La aprobación definitiva de la ley de amnistía se interpretó como un bálsamo para la legislatura, pero nada más lejos de la realidad. El texto aún no concede a Carles Puigdemont la cobertura que demandaba a principios de año, lo cual ha hecho mella en las votaciones parlamentarias. El enfado en Junts con la situación penal de su líder es considerable y la orden de la dirección neoconvergente, al menos en lo que va de septiembre, pasa por reafirmarse como grupo desequilibrante. Sus siete diputados son cruciales para que el Gobierno de Pedro Sánchez saque adelante su agenda legislativa, pero la antigua Convergència no vende barata su piel y amenaza con boicotear cualquier propuesta con sello PSOE y, por ende, la estabilidad de un Ejecutivo que se arremanga para sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que en primavera estaban prácticamente para empaquetar.

La aritmética parlamentaria es rígida y no hay espacio para el error, lo que juega a favor de Junts en su estrategia de presión incesante a Moncloa. La prueba está en la votación de esta misma semana, cuando los neoconvergentes, que previamente habían anunciado su abstención, tumbaron finalmente, junto a Vox y PP, la regulación del alquiler de temporada. No es una novedad, pues en el último pleno antes del parón estival ya tiraron por tierra los objetivos de déficit, paso intermedio de la liturgia presupuestaria. Sus ‘noes’, sumados a los de conservadores y ultraderechistas, obligaron al Gobierno a regresar a la casilla de salida.

Dos meses después, Junts lo volvió a hacer. A modo de recordatorio, Míriam Nogueras y el resto de diputados neoconvergentes consumaron un inesperado cambio de opinión, que dio pie a nuevas amenazas provenientes de Waterloo. El expresident de la Generalitat recitó el mantra que los soberanistas mantienen vivo desde la investidura de Sánchez y es que el Gobierno no debe olvidar que “no tiene mayoría absoluta” y que, por tanto, los siete parlamentarios de la extinta Convergència son la llave para garantizar su estabilidad. “Con Junts no funcionan ni los chantajes ni los embudos para hacernos tragar sapos”, abundó Carles Puigdemont.

No hay ruptura, pero…

Resortes de la formación soberanistas repelen las tesis que hablan de una eventual ruptura formal con el PSOE, pero exponen que en 10 meses no ha habido ningún avance significativo en sus requerimientos. Tampoco han rentabilizado ni su estrategia de presión a Moncloa ni el show de la fuga de Carles Puigdemont en términos demoscópicos.

No obstante, hay quien se aventura a señalar el 8 de agosto, fecha en la que regresó el expresident a Cataluña, como un punto clave en las relaciones con los socialistas. Centraron el tiro en el operativo de detención del líder neoconvergente y no tanto en la solidificación del pacto PSC-ERC para investir a Salvador Illa, reprochando la inacción de Moncloa ante “los jueces que prevarican”.

En cambio, en Ferraz y Moncloa consideran que la aprobación de la ley de amnistía no es una nimiedad, sino que supone una contrapartida de elevado peso y riesgo. No obstante, para Junts no es suficiente, especialmente al quedarse fuera Puigdemont del paraguas del articulado.

…pero sí amenazas

Por ello, redundan en que el Gobierno no ha peleado lo suficiente contra la interpretación de los magistrados, quienes mantienen las imputaciones sobre el expresident catalán. Incluso el secretario general del partido independentista, Jordi Turull, acusó a los socialistas de “mirar hacia otro lado” con tal de no abrir una guerra con el Tribunal Supremo.

La incertidumbre que pesa sobre Puigdemont es la madre del cordero en esta legislatura. Si no se resuelve su situación procesal de manera favorable, Junts desplegará todo su arsenal en la Carrera de San Jerónimo y dejará al Gobierno a merced de nuevas derrotas parlamentarias y, por tanto, frenazos en el desarrollo legislativo previsto, incluyendo las cuentas públicas.

Lo advirtió Carles Puigdemont en su momento vía redes sociales y este mismo jueves lo ha reafirmado la presidenta de Junts, Laura Borràs. El expresident ya avisó de las dificultades de gobernar en minoría: “Es farragoso y una buena forma de fomentar la democracia porque da juego a estos corpúsculos”. Unas minorías que están dispuestas a propinar más “derrotas parlamentarias” a Moncloa en caso de que persistan los “incumplimientos” de los acuerdos. “En Junts nos encontrarán para defender los intereses de Cataluña y Sánchez lo debería saber”, resumen.

En cualquier caso, Junts se encuentra entre la espada y la pared, habida cuenta de que sus máximos rivales en el espectro independentista, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), está sacando más rédito político del diálogo con el Estado. En este punto, habría que tener en cuenta que, al contrario que Puigdemont, Marta Rovira, secretaria general de la fuerza soberanista, sí ha regresado a Cataluña libremente.

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