El Partido Popular está decido, salvo que por sorpresa cambien mucho las cosas en los próximos días, a adelantar las elecciones autonómicas en Castilla y León al próximo 28 de mayo, para que así coincidan con las municipales y las de otras comunidades autónomas, tal y como sostienen fuentes consultadas por ElPlural.com. 

Este adelanto evidenciaría la inestabilidad política que afronta la región en los últimos años. Cabe recordar que Alfonso Fernández Mañueco (PP) ya adelantó las elecciones hace menos de un año -se celebraron el 13 de febrero de 2022-, consiguiendo una pírrica victoria de apenas 16.000 votos de diferencia respecto al PSOE y que le obligó a pactar con Vox convirtiendo a Juan García-Gallardo (Vox) en su vicepresidente. Este resultado decepcionante contribuyó inequívocamente a la caída de Pablo Casado como líder de la formación conservadora. 

Que en Génova 13 quieren otro adelanto electoral en Castilla y León es evidente a tenor de las declaraciones realizadas por el nuevo portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, quien, en 48 horas, descalificó hasta dos veces al ejecutivo de Mañueco al afirmar que se necesitaban “gobierno serios”.

Con este escenario como telón de fondo, y según dicta el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, Mañueco no podría disolver las Cortes “antes de que transcurra un año desde la anterior disolución de la Cámara” y, a su vez, ésta debe producirse 54 días antes de la jornada electoral por lo que, como fecha límite, el dirigente popular tendría hasta los primeros días de abril para tomar una decisión, concretamente, hasta el 3 de abril.

Del Feijóo que respalda a Mañueco al requerimiento del Gobierno central

Desde que el vicepresidente de la región puso sobre la mesa su protocolo ‘provida’ el pasado jueves después del Consejo de Gobierno, las réplicas desde el ámbito político no han dejado de sucederse.

Por un lado, desde el Partido Popular, su líder, Alberto Núñez Feijóo, rompió su silencio al respecto cuando dejó reposar los días más arduos de la polémica para, así, posicionarse del lado de Mañueco y lamentando los “comentarios de tertulia” que está vertiendo Vox sobre una cuestión tan delicada: “Como todos los gobiernos debe proteger a aquellas mujeres que quieran tener un hijo y, como todos los gobiernos en España no puede coaccionar a ninguna mujer que quiera interrumpirlo cuando está en los supuestos que la ley señala”, defendió en una entrevista en Telemadrid.

De la misma manera, y ante la posibilidad de una cita en las urnas adelantada, Feijóo ha dejado caer toda la responsabilidad en el presidente autonómico: “No descartamos ni contemplamos”, aseguran fuentes de Génova a ElPlural.com.

Desde la contra, los socialistas de Castilla y León han reclamado a Mañueco que haga realidad la ruptura del pacto con Vox para comprometerse, de cara al futuro, a “aislar a la extrema derecha con un cordón sanitario”.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido un paso más allá al presentar este martes en el Consejo de Ministros un requerimiento de “incompetencia” al Consejo de Gobierno de la Junta regional para que se abstenga de adoptar medidas que “vulneren o menoscaben” la salud sexual y reproductiva de las mujeres que tengan en mente interrumpir su embarazo voluntariamente.

Mañueco, por su parte, ha marcado distancias de su socio de Gobierno para negar que en la comunidad se vayan a realizar “coacciones” a las mujeres o que se “obligue” a los médicos a aconsejar procesos alternativos que no se contemplen en la ley vigente, a pesar de que Vox defiende que el PP firmó el acuerdo para que esta medida salga adelante.

Las propuestas de Vox: de escuchar el latido del feto a ecografías

Después de realizar el anuncia que tanta tensión ha despertado, Gallardo defendió que su mirada estaba fija en el Gobierno de Orbán en Hungría cuando planteó sus medidas ‘provida’, las cuales se centran en que la mujer embarazada escuche el latido del feto y vea una ecografía 4D del mismo antes de tomar la decisión final.

“No sé mucho de embarazos”, llegó a afirmar después el vicepresidente en respuesta a la prensa, aunque, en su defensa, argumentó que son normas orientadas al “apoyo a la natalidad y la defensa del derecho de la vida” en la región.

Después, y ante la brecha que ha ido creciendo más y más a lo largo de los últimos días, Vox advirtió este martes -en palabras de su secretario general, Ignacio Garriga- que están dispuestos a revisar “si seguir o no” en la Junta de Castilla y León si no se cumple el acuerdo que concierne al plan antiabortista.