El Gobierno ha madrugado para retirar in extremis el proyecto de Ley del Suelo ante la falta de apoyos. Estaba previsto que el Pleno del Congreso debatiera este jueves el articulado que fue aprobado en marzo en el Consejo de Ministros. Ni Sumar ni los socios de la investidura estaban dispuestos a votar a favor, quedando en manos de un Partido Popular que no cerraba la puerta a tumbarla. 

A falta de una hora para arrancar el Pleno, en torno a las 08:00 horas de este jueves, el Ejecutivo remitía un escrito al Congreso de los Diputados para anunciarles sus nuevos planes. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas firmó el escrito para trasladar la retirada del proyecto de Ley del Suelo de la sesión. Un texto que salió de Moncloa con visos de división. Y así ha sido. Sumar rechazó el articulado desde el minuto uno, provocando el efecto dominó entre los socios de la coalición y dejando al PP como único salvoconducto para continuar con su tramitación.

El martes, dos días antes del Día D, los diferentes grupos desfilaban por la sala de prensa del Congreso reiterando su negativa a dos textos socialistas: proxenetismo y ley del Suelo. Los aliados de la investidura justificaban su rechazo en base a que abre la puerta de par en par a la especulación. Mientras tanto, desde el Grupo Socialista no daban crédito a los reproches de sus socios, a quienes instaban a adherirse al procedimiento parlamentario y enmendar lo que entendían mejorable del texto para que continuase su tramitación.

El comodín del PP se atisbaba en ambos proyectos, aunque finalmente saltaron del barco de la ley contra el proxenetismo pese a haber apoyado dos años antes la enmienda socialista que sirvió de inspiración. Sobre los conservadores descansaba entonces la supervivencia del texto. Voces del PSOE en la Carrera de San Jerónimo no negaban conversaciones con los populares. “Lo dejamos caer”, comentaban los diputados socialistas a sotto voce, aunque sí se preveía difícil el apoyo del Grupo Popular en un contexto preelectoral. Aun así, el principal partido de la oposición se guardó para sí el sentido de su voto, dejando entrever que podrían no respaldar el articulado pese a que “lo quieren sus ayuntamientos”.

Una retirada a tiempo…

También han sido madrugadores en el departamento del ramo. Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana precisan que el movimiento responde a una suerte de blindaje frente “a la situación electoral”. Desde la cartera que dirige Isabel Rodríguez refuerzan la idea de que se trata de una demanda expresa de los Ayuntamientos y que tan sólo da respuesta a la “necesidad de la promoción y ampliación del parque público de vivienda en España”, así como dotar de garantía la “seguridad jurídica de los desarrollos urbanísticos, atendiendo además a cuestiones medioambientales”.

En Vivienda señalan a un Partido Popular que ha perdido cualquier atisbo de “sentido de Estado” al no apoyar la continuación de la tramitación de la ley, anteponiendo sus “intereses electorales” e incluso desoyendo las reivindicaciones de sus propios gobiernos autonómicos y municipales, a través de una carta firmada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la Declaración Xacobeo 21-22, además de recibir el respaldo de todo el sector. Idénticas palabras a las que ha lanzado Patxi López en los pasillos del Congreso.

El PSOE no negocia

La retirada del proyecto de ley tiene una lectura clara por parte de los aliados del Ejecutivo. En los prolegómenos de la sesión que previa debatir el texto, los socios habituales denunciaban el individualismo del Partido Socialista. Especialmente contundentes se han pronunciado desde Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu. Ambas han puesto negro sobre blanco y han deseado que este toque de atención sirva para  -por fin- abrir un nuevo espacio de diálogo con el socio mayoritario de la coalición.

El portavoz de los republicanos en la Carrera de San Jerónimo, Gabriel Rufián, denunciaba que el Gobierno ignora el camino “del diálogo y de la interlocución”. “Creo que a estas alturas es dramático que el PSOE no sea capaz de negociar leyes”, lamentaba el jefe de filas de ERC en Madrid, horas después de exigir autocrítica a la izquierda y “llenar neveras” como único método para evitar el auge de la extrema derecha en la calle. “Cero interlocución”, ha verbalizado.

Misma narrativa que ha utilizado el abertzale Oskar Matute. El portavoz de EH Bildu advierte al Gobierno de que tiene que “cuidar” una mayoría parlamentaria “tan plural y diversa” como la que le aupó a la Moncloa, al tiempo que lamentaba que esta semana ha puesto de relieve las recetas que debe seguir el Ejecutivo para mantenerla y “alcanzar profundos cambios en la sociedad”. “Cuidarla significa interlocutar y a partir de esa interlocución y ese acuerdo se pueden alcanzar acuedos sólidos que redundan en beneficio de la gente”, manifestó.

El PP se pone el mono del 9J

Los conservadores, en cambio, hacen una lectura amplificada a toda esta semana, subrayando que la retirada de la Ley del Suelo es el “segundo varapalo” parlamentario en menos de 48 horas. Fuentes del Partido Popular resaltan que los socialistas vuelven a “quedarse solos en política nacional”, extrapolándolo allende las fronteras de España con la negativa de Estados Unidos y Francia a reconocer el Estado palestino.

Cara dentro del país, los conservadores resaltan las “diferencias” con Sumar, Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya o Junts. Un frente abierto al que se le suman sus “problemas” con Israel y Argentina. “Son demasiados frentes para un presidente cuya respuesta a todo es decir ‘bulo’ y ‘ultraderecha’”, explican. Asimismo, ponen de manifiesto que la única ley que tiene sus apoyos garantizados es la “amnistía”; sin la que el jefe del Ejecutivo “no habría sido presidente” y la que arma de razones al independentismo para mantener “el apoyo” al PSOE.

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