El juez que abrió una investigación contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, obvió preguntar en su primera diligencia a un testigo por las pruebas del delito denunciado -tráfico de influencias y corrupción en los negocios- en la querella presentada por la organización ultraderechista Manos Limpias. A continuación, impidió que la Fiscalía lo hiciera, según recoge el sumario del caso y adelanta El País.
Esto iba más allá el pasado 17 de mayo, cuando el magistrado citó a declarar a un periodista, el director de El Confidencial, Nacho Cardero, el medio que había publicado informaciones sobre las presuntas relaciones sospechosas de Gómez con empresarios que lograron ayudas públicas del Ejecutivo, especialmente Juan Carlos Barrabés, a quien la derecha ha insistido en señalar a pesar de que ha cerrado contratos con infinidad de administraciones públicas y gobiernos tanto de izquierdas como de derechas.
En lo que respecta a esta jornada, que se presentaba como clave, el instructor preguntó al informador si podía, sin entrar en detalles, decir si conocía a directivos de las empresas con las que se relaciono a la esposa del presidente o a miembros de los órganos que adjudicaron contratos a esas compañías. Cuando el periodista iba a responder con la intención de detallar el contenido de las cartas de recomendación que publicó su periódico, el juez no le dejó hacerlo, estimando que “sobre el resultado, la trascendencia, la relevancia o la incidencia que haya podido tener esa carta”, la iba a preguntar “después”. Sin embargo, el interrogatorio concluyó sin que se planteara la cuestión.
"No coneste a esa pregunta (...) es de contenido jurídico"
A renglón seguido, el juez dio la palabra al fiscal, quien sí interrogó a Cardero sobre el mismo asunto, que Peinado había dejado a un lado. La pregunta fue clara: “Sobre las cartas, ¿en su investigación se ha revelado si fueron determinantes o el grado de influencia que pudieron alcanzar?”. De nuevo, en el momento en el que iba a responder, le interrumpió el juez. “No, no. No conteste a esa pregunta”, emitió, solventando que era algo de “contenido jurídico” y que el testigo había ido a “manifestar sobre los hechos que ha conocido con sus sentidos sin perjuicio de que se reserve el derecho a no facilitar las fuentes”.
No fue la única cuestión que bloqueó Peinado, sino que hizo lo propio con una cuestión que planteó el abogado de Begoña Gómez al periodista: si en las informaciones que había publicado El Confidencial apuntaban a la existencia de otras misivas parecidas con otras compañías. El juez tampoco dejó contestar porque era confusa -siempre según su interpretación- y él ya había puesto la misma pregunta sobre la mesa, aunque de manera inexacta.
Este interrogatorio tuvo lugar tres días después de que Juan Carlos Peinado se hiciera con el informe que había pedido a la Guardia Civil respecto de los hechos denunciados por Manos Limpias. El trabajo de los investigadores concluyó que una parte de la querella que el juez había admitido a trámite se basaba en informaciones falsas, mientras que la Guardia Civil no había encontrado indicios de delito de tráfico de influencias sobre la otra parte.
El fiscal consiguió preguntar al periodista que aparece en estas líneas y a otro informador (Francisco Mercado, de es.diario) si había sido conocedor o había publicado noticias de presiones que pudieren haberse ejercido sobre los funcionarios que adjudicaron el contrato. Los dos lo negaron.
Pero otra de las cosas al menos llamativas es que el magistrado no realizó ni una sola pregunta con el objetivo de recabar pruebas sobre el delito de tráfico de influencias que investiga. A pesar de que en el sumario todavía no existe ningún indicio, el instructor ha decidido citar el próximo 5 de julio a la mujer de Sánchez en calidad de investigada. A todo esto, hay que destacar que el anuncio del magistrado llegaba a tan solo cinco días de la cita con las urnas. En otro orden de cosas, la Audiencia Provincial de Madrid avisó al juez que si una vez “verificadas las comprobaciones e investigaciones precisas, la hipótesis se diluye, procederá acordar el archivo inmediato”.
Administraciones de todos los colores
El informe de la UCO del que informaba en exclusiva ElPlural.com revela que son muchos los gobiernos autonómicos y locales, más allá del Ejecutivo Central, que han cerrado acuerdos con las compañías de Juan Carlos Barrabés. Asimismo, entidades como el Ejército -la Unidad Militar de Emergencia (UME)-, la Guardia Civil e incluso Casa Real recibieron los servicios del empresario.
En su caso ha sido a través de la empresa BARRABÉS SKI MONTAÑA SLU, vinculada con la venta de material de montaña y escalada. Dentro de las entidades que se aparecen en el sumario de la mano de esta empresa resaltan las mencionadas anteriormente, la Base Aérea de Cuatro Vientos, el Ayuntamiento de Madrid, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Málaga, el Consistorio de Huesca, el Ejército del Aire o la Junta de Castilla y León.
Entre los nombres que rubricaron contratos con la compañía Innova Next SL pueden destacar, siendo solo algunos de ellos, el del Coordinador General de la Alcaldía de Madrid, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, la Dirección General de la Fundación EOI o la Dirección General de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana.
