La Comisión de Igualdad, con 23 votos a favor y 14 en contra, sin abstenciones, daba el pasado 18 de mayo su respaldo a la ley orgánica de garantía integral de libertad sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’. De esta forma, la que se presentó como el buque insignia del Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero, consiguió vía libre para su tramitación en el Pleno del Congreso tras arduas semanas de negociaciones y con serio peligro de ser tumbada tras la enmienda que el PSOE ha presentado sobre la prostitución y que finalmente ha retirado.

Una vez publicada y entrada en vigor, la ley del ‘solo sí es sí’ ha sido protagonista de una nueva polémica. Y es que la unificación de los delitos de abuso y agresión en un solo tipo delictivo es el motivo por el que se han rebajado las penas a violadores a los que se están revisando sus condenas. Al unirse los dos tipos delictivos en un solo tipo, la agresión, el tipo básico de agresión que se recogía en la ley anterior, reduce el límite máximo de la pena, pasando de 1 a 5 años en la antigua normativa, a 1 a 4 años con la nueva legislación.

También se modifican las penas, que, por ejemplo, en el caso de la agresión sexual con penetración, aunque en este caso el mínimo, ya que antes este delito, en su tipo básico, era de 6 a 12 años, mientras que en la nueva norma es de 4 a 12 años. Y ello ha tenido efecto en al menos en una quincena de casos, lo que ha llevado al Ejecutivo a replantear qué hacer para abordar la situación y evitar que se reduzcan penas.

El consentimiento en la ley del ‘solo sí es sí’

La ley del ‘solo sí es sí’ es una de las medidas estrellas de la cartera dirigida por Irene Montero, ya que introduce el consentimiento como figura clave en el enjuiciamiento de los delitos sexuales. También elimina la distinción entre abuso y violación, se pretenden castigar todas y cada una de las violencias sexuales y garantizar la libertad sexual plena de las mujeres, así como perseguir a la industria proxeneta y tipificar por primera vez el acoso callejero como delito.

De esta forma, la norma recoge esta definición de consentimiento: “Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”. Con ello se deja claro que el silencio o la pasividad no necesariamente significa consentimiento, además de que no mostrar oposición no puede ser una excusa para actuar en contra de la voluntad de la víctima.

Choque por la prostitución

Se han vivido momentos de tensión en el seno del Gobierno antes de que se haya dado la luz verde a esta ley en la Comisión de Igualdad. Esto ha sucedido por la enmienda presentada por los socialistas por la abolición de la prostitución y la tercera locativa, aunque finalmente la han retirado porque “no hay votos para sacarla”. No obstante, desde el PSOE han anunciado que presentarán una ley de abolición de la prostitución ante la “irresponsabilidad” del resto de grupos de la Cámara que han amenazado con votar en contra del texto si esta salía adelante.

Unidas Podemos se ha mostrado partidaria de la regulación y no de la abolición. Los Comunes, ERC, EH-Bildu también se han inclinado por mejorar las condiciones de las mujeres que ejercen la prostitución, mientras que desde el PSOE han insistido hasta el final en su intención de endurecer la tercera locativa propuesta por Igualdad, incluyendo un “castigo al proxenetismo en general” y ampliando las penas de prisión de 1 a 3 años y multas de 12 a 24 meses.