El Gobierno de coalición atraviesa una crisis interna después de que la parte minoritaria, representada por Sumar, se haya posicionado contra dos leyes esta semana. A la negativa a la ley contra el proxenetismo, los de Yolanda Díaz han decidido no apoyar tampoco la modificación de la Ley del Suelo, que los socialistas han pedido retirar a última hora del orden del día del Congreso para no reeditar la imagen de soledad y derrota que experimentaron el pasado martes. No obstante, ni siquiera el apoyo de los magentas a la reforma que se votaba este jueves habría garantizado su supervivencia.
Antes de que se pronunciasen los de Yolanda Díaz, socios habituales como Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts ya se habían posicionado en contra, llegando a presentar una enmienda a la totalidad las dos primeras fuerzas. Con esta fotografía, el PSOE buscó a la desesperada el apoyo del Partido Popular (PP) que, pese a que asegura que la ley emana de una que intentó desarrollar Mariano Rajoy y desoyendo las peticiones de sus ayuntamientos y autonomías, a favor de la modificación, han optado por mantener la confrontación a las puertas de la campaña electoral de las europeas.
Los de Alberto Núñez Feijóo no consideran que sea el momento de esbozar un gran pacto, menos cuando la ultraderecha de Vox ha optado por echar en cara a los populares que opten por este camino en Bruselas para alcanzar grandes consensos europeos (transición ecológica, medio ambiente, apoyo a Ucrania, etc.). Los comicios comunitarios están a la vuelta de la esquina y la extrema derecha experimenta una tendencia creciente, mientras el PP mantiene agendada su manifestación contra Sánchez este domingo. Más allá de cuitas políticas, el Gobierno presenta argumentos para defender su ley, respondidos por otros tantos por sus socios habituales.
Argumentos a favor de la ley
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, pilotado por Isabel Rodríguez, era consciente de que no contaba con los apoyos de algunas formaciones de izquierdas, motivo por el que, para atraer al PP, se ha apoyado en el manifiesto redactado por la Xunta de Galicia en marzo de 2022 y secundado por diez comunidades autónomas (y las dos ciudades autónomas) de distinto signo político y en la declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) “a favor de la seguridad jurídica en el planeamiento urbanístico”.
Es precisamente este aspecto, el de la seguridad jurídica, el principal caballo de batalla de la parte socialista de la coalición, que asegura que la modificación de la ley es una “necesidad urbanística”. El argumento defendido es que con la actual normativa muchos planes de ordenación urbana decaen por meros fallos de forma y otros muchos ni siquiera inician sus trabajos por miedo a desperdiciar años en un proyecto que pueda naufragar en la orilla. El Gobierno va más allá y asegura que incluso hay quien se ha especializado en el recurso de los planes de ordenación urbana, buscando “extorsionar” a los municipios.
En consecuencia, la solución planteada por el departamento de Rodríguez defiende que la nulidad de los planes solo se produzca de facto cuando estos incurran en defectos sustanciales. Por el contrario, plantean que ante nulidades parciales que “no afectan a elementos sustanciales del Plan General” pueda abrirse abrir un “plazo de subsanación de hasta un año (prorrogable seis meses más) para corregir ese defecto”. Además, aseguran que esta reforma no afecta a la capacidad de recurso ni favorece los pelotazos urbanísticos, como han denunciado algunas formaciones contrarias a la modificación.
Argumentos en contra de la ley
Esta defensa no convence a gran parte de los socios habituales del Gobierno. Este es el caso de Podemos, que presentaron una enmienda a la totalidad para “frenar” la ley y con la pretensión de que “se destine la acción a garantizar el acceso a la vivienda”. "Tiene un nombre: Operación Chamartín", ha apostillado Ione Belarra en los pasillos del Congreso. La tesis defendida por los morados para justificar su negativa es que la modificación “desbloquea pelotazos urbanísticos y da pie a más especulación”. Esto, consideraban fuentes de la formación de Ione Belarra, une a PP y PSOE, por lo que estaban seguros de que la sacarían adelante juntos, algo que finalmente no sucederá.
ERC ha trasladado una opinión muy similar desde hace justo un mes, momento en el que presentaron una enmienda a la totalidad. Mientras, EH Bildu emplaza al Gobierno a abrir procesos de negociación previos. La última fuerza en sumarse al grupo de díscolos ha sido la de Yolanda Díaz, que ha garantizado el sentido contrario de su voto. "Esta ley hace lo contrario de lo que se necesita, que los constructores se salten a la torera los controles y dificulta a los vecinos denunciar”, justificaba el portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Íñigo Errejón. Desde el PP no se han presentando argumentos técnicos ni relativos a la ley que expliquen la motivación de su voto.
¿Por qué el PSOE ha retirado la Ley?
La ley es de “vital necesidad” según el Gobierno, motivo por el que se ha tramitado con la máxima celeridad para “dar respuesta a la necesidad de la promoción y ampliación del parque público de vivienda en España”, trasladan fuentes de Vivienda. Además, desmienten a sus socios y aseguran que, además de “garantizar la seguridad jurídica de los desarrollos urbanísticos”, también “ofrece más garantías de protección medioambiental y que cumple con los objetivos de la Agenda 2030”.
Con la decisión final del retirada del orden del día del Pleno de la Cámara Baja, el PSOE busca garantizar la supervivencia de la reforma y para que esta “no se vea afectada por la situación electoral”, principal aspecto que creen que a movido a los partidos a votar en su contra. “Vemos a un Partido Popular con falta de sentido de Estado. Han primado sus intereses electoralistas a una demanda de Ayuntamientos y CCAA, para favorecer el desarrollo de vivienda pública”, zanjas desde Vivienda.
