El Congreso de los Diputados le aguanta el pulso al Senado en la ya habitual confrontación institucional. Si el presidente de la Cámara Alta se salió del cauce reglamentario para dar por vetada la Ley de Antecendetes penales, la Cámara Baja, presidida por Francina Armengol, ha optado por enviar al BOE la modificación de la controvertida normativa, "respetando los procedimientos reglados" y entendiéndola como "validada".
La modificación, que permite a presos etarras ser excarcelados antes de lo previsto debido a la conmutación de la pena cumplida en cárceles de estados miembros de la UE (Francia, en este caso), generó un estado de hiperventilación en el Partido Popular, al no haberse percatado de que la enmienda presentada por Sumar acortaba las condenas a miembros de la banda terrorista. Un “error grave”, según el relato del PP que han intentado subsanar por la vía de la tramitación parlamentaria. Pero ni su mayoría absoluta en el Senado ha sido capaz de frenar la aprobación del texto.
El Congreso de los Diputados responde, así, este mismo martes al Senado. Tan sólo han pasado 24 horas desde que el presidente de la Cámara de representación autonómica, el popular Pedro Rollán, se aferrase a un ínfimo resquicio legal para devolver la reforma de la ley de antecedentes penales al Congreso de los Diputados. Maniobra con sello genovés, que no ha conseguido sortear el “cauce legal” de la Cámara Baja, que la “entiende como validada” y opta por “respetar los procedimientos reglados”.
La maniobra del PP
Cuando parecía que los conservadores en el Senado se quedaban sin movimientos, el presidente del órgano, Pedro Rollán, auspiciado por el informe de la letrada mayor, anunciaba que el texto volvía al Congreso de los Diputados. Y es que la conclusiones de este escrito contemplaban que el rechazo por mayoría del hemiciclo puede considerarse de facto un “veto”, a pesar de que este no fue registrado ni en tiempo ni en forma. El popular trasladó su veredicto a la Carrera de San Jerónimo en la tarde de este lunes, lo que complicaba el análisis de los letrados del Congreso a la decisión del presidente del Senado.
No obstante, los servicios jurídicos de la Cámara Baja trabajaron a contrarreloj para redactar una respuesta que se discute en el órgano que presiden Francina Armengol y esta pasa por la publicación inmediata del texto en el Boletín Oficial del Estado.
Sentencia del Constitucional
En consecuencia, el informe de los letrados del Senado se atornillaba en torno a una sentencia del Tribunal Constitucional, quien se pronunció sobre una proposición de ley de 1995 remitida por el Congreso al Senado. En ese supuesto, la Cámara Alta vetó la iniciativa parlamentaria por mayoría simple, pero sin la necesidad de oponer veto o redactar y aprobar cualquier enmienda. Los equipos jurídicos de la Carrera de San Jerónimo entienden que, al no existir veto explícito o enmienda del Senado, el articulado debe continuar con el procedimiento regulatorio y, por tanto, ser aprobado de manera definitiva.
En el informe se precisa que aquella situación fue el preámbulo de un recurso de inconstitucionalidad que resolvió con la confirmación de que la iniciativa del Congreso quedaba aprobada de manera definitiva y automática. Así, queda reflejada en la jurisprudencia del Constitucional que el “veto debe formularse expresamente y aprobarse por mayoría absoluta, de suerte que otra interpretación sería un fraude de ley, esto es, un veto aprobado por mayoría simple”.
En cualquier caso, con el prisma del Senado, la reforma legal no se publicaría de manera inmediata en el BOE al no haberse modificado el texto durante su tramitación y debería someterse al escrutinio del Congreso para desbloquearla y, por tanto, levantarle “ese veto”. Sin embargo, en la Cámara Baja sostienen que el procedimiento no es el habitual y la mayoría de Sumar y PSOE en la Mesa rechazó la pretensión de la Cámara Alta y, en consecuencia, dar por aprobada la medida.
