El Partido Popular asume el papel de indignado ante la modificación de una ley que permitirá a los presos de ETA con condenas en otros países de la UE o bien recortar sus penas de prisión o bien salir de la misma. Génova ha escenificado este lunes su rechazo absoluto ante un cambio legislativo al que no sólo votaron a favor en el Congreso sino que, además, en el Senado no presentaron enmienda alguna respecto. A ello hay que sumarle que el articulado que se verá ahora modificado parte de un proyecto de ley que el Gobierno de Mariano Rajoy llevó en 2014 a las Cortes y no fue hasta su paso por la Cámara Alta cuando presentó una disposición adicional única que impedía el recorte de penas.
El Gobierno de coalición remitió el pasado mes de marzo al Parlamento el proyecto de ley que contempla este cambio sustancial para los presos de ETA. Una modificación que, según explican desde el Ejecutivo, transpone y aplica la normativa de la Unión Europea relativa al Sistema Europeo de Información sobre Antecedentes Penales (ECRIS). Una tramitación que contó con un amplio consenso en la Cámara Baja, dado que contó con el visto bueno de todos los grupos parlamentarios. En otras palabras, el Partido Popular, que ahora pone el grito en el cielo y acusa a Moncloa de "adulterar el proceso legislativo", votó a favor. Tampoco obtuvo rechazo o se presentó enmienda alguna durante su paso por el Senado, donde se someterá a pleno este mismo martes.
Lo cierto es que se ha decretado un estado de hiperventilación en Génova después de que El Confidencial se haya hecho eco de las sutilezas de esta modificación legislativa. Su portavoz orgánico, Borja Sémper, responsabilizaba al Gobierno de PSOE y Sumar de "colar enmiendas" que no tienen que ver con la ley en cuestión. "Es recurrente por su parte y nos preocupa mucho esta jugarreta. Haremos todo lo posible para revertirlo", advertía el diputado nacional desde la sede del partido, tras ser interrogado sobre esta cuestión por los medios de comunicación.
El texto original de Rajoy
Lo cierto es que de la medida actual, salvo giro de los acontecimientos en el pleno de la Cámara Alta, beneficiará a multitud de presos de la banda terrorista ETA, los cuáles podrían ver los tiempos de sus penas o bien recortadas o bien podrían salir ya a la calle. Algo que ya contemplaba la redacción del proyecto de ley que elaboró en 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy, que bajo ningún concepto contemplaba el ámbito de esta aplicación en el entorno etarra.
De hecho, no fue hasta su tramitación en el Senado, cuando los conservadores, entonces con mayoría absoluta en ambas Cámaras, repararon en el alcance del redactado. En ese momento, los populares añadieron una cláusula a última hora para impedir que los condenados antes de agosto de 2010 pudieran beneficiarse de un cómputo más favorable. Un lapsus que entonces fue bordeado in extremis y que, a la postre, conllevo a la aplicación de una transposición severa de la decisión marco aprobada en el seno del Consejo de la Unión Europea en 2008.
Adiós a la cláusula Rajoy
Con esta modificación se corrige esa disposición adicional única incluida a última hora por el PP en 2014 y se da respuesta, por tanto, a la reivindicación histórica de EH Bildu. Los abertzales llevan demandando desde 2015 la derogación de dicha cláusula del texto con vistas a que se les descontara tiempo de condena a los presos etarras que ya cumplieron una parte de la pena en cárceles francesas. Una esperanza que en 2018 también se vio truncada con el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), que dio la razón a España en su escudo frente a la banda terrorista.
En cualquier caso, al margen de la supresión de la disposición adicional, fuentes parlamentarias redundan que las cinco enmiendas que el Grupo Sumar incorporó a la redacción de la modificación y que pivotaban en este ámbito no fueron objeto de crítica por ninguna de las partes. Entre ellas, se contempla la consideración de condenas cumplidas en otros países de la UE, compartiendo, de tal modo, la literalidad con lo establecido en el proyecto de ley originario del Partido Popular de Mariano Rajoy.
