Según ha desvelado la Cadena Ser, el Gobierno de Mariano Rajoy había utilizado, entre los años 2013 y 2015, medio millón de euros para investigar a Luis Bárcenas por la caja B del Partido Popular.
La Audiencia Nacional es la encargada de investigar lo sucedido y, actualmente, se encuentra bajo secreto. Pero lo realmente llamativo es el uso de dinero público por parte del Gobierno de Rajoy para asuntos personales.
Los fondos reservados están incluidos en los Presupuestos Generales del Estado y están guardados para uso, por necesidad, del Ministerio de Interior o Ministerio de Exterior.
Ese dinero reservado se suele ingresar en una cuenta corriente del Ministerio en el Banco de España. Es el propio Ministerio, mediante algún miembro de su gabinete y por parte de la Secretaría del Estado, el que puede realizar una propuesta de disposición del dinero.
En este caso, y según asegura la Cadena Ser, fue el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el cuál aprobó la disposición del medio millón de euros para pagar a la llamada Policía patriótica para que espiase a Bárcenas y destruyesen pruebas ante la posible caja B del Partido Popular.
El uso y fin de las cuentas de los fondos reservados deben ser reportados al presidente del Gobierno, en ese momento, Mariano Rajoy y, posteriormente, dos veces al año, deben ser explicados en el Congreso dentro de la Comisión de Secretos Oficiales.
La ley 11/1995 es la encargada de regular la disposición o el ingreso de fondos reservados. Mediante esta ley, cualquier tipo de movimiento debe estar controlado y justificado y debe destinarse "de forma exclusiva" para la defensa y seguridad del Estado.
Es de esta manera el ministro de Interior, por aquel entonces, Jorge Fernández Díaz, el único capaz de determinar el uso de ese tipo de fondos y el encargado de informar al Gobierno y semestralmente a la comisión del Congreso sobre todos los secretos de forma oficial.
