El Gobierno afrontará la próxima semana un nuevo reto de cara a sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Los Objetivos de Estabilidad y deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas durante el período 2025-2027, conocidos como senda de estabilidad, llegarán al Congreso de los Diputados el próximo jueves en busca de apoyos. El texto otorga un mayor margen de gasto a comunidades autónomas (CCAA) y ayuntamientos, pero el Partido Popular (PP) podría dejar a estas administraciones, muchas de ellas bajo su mando, sin miles de millones de euros.
La oposición a cualquier precio de los de Alberto Núñez Feijóo y la obstinación de Junts podría privar a autonomías y corporaciones locales de casi 12.000 millones de euros para los próximos dos años. Atendiendo a las últimas actualizaciones al alza del Producto Interior Bruto (PIB), fuentes gubernamentales confirman a El Plural que las comunidades autónomas podrían llegar a perder una capacidad de gasto de 6.814 millones de euros, 3.332 en 2025 y 3.482 en 2026; mientras que los ayuntamientos quedarían privados de 5.148 millones (1.666 y 3.482, respectivamente).
No es la primera vez que el PP toma una decisión de este calado. Hace medio año, cuando las cuentas para 2024 todavía estaban en el aire, los conservadores decidieron hacer uso de su mayoría en el Senado para bloquear un alivio de déficit a las administraciones locales y autonómicas y, de esta manera, castigar a los territorios de España con una financiación menor. Este fue el caso de Andalucía, que se vio obligada a ajustar sus Presupuestos por haber sido aprobados con la senda de déficit más generosa que proponía el Gobierno y tumbó la oposición.
María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, volverá a intentarlo de cara a las cuentas del próximo año. El compromiso es el mismo que en anteriores ocasiones: dar más margen a CCAA y Ayuntamientos y que sea la Administración Central la que afronte las reducciones sustanciales. La nueva senda plantea unos objetivos menos exigentes para los territorios, absorbiendo el Estado las obligaciones, con la intención de dotarles de una mayor capacidad de financiación para inversión en recursos públicos, tales como sanidad o educación.
La pérdida de financiación, al detalle
La senda de estabilidad aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros establece una reducción del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas hasta el 3% este año, 2,5% el siguiente, 2,1% en 2026 y 1,8% en 2027; llevando a su vez la deuda por debajo del 100% sobre el PIB e este periodo. Para ello, la Administración Central se establece como objetivo un 2,2% en 2025, un 1,8% en 2026 y un 1,5% en 2027. “Al mismo tiempo que se amplía el margen fiscal de las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, ha defendido el Ejecutivo.
La magnitud de este margen asciende a las dos décimas durante los dos próximos años para las comunidades autónomas; es decir, más de 3.300 millones en cada uno de los años. En el caso de las entidades locales, la nueva senda supone una décima más en 2025 y 2 décimas más en 2026, es decir, alrededor de 1.600 millones y 3.350 millones más de margen, respectivamente.
Poniendo el foco sobre la deuda pública, la intención es que la que afecta al conjunto se reduzca al 103,6% del PIB en 2025, un porcentaje que deberá ser casi dos puntos inferior en 2026, cuando llegue al 101,8%. Por último, en 2027 estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%. Para ello, las CCAA deberán situarse en el 20,8% del PIB en 2025, un 20% para el año siguiente y un 19,4% en 2027. Por su parte, la deuda de los ayuntamientos mantendrá una senda descendente en los próximos ejercicios, pasando de un 1,3% en 2025 y 2026 y el 1,2% en 2027.
Techo de gasto
Más allá de la senda de déficit, que debe ser validada por las Cortes, el Gobierno ya cuenta con límite de gasto no financiero (techo de gasto). La cifra contemplada para 2025 asciende hasta los 195.353 millones de euros, lo que representa un aumento del 3,2% con respecto a este año. Incluyendo los fondos europeos, el techo de gasto se sitúa en los 199.171 millones, prácticamente la misma cifra que en 2024, debido al descenso de las transferencias directas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a medida que se ejecutan los distintos programas.
