El pacto entre Partido Popular y Vox en Castilla y León pende de un hilo. Las medidas antiabortistas propuestas por la ultraderecha en la región sitúan a la coalición sobre la cuerda floja y sin la pertinente red de protección. En la formación que comanda Santiago Abascal no se plantean romper el acuerdo, pero en Génova ya presionan al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para adelantar elecciones y hacerlas coincidir con los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo. Un escenario que ya manejan en Ferraz. Altos cargos del PSOE aseguran a ElPlural.com que la organización “está activada y preparada”.

Fuentes del Partido Popular avanzan a este periódico que la dirección nacional está decidida a consumar el adelanto electoral en Castilla y León para el próximo 28 de mayo. De esta manera, se rompería el Gobierno autonómico tras un ciclotímico año de vida. Los deseos de Génova se evidencian a través del portavoz de la campaña, Borja Sémper, quien hasta en dos ocasiones ha apelado al Ejecutivo regional al sentenciar que se necesitan “gobiernos serios”. El protocolo antiabortista de Vox ha sembrado el caos en una coalición que en estos casi 365 días de legislatura ha recolectado más polémicas que éxitos.

De consumarse los deseos de la cúpula conservadora, tal y como está estipulado en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, el presidente de la Junta no podría disolver las Cortes “antes de que transcurra un año desde la anterior disolución” de la Cámara autonómica. Asimismo, ésta debe decretarse 54 días antes de la jornada electoral, por lo que la fecha límite para hacerlo sería el 3 de abril.

Toque de corneta en Ferraz

La posibilidad de un adelanto electoral es algo que contemplan en el PSOE desde el inicio de la legislatura. Algunas voces en Ferraz transmiten que, “desde el primer día” en que echó a andar el Gobierno de Mañueco con Vox, contemplaban un divorcio entre los socios a juzgar por la “inestabilidad” de los pactos del Partido Popular en las diferentes autonomías con carácter general. “Todos han saltado por los aires antes de tiempo”, recuerda a ElPlural.com un dirigente socialista.

La maquinaria está engrasada y en funcionamiento. La polémica antiabortista ha separado a conservadores y ultraderechistas, dejando el acuerdo de legislatura al borde del precipicio. En círculos socialistas reconocen que “siempre” han tenido presente un escenario de adelanto electoral. Además, en este caso, converge con la “movilización” de los resortes del partido de cara a las municipales en Castilla y León. “Estamos activados y preparados”, resumen las mismas fuentes, quienes ratifican a Luis Tudanca como su candidato potencial para “volver a ser la lista más votada” en la región.

Las propuestas de la discordia

El jueves pasado, Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, sembró la semilla. El ultraderechista esperaba recoger con éxito los frutos de una batería de medidas “provida”. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, y el dirigente de Vox en la región se topó con la desautorización de Mañueco y los reproches de Génova a unas iniciativas que obligarían a los sanitarios a ofertar una ecografía 4D y que la mujer escuche el latido del feto antes de tomar la decisión de abortar.

Desde entonces, Castilla y León se situó en el eje del debate público. Moncloa aprovechó la oportunidad para rentabilizar la crisis entre los socios de Gobierno. Lo hizo mediante dos requerimientos que han laminado aún más la confianza entre los componentes del Ejecutivo regional.

Desmarque 'popular'

Desde el primer momento, el Partido Popular quiso salirse de la foto, atribuirle todo el mérito -o la responsabilidad, según se mire- a Vox. El líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tardó en romper su silencio, pero finalmente lo haría para respaldar a su barón. El gallego lamentó los “comentarios de tertulia” de sus socios y apostó por “proteger a aquellas mujeres que quieran tener un hijo y a no coaccionar a ninguna mujer que quiera interrumpir su embarazo”.

Entre tanto, en Vox han adoptado la indignación por bandera ante la falta de apoyo de sus aliados en el Ejecutivo regional. El secretario general del partido ultra, Ignacio Garriga, planteó incluso la revisión del acuerdo con los populares, abriendo la puerta a una posible ruptura. Escenario que, tal y como matizó horas después el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, no se contempla. Al menos no en el corto plazo.

Para más inri, el PSOE metió más presión a los conservadores, al ofrecerle su apoyo si estos rompían sus acuerdos de Gobierno con Vox en todo el territorio. Oferta que fue contrarrestada por los populares al proponer un pacto a aceptar la condición de los socialistas siempre y cuando estos se comprometieran a validar que sea la lista más votada la que gobierne.

Por su parte, Mañueco, entre la espada y la pared, también se desmarcó de sus socios al negar que las medidas que plantearon se implementen en la región. Negó de pleno que en Castilla y León se realicen “coacciones” a las mujeres o que se obligue a los facultativos a aconsejar escenarios alternativos que se salgan de la ley vigente. Todo ello a pesar de que en Vox sostienen que fue el PP el que aceptó que esta iniciativa saliera adelante.