Pasado el ecuador de agosto, la actividad parlamentaria vuelve poco a poco a su ser. El Gobierno central hará frente en los próximos meses en el Congreso de los Diputados a una serie de cuestiones que se quedaron bajo el tintero tras un ciclo electoral consecutivo y el fin de las vacaciones estivales, teniendo sobre la mesa tres cuestiones de calado: los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2025, la reforma de la Ley de Extranjería y la Ley del Suelo.
Pese a la temporada estival, y también como consecuencia de los últimos resultados electorales que han quedado, en el término más acuciante, en Cataluña, la actividad política no ha cesado, pero sí la parlamentaria que, por ende, se verá en las próximas semanas plenamente afectada por los últimos acontecimientos.
Senda de déficit con meta en los PGE
La primera parada en los deberes pendientes del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Congreso será en la construcción de la senda de déficit. Allá por julio, la tramitación se vio truncada debido a la negativa de última hora de Junts en la votación -que acercó a su vez posturas con el Partido Popular y Vox, quienes se escudaron en el acercamiento del PSOE con ERC-, motivo por el que el Gobierno volverá a intentarlo después del verano.
Cabe recordar que los presupuestos de este año fueron aplazados debido al anticipo electoral en Cataluña precipitado por el ya expresident del Govern, Pere Aragonès, al no alcanzar un pacto para sus respectivos presupuestos catalanes. Una situación que, de nuevo, envolvió el panorama político en un halo electoral que se resolvió recientemente con el nombramiento del socialista Salvador Illa como nuevo president de la Generalitat.
Pero volviendo a la senda de déficit y los presupuestos generales de cara a 2025, en el caso de que Sánchez no obtenga el apoyo parlamentario de los posconvergentes, que coincidirá prácticamente en tiempo y forma con el congreso anunciado por la formación independentista a finales de octubre (entre los días 26 y 27 de este mes), el presidente del Gobierno se verá obligado a prorrogar, de nuevo, las cuentas de 2023.
Ley del suelo, primordial en los objetivos sobre Vivienda
En otro orden de ideas, esta segunda legislatura de Sánchez se ha enmarcado en la necesidad de hacer la vivienda el quinto pilar del Estado del Bienestar. Para ello, otra de las tareas pendientes del Ejecutivo central es sacar adelante la Ley del Suelo.
En este sentido, cabe recordar que fue a finales de mayo cuando el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, retiró in extremis esta norma ante la falta de apoyos para impulsarla en el Congreso. Y es que ni la oposición ni el principal aliado de la coalición, Sumar, la apoyaron.
Moncloa ya era conocedora de la negativa de la derecha, conformada por PP y Vox, también de Podemos, ERC y Junts -las dos primeras llegaron a presentar una enmienda a la totalidad-, pero la sorpresa de última hora vino de la mano de Sumar, que se echó atrás debido a que el PSOE no apoyó la ley contra el proxenetismo. Una situación que generó una crisis en el Gobierno que se vio abocada a aplazar el debate sobre la Ley del Suelo y su consiguiente tramitación parlamentaria.
El argumento de mayor peso que manejó -y sigue manejando- el Ejecutivo central para respaldar la norma es que es de “vital necesidad” para dar respuesta a “la necesidad de promoción y ampliación del parque público de vivienda” en España.
No obstante, no todo ha quedado paralizado desde entonces. Hasta la fecha, el Gobierno ha movilizado cerca de 81.000 viviendas del Plan de Viviendas de alquiler asequible, teniendo como objetivo 184.000 inmuebles de estas características. Tal y como ha informó el Ministerio el pasado martes, actualmente hay 59.879 viviendas para alquiler social en distintas fases de desarrollo, a las que sumarían unas 14.000 más puestas a disposición por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y las 10.411 activas por el Fondo Social.
La reforma de la Ley de Extranjería
Otro de los retos a abordar parlamentariamente es el impulso final de la reforma de la Ley de Extranjería, la cual se ha convertido en los últimos meses en una tarea de especial urgencia debido al aumento de migrantes que llegan a las costas españolas, especialmente a Canarias, y sobre la que se da especial atención al tratamiento de los menores por su situación de vulnerabilidad.
Hasta la fecha, no se ha dado un punto de consenso ni en el Gobierno, ni Comunidades Autónomas ni entre formaciones políticas de distinto color. Como vía resolutiva, desde Moncloa se propuso reformar el artículo 35 de esta norma para, con carácter obligatorio, reubicar a los menores entre los gobiernos autonómicos, pese a la negativa de PP, Vox y Junts.
Por el momento, la incógnita sigue sin despejarse. Tal y como expresó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la solución más eficaz sería la modificación legislativa, un proceso abocado a la presentación de la norma en el Congreso, donde las formaciones de la coalición deberán tratar de ganar los apoyos de populares y posconvergentes para sacarla adelante.
Otras cuestiones que pasarán por el Congreso
En otro orden de ideas, estos tres ejes primordiales no son los únicos que se debatirán y votarán en la Cámara Baja en los próximos meses. Al hacer un breve repaso a la hemeroteca más reciente, es fácil recordar que en septiembre se retomará la promesa del paquete de medidas antibulos prometido por Sánchez en el marco de la lucha contra la “máquina del fango”.
Lo único que ha trascendido es que esta serie de normativas se votarían de forma individual en el Congreso, siendo una de ellas la actualización de la Ley de Publicidad Institucional, sobre la que se pretenden conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación. A su vez, impulsar otras vías de refuerzo de la Ley del Derecho al Honor y la Rectificación, también la reforma de la Ley Mordaza, entre otras.
Sin olvidar entre ellas la posible extensión de las medidas que conforman el escudo anticrisis del Gobierno, la rebaja del IVA de los alimentos ante la evolución económica, la Ley de Desperdicio Alimentario o el nuevo impuesto mínimo del 15% a grandes multinacionales. Son otras tareas guardadas en cartera que, con el paso de los próximos meses, quedará por ver si se llevan a término tras su transacción parlamentaria.
