Javier Ortega-Smith, este fin de semana: "En Albacete hoy hemos recopilado más razones para una moción de censura”. A finales de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaciló a Santiago Abascal en la tribuna del Congreso, tras anunciar una moción de censura a la vuelta del verano: “¿Por qué espera al mes de septiembre? ¿Es que se va de vacaciones?”. La razón, al margen de las vacaciones de Santiago Abascal, parece estar en que los de Vox querían aprovechar el verano para buscar motivos y razones para su maniobra parlamentaria. Sin embargo, si algo nos ha enseñado la avalancha de noticias conocidas hoy sobre la Operación Kitchen es que las mociones de censura, al menos las ganadoras, no necesitan de la prospección de motivos, porque cuando los hay, están ahí, a la vista de todos, clamando al cielo.

#MotivosparalaMocion suele ser la etiqueta que utiliza Vox para señalar cada migaja que recogen contra el actual Gobierno. Unas veces los trae Ortega-Smith de Albacete, tras viajar a inaugurar una sede, como el que vuelve con un paquete de Miguelitos de La Roda. En otras ocasiones los recopila Macarena Olona o el propio Santiago Abascal a la puerta de un centro de tutela de menores inmigrantes. Por lo general, sus razones para la moción tienen que ver con colores de piel diversos, amenazas comunistas, corridas de toros canceladas o cualquier atisbo de error en la gestión de una pandemia que ha conmocionado al mundo.

Casi antes de conocer la cafetería de la Facultad de Periodismo, a los estudiantes de la carrera se les suele inculcar el valor de apellidos como Woodward o Bernestein, los periodistas que destaparon el caso Watergate. El escándalo que hizo dimitir a todo un presidente de los Estados Unidos como Richard Nixon es, a ambos lados del oceáno, el paradigma del más detestable caso de corrupción: la utilización de órganos policiales al servicio del Estado y sus ciudadanos para espiar y hostigar a los rivales políticos. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández Díaz al frente de la Seguridad del país parece que se inspiró en esta repulsiva práctica como si fuera un manual de instrucciones para montar la Operación Kitchen y trasladar la corrupción que ya infectaba al PP hasta el mismo corazón del Estado, el Ministerio del Interior

Según palabras del juez Manuel García Castellón, y como detalla la Fiscalía Anticorrupción, se montó un “operativo parapolicial” para espiar a Luis Bárcenas -alguien que podría responder a calificativos como tesorero, presidiario, exdirigente del PP; pero que ante todo era un ciudadano- y a su mujer, y robarle toda la documentación que probase las corruptelas del partido que gobernaba el país. Una operación concertada con el comisario-delincuente Villarejo y que, por lo que se desprende de lo publicado, estaba en conocimiento del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En la que se usaron los fondos reservados del Estado para pagar los servicios prestados al chófer de Luis Bárcenas: robo de móviles, sustracción de documentos, aprehensión de las claves de la alarma del estudio donde guardaba sus papeles…

Una operación llevada a cabo con efectivos del Estado, -fondos reservados y agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad que pagan todos los españoles- que rebaja a los asaltantes republicanos del Complejo Watergate en una panda de aficionados equipados por La Tienda del Espía. Si el allanamiento de las oficinas del Partido Demócrata fue calificado como “el peor escándalo político del siglo XX”, ¿cómo deberíamos adjetivar la Operación Kitchen del Gobierno del Partido Popular? Si el escándalo Watergate echó al todopoderoso Nixon de la Casa Blanca, ¿hubiese sido razonable que Rajoy, María Dolores de Cospedal y los herederos de Fernández Díaz siguieran controlando los mandos del país en su beneficio propio?

En junio de 2018, Pedro Sánchez se hizo con la Presidencia del Gobierno tras conocerse la primera sentencia del caso Gürtel, que condenaba al Partido Popular por una corrupción sistémica que había convertido a la formación en una pseudo organización criminal dedicada al lucro ilícito. Los motivos, a diferencia de lo que realiza Vox, no había que buscarlos: estaban ahí. En aquel entonces, ya se sospechaba de que en el Ministerio del Interior había una “brigada patriótica” de agentes y altos mandos policiales que operaban al margen de la ley y en beneficio del PP. En su currículo estaban las grabaciones clandestinas al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; la invención de cuentas falsas en Suiza de rivales políticos; los pinchazos telefónicos al Pequeño Nicolás; las evasiones de dinero de los Pujol; los intentos de registros en la sede de Convergència antes de las elecciones; o la elaboración del falso Informe PISA (Pablo Iglesias S.A.) para intentar aniquilar a Podemos.

Si a semejante lista de méritos de la brigada patriótica que montó el Partido Popular en Interior, le sumamos ahora las artimañas delictivas para robar pruebas de su corrupción que se realizaron en la Operación Kitchen, el derrocamiento de Mariano Rajoy a manos de Pedro Sánchez toma una dimensión nueva. Por mucho que la derecha no se haya recuperado de la derrota parlamentaria y electoral y hable de Gobierno ilegítimo, tras la sentencia de Gürtel la moción de censura era necesaria. Ahora, en diferido, parafraseando Cospedal, con la Operación Kitchen sabemos que era éticamente obligatoria.