El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado este jueves la sentencia definitiva que echa por tierra el modelo 720 de la Agencia Tributaria española que obligaba a declarar los bienes en el extranjero de los residentes fiscales en nuestro país. Una legislación surgida en 2012 del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro en una España devastada por la crisis económica y que tuvo que ser rescatada por la Unión Europea y cuyo objetivo final, presionar para conseguir el éxito de la amnistía fiscal, fue un fracaso. Un fiasco que se replica ahora en forma de sentencia europea que acusa a España de vulnerar “la libre circulación de capitales” y de tomar medidas “desproporcionadas”.
La medida, no por esperada, ha sido menos dura. En julio de 2021, el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Henrik Saugmandsgaard Øe, ya consideró que las multas fijas que había impuesto la Agencia Tributaria para quienes no presenten la declaración de bienes en el extranjero o presentasen el modelo 720 eran contrarias a derecho. Pero ahora el Tribunal ha ido más allá y ha aceptado otros puntos que el recurso de la Comisión Europea exigía y que el abogado no había aceptado por no encontrar motivos suficientes, como era la imprescriptibilidad que imponía la norma de Montoro.
La Ley Montoro de 2012 y la amnistía fiscal
El origen de la Ley Montoro de 2012 está íntimamente ligado a una de las medidas más polémicas del Gobierno de Mariano Rajoy: la amnistía fiscal para las grandes fortunas que eludían el control de Hacienda sobre sus bienes en el extranjero. Todo ocurrió en el contexto del que fue el peor año de la crisis económica, aquel en el que España tuvo que pedir el rescate financiero a Europa para salvar su banca. 100.000 millones de euros que los socios de España pusieron a su disposición y que Rajoy anunció en una comparecencia solemne en La Moncloa, tras la cual se fue a Polonia ver el debut de España en la Eurocopa de fútbol.
España ganó la Eurocopa, pero perdió el dinero del rescate. En concreto, de los 100.000 millones, España usó casi 55.000 millones para inyectarlos a los bancos y cajas. El rescate no iba a costar “ni un euro” a los ciudadanos porque las entidades lo devolverían, pero la promesa del ministro de Economía, Luis de Guindos, quedó en agua de borrajas y siete años después, en 2019, el Banco de España reconocía que apenas se había devuelto el 10%, unos 4.477 millones de euros. Un desastre económico, pero llegó la pandemia y teníamos otros problemas en los que pensar.
Ahora, aquel olvido lo difumina la sentencia de la Justicia europea que trae al recuerdo aquellos años duros. En 2012, el Gobierno de Rajoy tenía su gran apuesta, antes de que tuviera que pedir el rescate, en la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro. Un polémico perdón para los defraudadores que iba acompañado de una amenaza: o regularizaban el dinero y los bienes ocultos en el extranjero, o en 2013 entraría en vigor un cambio legal que perseguiría con dureza la evasión fiscal más allá de nuestras fronteras.
La mitad de lo esperado y un 4% del recorte del déficit
Montoro defendía su idea en 2012 apelando a que “se ha practicado con éxito tributario en otros países". Hablaba de Italia, un país cercano en el espacio y en los usos y costumbre. Allí, los llamados scudi fiscali habían conseguido sacar a la luz, entre 2009 y 2010, hasta 85.000 millones de euros escondidos al fisco. Dado que nuestra legislación prohíbe el perdón total, se estableció un tipo del 10% para los bienes regulados y un 8% para los dividendos. Con esa tasación en mente, los cálculos de Montoro era que volvieran a España unos 25.000 millones de euros y las arcas recaudaran en torno a 2.500 millones de euros.
Llegó el 30 de noviembre, y los datos de la amnistía fiscal fueron un jarro de agua fría. En total, se habían recaudado 1.191 millones de euros y los bienes declarados apenas llegaban a los 12.000 millones de euros. La amenaza con el cambio legal que ahora ha tumbado la Unión Europea tampoco fue muy efectiva, puesto que el 93% de las declaraciones a través del modelo 750 (29.242 de 31.484) se presentaron en el último mes, en noviembre.
Aun así, el Gobierno de Rajoy vendió como un éxito que esos apenas 1.200 millones ayudarían a cumplir el objetivo de déficit de 2012. Para tener un poco de perspectiva de las cifras, Rajoy prometió a Europa ese año que bajaría el déficit del 8% al 5,8% (aunque lo pactado con Bruselas era del 4,4%). Unas cuentas que suponían recortar el gasto o subir los ingresos en más de 27.000 millones y en lo que tenía que ayudar la amnistía fiscal con sus 1.191 millones. Un 4,44% del total.
Multas "desproporcionadas" y falta de prescripción
Ahora, el TJUE echa por tierra la Ley Montoro que pretendía servir de acicate para la amnistía fiscal. El tribunal incluso va más allá de lo que fue el abogado en julio, porque no solo considera “desproporcionadas” las multas, que pueden suponer que los afectados tengan que responder con más del 100% de sus bienes. También usa ese apelativo, “desproporcionada”, para la ausencia de prescripción que deja a Hacienda “sin limitación temporal a la regularización del impuesto adeudado”. Medidas todas que se traducen en un “menoscabo desproporcionado de la libre circulación de capitales”.
La parte negativa de la decisión la apuntan varios miembros de la judicatura, informa Loreto Ochando. El varapalo al modelo 720 puede suponer un obstáculo para la lucha contra la corrupción, el fraude fiscal e incluso el narcotráfico. Incluso en el contexto de la Unión Europea, existen países con más reparos o falta de agilidad a cumplir los requerimientos de información fiscal de otros socios y magistrados y fiscales creen que la amenaza de las multas puede provocar que los evasores fiscales se lo piensen antes de refugiarse en otros países.
Un ejemplo recurrente y de actualidad es el de Juan Francisco García, el jefe de gabinete del expresidente valenciano Eduardo Zaplana, quien se acogió a la amnistía fiscal de 2012 ante la amenaza de males mayores cuando entrara en vigor en 2013 la Ley Montoro. Entre los bienes declarados estaba una cuenta bancaria oculta cargada de comisiones. Esa pista ayudó a la UCO a seguir las cuentas en el extranjero del Caso Erial que llevó a Zaplana a la cárcel.
