La modificación de la ley de Suelo llega este jueves al Congreso de los Diputados para ser debatida y afrontar la votación decisiva. El principal impulsor de la reforma, el PSOE, se enfrenta a una votación difícil para la que no cuenta con el apoyo del socio minoritario del Gobierno, que finalmente se ha posicionado con socios habituales como Podemos, Esquerra Republicana (ERC) o Junts. Con esta tesitura, el papel del Partido Popular (PP) gana relevancia y los socialistas negocian a contrarreloj para intentar arañar el apoyo de los de Alberto Núñez Feijóo.

Desde la cartera de Vivienda y Agenda Urbana, liderada por Isabel Rodríguez, trasladan a ElPlural.com que las negociaciones no han avanzado durante esta semana y la ley podría encallar de nuevo. Para recabar los apoyos necesarios, desde el Ejecutivo se apoyan en el manifiesto redactado por la Xunta de Galicia en marzo de 2022 y apoyado por diez comunidades autónomas (y las dos ciudades autónomas) de distinto signo político y en la declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) “a favor de la seguridad jurídica en el planeamiento urbanístico”.

El aspecto de la seguridad jurídica es la principal punta de lanza que porta el Ministerio de Vivienda, que asegura que la modificación de la ley es una “necesidad urbanística”. El argumento defendido es que con la actual normativa muchos planes de ordenación urbana decaen por meros fallos de forma y otros muchos ni siquiera inician sus trabajos por miedo a desperdiciar años en un proyecto que pueda naufragar en la orilla. El Gobierno va más allá y asegura que incluso hay quien se ha especializado en el recurso de los planes de ordenación urbana, buscando “extorsionar” a los municipios.

Por este motivo, el departamento de Rodríguez defiende que la nulidad de los planes solo se produzca de facto cuando estos incurran en defectos sustanciales. Por el contrario, plantean que ante nulidades parciales que “no afectan a elementos sustanciales del Plan General” pueda abrirse abrir un “plazo de subsanación de hasta un año (prorrogable seis meses más) para corregir ese defecto”. Además, aseguran que esta reforma no afecta a la capacidad de recurso ni favorece los pelotazos urbanísticos, como han denunciado algunas formaciones contrarias a la modificación.

Sin embargo, desde Podemos no opinan lo mismo y plantean una enmienda a la totalidad. “Queremos que se frene esa ley del suelo y se destine la acción a garantizar el acceso a la vivienda”, defienden. “Desbloquea pelotazos urbanísticos y da pie a más especulación”, aseguran, adelantando con que votarán en contra. No obstante, fuentes del partido morado deslizan que lo más probable es que la reforma finalmente vea la luz con el apoyo del PP porque, en esta cuestión, “ambos partidos comparten intereses”.

ERC tampoco dará luz verde a la norma y defienden la enmienda a la totalidad que ya presentaron el pasado 24 de abril. La última fuerza en sumarse al grupo de díscolos ha sido la de Yolanda Díaz, que ha garantizado el sentido contrario de su voto. "Esta ley hace lo contrario de lo que se necesita, que los constructores se salten a la torera los controles y dificulta a los vecinos denunciar”, justificaba el portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Íñigo Errejón.

La votación se antoja complicada para los socialistas, que ven como parten con un déficit de 44 votos de inicio que, además, suelen pulsar el botón verde. No obstante, Rodríguez evita resignarse y fuentes de su cartera aseguran estar “abiertos” a mejorar el texto en los plazos establecidos. No descartan recibir el ‘sí’ del PP y aseguran que es una norma que debería recibir el apoyo generalizado del Parlamento porque da respuesta a un problema urbanístico que mantiene vigentes planes de ordenación urbana “muy antiguos” y que no están acordes con “la agenda urbana, la sostenibilidad, y el impulso de vivienda asequible”.

La argumentación no convence a múltiples fuerzas, que aseguran que la modificación emula la ley que Mariano Rajoy intentó desarrollar en 2018. Y, precisamente, que la norma vea la luz depende de la formación que ahora lidera otro político gallego y que remolonea evitando emitir su veredicto. La reforma lleva años dando vueltas a las instituciones, decayendo y recuperándose según se sucedían las convocatorias electorales. Los ayuntamientos y autonomías liderados por el PP, favorables al cambio, presionan a la dirección nacional, que deberá elegir si escuchar a sus líderes locales y autonómicos o mantener el enfrentamiento frontal con Sánchez.