Nuevo requerimiento a la vista. Del Consejo de Ministros de este martes nace un nuevo escrito dirigido al Gobierno de Castilla y León. Moncloa ha aprovechado el estado de confusión entre el Partido Popular y Vox a costa del “plan de natalidad” propuesto por la ultraderecha en la región. El Ejecutivo ha aprobado un nuevo acuerdo mediante el cual “se requiere de incompetencia” a la Junta para que se abstengan de adoptar medidas que “vulneren o menoscaben” la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”. Todo ello mientras desde la formación que comanda Santiago Abascal amagan con romper la coalición ante el silencio de Génova. Entre tanto, los socialistas aguardan el momento preciso para devorar a la presa debilitada.
Suenan tambores de guerra en Castilla y León. El polémico anuncio de García-Gallardo, vicepresidente de la Junta, no solo ha levantado ampollas en el Gobierno central, sino también entre los socios del Ejecutivo territorial. La tibia posición de Génova, que ha desautorizado al líder de Vox en la región a la par que evitaba elevar aún más el tono, se contrapone a las amenazas que emanan de la formación ultraderechista. Este mismo martes, altos cargos de Vox lanzaban un ultimátum al presidente castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, y a Alberto Núñez Feijóo. El secretario general de la fuerza que comanda Santiago Abascal, Ignacio Garriga, ha lanzado el primer órdago: o se cumple el plan antiaborto o se rompe el Gobierno.
Un caldo de cultivo que también se adereza desde Moncloa. La respuesta desde el Gobierno de Pedro Sánchez a la controvertida propuesta de Vox fue rápida. Oposición frontal y blindaje a la igualdad y a la libertad, salpimentadas con advertencias con arreglo al escrupuloso respeto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo del 2010. Toques de atención que resuenan aún en el presente. Prueba de ello es la última maniobra perpetrada por la Administración central y que, a la postre, comporta un paso previo al recurso ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo va en serio.
Moncloa sube el nivel
El Gobierno no dará “ni un paso atrás” en la cobertura de los derechos de las mujeres. Así se han encargado de hacerlo saber diferentes miembros del Ejecutivo en estos últimos días. Promesas que han sido refrendadas este mismo martes con el acuerdo al que han llegado PSOE y Unidas Podemos para remitir un nuevo requerimiento “de incompetencia” al Consejo de Gobierno de Castilla y León para no adopten medidas que “vulneren o menoscaben” la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción del embarazo. Por ello, tras el cónclave ministerial en Moncloa, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha instado a PP y Vox a no aplicar ningún protocolo que “revierta los efectos” del articulado del 2010.
“Está en nuestra conciencia de gobierno progresista la lucha por los derechos de las mujeres e impedir que ningún Ejecutivo autonómico lo revierta”, deslizaba la ministra de Política Territorial. Rodríguez ha insistido en que recurrirán a cuantos recursos tengan a su alcance para “proteger a las mujeres”. Moncloa da un paso previo hacia el recurso ante el Tribunal Constitucional: “Debemos evitar la ruptura de la uniformidad básica en todo el territorio”. La portavoz del Ejecutivo entiende que no se puede obligar a los médicos a ofertar otras pruebas médicas, así como tampoco hay espacio para instruir a los sanitarios para que oferten, recomienden o sugieran esta clase de iniciativas.
Moncloa ha subrayado que la propuesta antiabortista vulnera la Constitución y argumenta que cada Autonomía ha de ejercer como garante de la igualdad. “No pueden condicionar en modo alguno la libertad de elección de las mujeres”, ha apostillado la ministra portavoz, quien ha justificado la rapidez de respuesta en base a que no hay espera posible ante quienes quieren resucitar a una España en blanco y negro. “Estamos en una dimensión distinta. Estamos en el futuro de este país”, ha destacado Rodríguez, al tiempo que afeaba al Partido Popular su “inacción”.
En este sentido, ha asegurado que la Junta de Castilla y León pudo sortear este segundo requerimiento. “Ante la ausencia documental, desconocimiento e incertidumbre, se le dice que se abstenga que sugerir a la mujer embarazada ningún tipo de protocolo que se exceda de la ley del 2010”, ha puntualizado. Es decir, el Ejecutivo no puede “esperar” a que se resuelva la “confusión” en el seno de su Gobierno.
Tibieza en Génova
El vaivén conservador no ha logrado que las aguas se calmen, sino todo lo contrario. La relación con Vox pende de un hilo, pues según transmiten no se acometerá ningún cambio en el protocolo de embarazadas. De esta manera, los conservadores desautorizan una vez más a su socio de en el Gobierno de la Junta. Tampoco neutralizan los ataques que provienen a su izquierda.
El PSOE ha aprovechado el caos en la Junta para hurgar en la herida y obligar al Partido Popular a pronunciarse sobre un asunto que puede fracturar una de sus plazas. De hecho, en Vox ya han avanzado sus intenciones de romper con los populares de no seguir las líneas del plan antiaborto de García-Gallardo, aunque posteriormente han matizado levemente las amenazas de Garriga.
En cualquier caso, en el Gobierno reprochan a Feijóo su “silencio” ante el caos generado. Afean las “contradicciones” que colman el argumentario conservador a la par que insta al gallego a pronunciarse con rotundidad al respecto. “No es casual”, ha resuelto este martes la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo central, quien ha argumentado que la posición del PP es “cómplice” porque es “la misma” que la de Mañueco y Vox.
Mientras Rodríguez respondía a las preguntas de los periodistas en el Palacio de la Moncloa, Feijóo desfilaba ante las cámaras de Telemadrid para señalar a Pedro Sánchez por “montar ruido” con un “requerimiento gaseoso” a la Junta de Castilla y León. Asimismo, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo autonómico ya advirtió que no se cambiará el protocolo de atención a la mujer embarazada.
El presidente del Partido Popular resuelve la polémica con acusaciones hacia el Gobierno, concretamente, hacia Pedro Sánchez. Feijóo considera que es un “burdo intento de manipulación” de PSOE y Unidas Podemos, a quienes afea “desproteger a las mujeres” por la “chapuza” de la ley del solo sí es sí.
