El Gobierno de España enfrenta un nuevo revés en su agenda política. Durante la votación de los objetivos de deuda y déficit de este martes 23 de julio, Junts decidió votar en contra de estos. Sin embargo, esto no solo supone un problema a nivel político, sino también en la propia elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2025. Esto se debe a que la aprobación de la llamada senda de estabilidad es necesaria para poder avanzar en su diseño.
La senda de estabilidad son las metas que fija el Gobierno respecto al déficit y deuda públicas, que se determinan para las administraciones con vistas al trienio siguiente. Asimismo, forman parte del escrutinio que la Unión Europea hace sobre las cuentas de todos y cada uno de los Estados miembro. Así, es uno de los trámites esenciales en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para comenzar con el diseño de los Presupuestos Generales del Estado.
Debido a la negativa que el Congreso de los Diputados ha dado a los objetivos presentados por el Ejecutivo, este debe presentar de nuevo el trámite de estos objetivos, bien sea los mismos que la Cámara Baja rechazó este martes o unos nuevos. Sin embargo, esto implica necesariamente un retraso en todo el proceso de aprobación de los presupuestos. Si se diese el caso de que los objetivos de estabilidad no se aprobasen por el Congreso, las metas que entrarían en vigor serían las anteriores, que resultan más severas para autonomías y ayuntamientos por tener un margen de gasto más reducido.
Asimismo, al Gobierno le conviene continuar con la tramitación, debido a que hasta finales de este año, los presupuestos vigentes son los prorrogados de 2023. Esto se debe a que el Ejecutivo, pese a haber iniciado con los trámites, decidió desistir en la elaboración de cuentas tras el anuncio del entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, de que se adelantaban las elecciones en la autonomía. De igual forma, la vuelta a las normas fiscales europeas colocan de nuevo la contención del gasto y la reducción de la deuda en el centro, con lo que se añade esa presión a la elaboración de los PGE de este 2025.
El Gobierno de España también presentó este martes 23 de julio el techo de gasto, la cual no es objeto de votación en la Cámara baja. Eso sí, sigue siendo clave para poder realizar los PGE. Para el año 2025, establece un tope de 199.171 millones de euros, incluyendo los gastos de los fondos procedentes de la propia Unión Europea.
El Senado no podrá vetar la senda de estabilidad
Pese al retraso que supondrá para el Gobierno de España que la Cámara Baja no haya aprobado los objetivos de estabilidad, durante la votación de este martes se implementó una enmienda al proyecto de ley de paridad, que elimina la capacidad del Senado de vetarlos. Esto se debe a que el Congreso podría revertirlo a través de mayoría simple. La Cámara Alta, donde tiene mayoría absoluta el PP, ya ejerció este derecho hasta en dos ocasiones durante la elaboración fallida de los presupuestos del año 2024. Sin embargo, ya no podrá ejercer ese bloqueo, que podría alargar la tramitación de los PGE de 2025.
En la tramitación anterior, el Gobierno también evitó la influencia de ese veto del Senado a través de un informe de la Abogacía del Estado. Este documento esgrimía que a falta de aprobación de una "senda de convergencia hacia la situación de equilibrio" entraría en vigor la contenida en el Programa de Estabilidad, que es el informe que cada primavera presentan los países de la Unión Europea a Bruselas.
