Moncloa se mueve rápido ante la vía de la insurrección a la que parece se abonará Vox, personificado por Juan García-Gallardo. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León persiste en su plan antiabortista pese a las advertencias provenientes desde el Gobierno, amén de las de sus socios de Gobierno, quienes han instado a que demuestre lealtad al Ejecutivo del que forma parte. Más allá de las tiranteces de la coalición PP-Vox en el territorio, la Administración central ha dado un paso más en el camino que conducirá la iniciativa ultraderechista a los tribunales.

El Consejo de Ministros aprobará esta mañana un acuerdo mediante el cual se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en lo tocante a la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción del embarazo voluntaria o bien el Real Decreto de desarrollo parcial de la anteriormente citada. Moncloa quiere que el Ejecutivo regional paralice los planes que modifican por completo el protocolo para aquellas mujeres que opten por el aborto.

A pesar de los aparentes toques de atención provenientes de Génova y de la Presidencia de la Junta, que ostenta Alfonso Fernández Mañueco, Moncloa considera que están siendo contradictorias las versiones que ofrece el líder del Ejecutivo regional y su número dos, además de estimar que “no son suficientes”.

 Este mismo martes, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, sostiene que este nuevo requerimiento busca que el Ejecutivo regional “cese inmediatamente cualquier retroceso de derechos de las mujeres”, al entender que se estarían validando su derechos y “extralimitando en sus competencias”. Por ello, el Ejecutivo airea la posibilidad de que el caso acabe en los tribunales. “Vamos a requerirles para que, en el caso de que no den una respuesta, iniciar acciones legales ante el Tribunal Constitucional en defensa de las mujeres”, ha apostillado.

Un mes para contestar

Constituye el segundo requerimiento, diferente al que ya remitió a la Junta el pasado 15 de este mes de enero, después del anuncio del vicepresidente regional del nuevo protocolo contra la interrumpción voluntaria del embarazo. Siendo este el paso previo al conflicto de competencias en el Constitucional. Ahora, la Junta de Castilla y León tiene un mes para contestar a este requerimiento de competencia.

Ya advirtió el Ejecutivo central que el Gobierno recurriría a todos los medios posibles para “defender el derecho al aborto  en los términos establecidos. “El presidente del Gobierno añadió que no permitirá ni un “solo retroceso” de los derechos de las mujeres ante el protocolo nuevo  en Castilla y León.

Ahora, Castilla y León tendrá un mes para responder al requerimiento de la Moncloa, quien a su vez dispondrá de otro más para elevar el caso al Tribunal Constitucional y, entonces, se certifique el incumplimiento lo infructuoso del requirimiento de competencia. Al menos así lo explica la propia corte de garantías en su página web. 

Mañueco y Gallardo

Entre medias, el presidente de la Junta y su vicepresidente se han enfrascado en una refriega que ha derivado en la desautorización mutua. Ambas formaciones han transmitido idénticas medidas en relación a las medidas "provida" anunciadas por el propio Gallardo el pasado jueves. El número dos del Gobierno autonómico ha recalcado que las iniciativas se contendrían no son de obligatorio cumplimiento para las mujeres y sí para los médicos.