El Gobierno de Mariano Rajoy se gastó medio millón de euros de fondos reservados, dinero público cuyo fin es la defensa del Estado y la preservación de la seguridad, en espiar a Luis Bárcenas y proteger al PP de su caja B, según desvela la Cadena SER.
El asunto ya están siendo investigado por el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional y se mantiene bajo secreto. Según el citado medio, el Ministerio de Interior utilizó 500.000 euros de estas partidas presupuestarias para sufragar entre 2013 y 2015 los gastos devenidos de las acciones del comisario retirado José Manuel Villarejo y del resto de la policía política del entonces ministro Jorge Fernández Díaz.
Conviene recordar que todo este dispositivo tenía como objeto espiar al extesorero del PP y extraer documentos o cualquier tipo de prueba sobre la caja B que pudiera perjudicar a la formación.
Según la documentación a la que ha tenido acceso la SER, fue el número 2 de Interior, el entonces secretario de Estado de Seguridad imputado en la causa, Francisco Martínez, quien aprobó la disposición de fondos.
Eugenio Pino, exdirector Adjunto Operativo de la Policía Nacional (DAO), tenía ciertas reticencias, pero tal y como él mismo declaró ante el juez, Fernández Díaz le trasladó que la orden llegaba desde la presidencia del Gobierno, ocupada por Mariano Rajoy.
Con los 500.000 euros se sobornó al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, se pagaron los dispositivos tecnológicos necesarios (cámaras, micrófonos…) e incluso se costeó el falso cura que secuestró a punta de pistola a la mujer y al hijo del extesorero.
Tan solo un puñado de personas estaban al tanto del dispositivo y del origen del dinero, puesto que la mayor parte de los agentes creían actuar por orden de los servicios judiciales.
