El Partido Popular dará luz verde en el Pleno del Senado para que la Cámara redoble su batalla institucional con el Congreso de los Diputados. La mayoría conservadora aprobará un nuevo requerimiento a Francina Armengol por remitir al Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley que conmuta las penas cumplidas en el extranjero a presos de ETA. Se trata del paso previo para enviar el articulado al Tribunal Constitucional (TC).
Los conservadores no entregan la cuchara, a pesar de que en su momento validaron la reforma y de que ésta ya se haya publicado en el BOE. El requerimiento formal que viabilizará la mayoría conservadora en el Senado con dirección a la presidenta del Congreso de los Diputados recrudece la guerra institucional que impera desde el inicio de la legislatura. De este modo, con la ley de antecedentes como arma arrojadiza, se instará a Armengol a que someta de nuevo el texto a votación y, en caso de no hacerlo, amenazan con presentar un conflicto de atribuciones ante el Constitucional.
Más sobreactuación
Inicialmente, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una modificación de la Ley Orgánica 7/2014 sobre el intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. Sin embargo, esa conformidad desapareció cuando una denuncia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) advertía de que la reforma afectaba también a presos etarras.
Entonces, Partido Popular y Vox abrieron fuego con un asunto que pasó los filtros parlamentarios pertinentes sin cuestionamiento alguno. Los conservadores pusieron en marcha una performance que llevó a su líder, Alberto Núñez Feijóo, a convertir un monográfico sobre inmigración en un debate en torno a la banda terrorista ETA al tiempo que asumían el error y se disculpaban para salvar los muebles.
Segundo choque
En esa estrategia por recuperarse de los daños, los conservadores reorientaron toda su acción hacia el Senado, donde guardan el comodín de la mayoría absoluta. Pero tampoco les salió bien. Al menos no para liquidar la reforma por los cauces habituales dado que durante la tramitación en la Cámara Alta tampoco recabó enmienda o queja alguna, por lo que su aprobación era inexorable. Así, se sacaron de la manga un recoveco legal para devolver el articulado a la Carrera de San Jerónimo.
El Senado, valiéndose de la mayoría conservadora y de un informe de la Secretaría General, interpretó el rechazo del Pleno como un veto, a pesar de que ningún grupo presentó previamente la enmienda a la totalidad pertinente y empaquetaron la modificación instando a que el Congreso a que hiciera lo mismo. Sin embargo, en la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría conformada por PSOE y Sumar, adoptó la posición contraria: dio la ley por aprobada y la remitió al Gobierno para su publicación en el BOE.
El Congreso explicó que el Senado se había saltado todos los plazos para vetar la norma y, por tanto, no podía interpretarse el rechazo como veto expreso, lo que motivó que el presidente de la Cámara Alta, el popular Pedro Rollán, respondiera a la decisión con una carta con remite a Francina Armengol censurando su proceder y precisando que, en este caso, el competente para dirimir esta cuestión era el Tribunal Constitucional.
Más recientemente, este pasado viernes, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, afeaba a Armengol que “ignorara el veto del Senado para frenar la excarcelación exprés de etarras”. “El Senado, como Cámara de segunda lectura, vetó una ley y eso obliga a que el Congreso vuelva a debatirla y someterla a votación. No tiene un pase que la enviara al BOE”, denunció. En cualquier caso, la Cámara Baja se defiende al asegurar que cumplió con su obligación constitucional al darla por aprobada. Así, tras su publicación el pasado 19 de octubre, entrará en vigor en noviembre.
Una crisis que viene de lejos
No es la primera derrota en esta guerra institucional que se lleva el Partido Popular. Hace unos meses, con la entrada en vigor de la ley de amnistía, los conservadores buscaron mil y un recovecos para evitar su aprobación, aunque la formación conservadora optó por no elevar el conflicto de atribuciones al Tribunal Constitucional.
En aquel entonces, el Senado remitió el conflicto de competencias a la Carrera de San Jerónimo, que por normativa tiene un plazo máximo de 30 días de respuesta. A partir de ahí, es competencia de la Cámara Alta la decisión última de acudir o no a la Corte de garantías.
Acelerón a la comisión Koldo
Al margen de la guerra Congreso-Senado, la mayoría conservadora en la Cámara Alta quiere elevar el conflicto con los socialistas por el caso Koldo. En este mismo Pleno donde se aprobará el requerimiento formal a Armengol, se ampliará el objeto de la comisión de investigación de la trama de mascarillas, que los populares han decidido transformarla en el “caso Sánchez”.
El PP quiere ampliar el margen de la comisión para abarcar cuestiones que alberga el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los investigadores aportan nuevos datos sobre la presunta trama corrupta, averiguaciones tales como ramificaciones con el caso Delcy y el rescate de Air Europa, así como otras cuestiones.
En su momento, la mayoría conservadora diseñó la comisión centralizada en el caso Koldo, aunque ya se amplió el objeto de investigación para abarcarla a asuntos que afectan a Sánchez, a Begoña Gómez o a otros temas como el caso Delcy. Fue el ex asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes y epicentro de la trama corrupta, quien abrió la primera sesión, aunque éste se acogió a su derecho a no declarar al estar investigado por la Audiencia Nacional.
Hasta la fecha, han pasado por la comisión más de una veintena de comparecientes, entre los que destacan diversos representantes del gabinete de Pedro Sánchez como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; o la titular de Seguridad Social e Inclusión, Elma Saiz. También han desfilado perfiles próximos al jefe del Ejecutivo como el exministro de Sanidad y actual president de la Generalitat, Salvador Illa; o el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; además del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
A esta lista, donde también figuran Francina Armengol y otros altos cargos ministeriales, se añadirán otros nombres “en las próximas fechas”. Por el momento, los conservadores no concretan una agenda clara, pero sí barruntan la posibilidad de citar al actual ministro de Transportes, Óscar Puente; al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; y a la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, según señalaron desde el Grupo Popular este pasado viernes.
