda, primer paso para la configuración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, salga adelante en el Congreso de los Diputados. El voto en contra del PP, contrario a los intereses de las administraciones que ellos mismos gobiernan, así como el de Junts per CatalunyaJunts per Catalunya, centrado en torpedear cualquier acción del Ejecutivo, supone un contratiempo para los intereses de Moncloa, de los ciudadanos y de los propios territorios que se beneficiarían de una nueva senda de estabilidad con más fondos propios y mayor capacidad de acción en sus propios presupuestos.
Concretamente, como el Gobierno ha repetido hasta la saciedad, tratando de inculcar a la sociedad la importancia de la aprobación de esta senda de déficit, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos se verían beneficiados con hasta 12.000 millones de euros extra. Un montante nada desdeñable que desde Moncloa, además, quieren convertir en terrenal, en entendible para el común de los mortales.
"Con 12.000 millones de podría pagar los salarios de un año del conjunto de personal y profesores de educación preescolar y primaria"
¿Qué se puede hacer con esos 12.000 millones de euros? La respuesta la dan fuentes de Moncloa a ElPlural.com después de analizar los datos y realizar un ejercicio de trasposición en materas muy concretas. Entre otras cosas, como recuerdan estas fuentes, 12.000 millones equivalen al gasto en vivienda de las CCAA en seis años o el gasto anual de las CCAA en medicamentos y productos farmacéuticos.
Pero hay más: “Con 12.000 millones de podría pagar los salarios de un año del conjunto de personal y profesores de educación preescolar y primaria. Con 12.000 millones se podría atender a 5,2 millones de habitantes en atención primaria. Con 12.000 millones se podría casi doblar las partidas de lucha contra la pobreza infantil (6.431 millones se destinaron en PGE 2022)”, sentencian estas mismas fuentes.
El runrún del Congreso
La actividad en la Carrera de San Jerónimo se ha acelerado este martes, después de que el Gobierno salpimentara la mañana con sus intenciones de retirar la tramitación de los objetivos de déficit. Noticia que ha motivado el aumento de decibelios parlamentarios, coincidiendo, además, con el rutinario desfile de los portavoces por la sala de prensa y la reunión de la Mesa de la Cámara Baja. El aplazamiento de Moncloa ha sido trending topic, pero todas las miradas estaban puestas sobre Junts per Catalunya.
Los siete diputados neoconvergentes están en el disparadero. En una legislatura desprovista de geometría variable, sin margen para el despiste, son votos capitales para la consolidación de una legislatura que la oposición da por amortizada porque, a su juicio, “nació muerta”. Los independentistas ya sorprendieron en julio, en el último pleno previo a la clausura del pasado curso político, con un primer y sonoro portazo a la senda del déficit. Dos meses después, tal y como deslizaba el lunes el secretario general de Junts, Jordi Turull, ya no hay hueco para el asombro. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la antigua Convergència no sólo ya dinamitó la regulación de los alquileres de temporada, sino que amagó con torpedear la carpeta legislativa del Ejecutivo.
Su portavoz parlamentaria, Mìriam Nogueras, reproducía idéntico argumentario desde el patio del Congreso, aunque con una melodía ligeramente diferente. “Si el PSOE quiere que pasen cosas diferentes, tiene que hacer cosas distintas”, deslizaba la neoconvergente, abriendo ligeramente la puerta a la negociación tras el fracaso del viernes en Ginebra. A este tenue haz de luz se encomiendan los socialistas, en cuyo relato predominaba ya cierto pesimismo mientras reorientaba el reproche hacia la “irresponsabilidad” del Partido Popular. En cualquier caso, la dirigente independentista acentuaba los recados a Moncloa precisando que su grupo “no dará apoyo a cambio de nada”. El pacto debe imprimir una “mejoría” sustancial en la senda del déficit de Cataluña.
Nogueras abre la puerta: "Si el PSOE quiere que pasen cosas diferentes, tiene que hacer cosas distintas"
Al margen de Junts, el socio minoritario de la coalición aplaude la decisión de aplazar la tramitación. Sumar y los satélites que conforman el Grupo Parlamentario Plurinacional celebran que Moncloa explote todas las vías de negociación para “sacar adelante un acuerdo satisfactorio”. “Nos damos más días para conseguir un consenso que mejore la vida de la gente”, aportaban desde la sala de prensa los diversos portavoces del espacio mayoritario a la izquierda del PSOE.
Loas que contrastan con la suspicacia del PNV, cuyo portavoz parlamentario, Aitor Esteban, ha escenificado ante los periodistas. El líder de los jeltzales en el Hemiciclo alertaba del “riesgo” que entraña que los Presupuestos no salgan adelante. Asegura que “desconoce” el estado de las negociaciones de Moncloa y no descarta que acometa una “recomposición del reparto” del déficit, aunque adelanta que la posición de su grupo no ha variado desde julio. Como tampoco se ha movido EH Bildu. El líder de los abertzales, Arnaldo Otegi, avanzaba la predisposición de sus diputados para convalidar las cuentas públicas porque el “recambio” pasa por un Gobierno de “PP y Vox”.
La derecha sube el tono
La oposición, en cambio, ha endurecido el mensaje contra el Gobierno tras el anuncio de la retirada de los objetivos de déficit. Una decisión que Vox ha tachado de “humillación y vergüenza”. La portavoz parlamentaria de los ultraderechistas, Pepa Millán, ha descargado toda la responsabilidad en la coalición al poner el futuro de la ciudadanía “en manos de un prófugo de la Justicia y un golpista”, aludiendo expresamente a Puigdemont. En este sentido, da por “agotada” una legislatura que ha calificado de “chantaje sistemático” al necesitar el Ejecutivo a “lo peor” de la Cámara Baja.
Visión que comparten con un Partido Popular que considera que la legislatura “nació muerta” y esta es la prueba fehaciente de ello. “No tiene coche ni gasolina”, exponía ante las cámaras de Telecinco el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien instaba a Moncloa a eliminar el “cupo catalán” como condición sine qua non para abrir una vía de diálogo con Génova y salvar así la caída presupuestaria. En cualquier caso, estima que el país está en una situación de ingobernabilidad.
Por su parte, el portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, abundaba en la “debilidad” de un Gobierno que está “aislado” y “agoniza”. El dirigente conservador sostiene que Sánchez es un “presidente caído de facto”, apuntalando que “aquello de gobernar sin el Parlamento no le está saliendo demasiado bien”, en alusión a la intervención del jefe del Ejecutivo en el Comité Federal socialista del pasado 7 de septiembre.
