El pasado 25 de agosto, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual se sometía a votación en el Congreso de los Diputados. El regreso a la actividad parlamentaria tras el cierre vacacional concluyó con la aprobación del Real Decreto de Igualdad, popularmente bautizado como Ley del 'solo sí es sí'. Hasta un total de 205 diputados pulsaron el botón verde, dando respuesta a una demanda del feminismo desde hacía varios años. Unos números que se traducen en el apoyo conjunto de once grupos parlamentarios. Una bendición que se ha diluido tras la riada de revisiones de condena a la baja con la entrada en vigor del texto. Un trimestre después, ERC, PNV, Bildu, Ciudadanos, Más País, Compromís, Junts, PDeCAT, BNG, Coalición Canaria y Teruel Existe abandonan ahora el barco pilotado por Irene Montero y reclaman un análisis en profundidad para dar cobertura al resquicio legal que levantado toda la polvareda.

El dedo acusador se posa sobre el Ministerio de Igualdad y en particular sobre una Irene Montero que ha iniciado una huida hacia delante. La ministra del ramo defiende a capa y espada su articulado de la afrenta que ha iniciado una “justicia patriarcal” que, a su juicio, no ha hecho sino establecer una “interpretación voluntarista contra el avance del feminismo”. En resumidas cuentas, pasa la pelota a la judicatura y atribuye la rebaja condenatoria a la “falta de formación” de los magistrados en términos de igualdad.

Precisamente este goteo es el que ha desprovisto a Irene Montero del apoyo parlamentario que aglutinó en torno a sí y al articulado en el mes de agosto. No queda ni una sola formación que pulsara el botón verde en ese reinicio de la actividad legislativa que valide el posicionamiento de la ministra de Igualdad y de gran parte del establishment de Podemos. Ni uno solo. Todos ellos han rehuido de la responsabilidad que otorga la emisión de un voto favorable ante una legislación que, al menos presumiblemente, tuvieron que leerse hasta la saciedad. Máxime si se tienen en cuenta las advertencias -algunas premonitorias- del, al menos, debate judicial al que daría pie la normativa.

Viraje vertiginoso

La polémica legal ha abierto de par en par las puertas a una modificación de la Ley del 'solo sí es sí'. De hecho, el propio Gobierno fue el primero en transitar este camino, verbalizándolo a través de las cuerdas vocales de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En los pasillos del Senado, durante la sesión de control ordinaria al Ejecutivo, sugirió la posibilidad de, como mínimo, estudiar el texto en pos de robustecerlo ante las interpretaciones de algunos sectores de la judicatura.

El diagnóstico somero de Montero caló de manera paulatina en las Cortes Generales, provocando un corrimiento de placas que ha aislado completamente a Podemos, al Ministerio de Igualdad y a la titular del departamento.

Paradigmático es el recorrido orbital de Ciudadanos desde la génesis de la polémica. Según El Confidencial, miembros liberales defendían a capa y espada la pulcritud del articulado en cuanto a la redacción se refiere. Pero el asunto cambió a medida que el globo se hinchaba y pasaron del “quien diga que la reforma es defectuosa está faltando a la verdad” al “somos partidarios de corregir la ley”. Eso sí, desde un primer momento, tanto en público como en privado, han afeado al sector morado monclovita sus ataques a la judicatura, reprobando el manido “fachas con toga”.

Esto en lo referente a un grupo parlamentario poco dado, aunque con excepciones, a sostener los Reales Decretos que emanan del Consejo de Ministros. No solo un aliado puntual como Ciudadanos se ha abierto a la modificación, sino que estas tesis las defienden también desde la amalgama de socios de la investidura. Desde Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pasando por Bildu, Más País, e incluso el PNV.

Ciudadanos pasó del “quien diga que la reforma es defectuosa está faltando a la verdad” al “somos partidarios de corregir la ley” a medida que se hinchaba el globo

Los casos de ERC y PNV resultan llamativos, porque ambos han recordado que, efectivamente, ha ocurrido lo que profetizaron en tiempos: que la judicatura se acogiera a una grieta del articulado para rebajar las penas. Republicanos y jeltzales echaron en falta una suerte de resorte que bloqueara los efectos adversos del articulado. Este mismo martes, la diputada de ERC Pilar Vallugera, en declaraciones a La Sexta, despachó el asunto con un “lo advertimos”.

Efectivamente, así fue. El Grupo comandado por Gabriel Rufián presentó, en su momento, una enmienda recogida por “asociaciones de mujeres juristas” que se orientaba hacia esta dirección. “Igualmente, lo planteamos hace dos semanas en la comparecencia de la ministra, porque ya empezaba a decirse que podía pasar. La respuesta fue que era imposible en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, deslizó la parlamentaria republicana.  

Por su parte, el portavoz parlamentario del Grupo Vasco, Aitor Esteban, admitió el error este mismo jueves. Se incurrió en una “equivocación” por parte de la Cámara Baja al no haber previsto “una disposición transitoria” que aclarase los supuestos en los que hubiera cabida para una revisión condenatoria a la baja. Un fallo que el dirigente jeltzale atribuye directamente a Igualdad y a las prisas de Montero, a quien aconsejó bajar los decibelios, para lanzar el articulado.

En paralelo, parlamentarios como Joan Baldoví, líder de Compromís, o Mertxe Aizpurúa, portavoz de EH Bildu, se movieron en la misma dirección. El valenciano, candidato a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas, exigió una modificación de la normativa siempre y cuando no hubiese resquicio para “otra solución” y bloquee las “rebajas escandalosas”. “Hay fallos por todas partes”, admitió el diputado el miércoles. Una rotundidad que no la compartieron los abertzales, quienes deslizaban la necesidad de “tomar medidas” ante las opiniones de juristas de reconocido prestigio que apuntan a “puntos de fuga” en el articulado de Igualdad.

ERC: "Lo planteamos hace dos semanas porque ya empezaba a decirse que podía pasar. La respuesta fue que era imposible en base a la jurisprudencia del Supremo"

En las otras dos formaciones catalanas también existe un consenso revisionista. “Si se abren a modificarlo, nosotros estaremos de acuerdo”, comentaban desde el PDeCAT, mientras que en Junts se mostraban más categóricos a través de su portavoz, Miriam Nogueras, quien argumentó que no se puede dar “ni medio motivo” para que un magistrado “reduzca las penas a quien ha agredido sexualmente a otra persona”.

En cambio, el BNG sí que compra el discurso de Montero en lo referente al “sesgo machista” de la judicatura. Néstor Rego, portavoz parlamentario de la formación, entiende que la Justicia ha interpretado la ley desde un prisma “injusto”, aunque subrayó si se pone en evidencia que el texto no funciona correctamente en su entrada en vigor, “no pasa nada porque pueda ser revisada”. Así, avisa de que pulsarán el botón verde en caso de que Moncloa traslade una iniciativa para revisar el articulado.

El PSOE pide prudencia

Desde Moncloa se ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la calma, aunque han desautorizado a Irene Montero y la ofensiva de Igualdad contra el espíritu machista de la judicatura. El presidente del Gobierno marcó la vereda por la que pasearía el argumentario del sector socialista en el Ejecutivo: “Dejemos trabajar a los jueces”.

Las palabras de Pedro Sánchez desde la Cumbre del G20 en Bali, enmarcadas horas después de que María Jesús Montero viera favorable un análisis del articulado, reivindicaban que la normativa fue concebida para “proteger” a la mujer frente al agresor y no para facilitar una rebaja de penas a estos últimos. Por tanto, el jefe del Ejecutivo pidió paciencia y esperar a que tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo unificaran criterios y crearan jurisprudencia.

Al suave tirón de orejas de Sánchez le sucedió una llamada de atención algo más seria por parte de Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, quien, desde un desayuno informativo, exigió “respeto absoluto” hacia los magistrados, recordando el principio de separación de poderes sobre el que se asienta cualquier democracia. No obstante, sugirió que tanto el Ministerio Público como el Alto Tribunal debían interpretar la normativa en base a su “espíritu”. Es decir, la protección de la víctima de abuso sexual.