Hace 37 años que el rey Felipe VI juró la Constitución al alcanzar la mayoría de edad. Casi cuatro décadas lo separan de la cita histórica que vive todo un país este martes. Su hija, Leonor, emulará a su padre en aquel 30 de enero de 1986. Este 31 de octubre, fecha en la que la Princesa de Asturias cumple 18 años, prestará juramento y lo hará en una España diametralmente opuesta a la que preponderaba en los 80, recién salida de una dictadura de cuarenta años y disfrutando de las plenas libertades de una recién nacida democracia. La realidad del 2023 es otra. Un país robusto en el plano internacional y pionero en el empoderamiento de colectivos otrora silenciados, pero con fracturas ideológicas e identitarias reflejadas en un Congreso de los Diputados, escenario de la jura de la heredera, bicéfalo.

La Constitución Española prevé en su artículo 61 que “el príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad (…) prestará el mismo juramento” que el jefe del Estado, así como el de “fidelidad al rey”. Desde que se ejecutara por primera vez ese epígrafe de la Carta Magna, el 30 de enero de 1986, han transcurrido casi cuatro décadas. 40 años de cambios permanentes que difuminan el boceto de aquella España, que cambiaba paulatinamente las hieles de la opresión franquista por el aroma dulce de la libertad de una desconocida democracia. Desde entonces, el país se ha sumido en cambios constantes; avances sociales en materia de derechos de según qué colectivos, de igualdad, del auge del papel de la mujer y el conato de empoderamiento de las clases más desfavorecidas.

Impulso internacional

La España de la jura del hoy Rey recién consumaba su ingreso en la Comunidad Económica Europea. Un hecho histórico que iluminaba a una nación acostumbrada a coexistir en silencio y de avanzar a tientas en la oscuridad. 40 años de aislamiento internacional, amortiguados con un simulacro de aperturismo del régimen franquista, finalizaban aquel 1 de enero de 1986. La adhesión de España a lo que hoy ya se conoce como la Unión Europea, tras siete años de arduas negociaciones iniciadas con Adolfo Suárez, supuso el impulso para que una joven democracia, gobernada entonces por el socialista Felipe González, consumase el espaldarazo internacional con la permanencia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La primera piedra que ha terminado por moldear Pedro Sánchez en la actualidad, llevando la voz en la Unión Europea; coincidiendo, además, con el turno de la Presidencia del Consejo de la UE. Son muchos los éxitos cosechados en el ámbito comunitario, ganando un mayor grado de influencia proporcionalmente. España lideró el camino que los Veintisiete debían recorrer para “no dejar a nadie atrás” con la inclemente pandemia de la Covid-19. Hizo lo propio con la respuesta a la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin y sus consecuencias derivadas, derrotando a las recetas neoliberales con una poción que blindaba a las clases medias y trabajadoras de un encarecimiento repentino de la vida. Estrategia que se replica en plena escalada de violencia en la Franja de Gaza.

Una influencia que se advierte también en las entrañas de la OTAN, consolidando su posición como Estado miembro y siendo partícipe en 17 misiones en el exterior, con la presencia de 3.000 efectivos militares y guardias civiles desplegados a lo largo y ancho de cuatro continentes. Sin olvidar el impulso que supuso la presidencia de Javier Solana al frente de la Alianza Atlántica a finales de la década de los 90.

Entre medias, España, fruto de su adhesión a la UE y en virtud del Tratado de Maastricht, abandonó la peseta y abrazó el Euro, nueva comunitaria y compartida con otros 19 países de la Eurozona. Fue el 1 de enero de 2002, cuando la nueva moneda entró a formar parte de las vidas de los españoles de manera natural y allanando el camino a las transacciones en mercados internacionales.

El Congreso, reflejo de la sociedad

En aquel 1 de enero de 1986, la realidad sociopolítica de España estaba bien delimitada. Dos grandes sensibilidades, reflejadas en el Partido Socialista y la Alianza Popular (futuro PP y conglomerado de las formaciones de centro), salpimentadas por los nacionalismos periféricos, que gracias a la Transición pudieron liberarse de las cadenas que les tuvieron prisioneros durante cuatro décadas. Eran tiempos de mayorías absolutas. Más que absolutas, abrumadoras. El propio PSOE, encabezado por Felipe González y con Alfonso Guerra como su escudero, dominaba el Hemiciclo, aunque seis meses después perdería una cuota importante de su musculatura parlamentaria.

Un boceto que en absoluto se asemeja al escenario contemporáneo; más aún desde el año 2011, con el auge de los llamados “indignados”. Un movimiento contra un bipartidismo atiborrado de mayorías absolutas, encandilado por los poderes fácticos y ciego en claves sociales. Del 15M, como mediáticamente se apodó a aquellas acampadas, surgieron nuevas fuerzas políticas llamadas a corregir los vicios de dos partidos desnortados y entregados a las élites. PP y PSOE perdieron la capacidad de encadenar, en una suerte de turnismo democrático, mayorías respectivamente, lo que obligaba a llegar a acuerdos con otras sensibilidades parlamentarias.

Entre medias, Cataluña se preparaba para la revuelta, hastiada de un supuesto maltrato del Estado español, mientras el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero neutralizaba, de una vez por todas, el terrorismo de ETA, hasta forzarla a su disolución total en 2018. Artur Mas calentaba la escena con una suerte de consulta que puso en aprietos a un PP incapaz de capear el auge independentista. Un crecimiento que se sobredimensionó con el paso de los años, en un pulso constante entre el Gobierno de Mariano Rajoy y la Generalitat de, por entonces, Carles Puigdemont. Fruto de este enfrentamiento, se caldeó el fuego social en la región con el 1O y la breve declaración unilateral de independencia, que ha derivado en un proceso judicial y en un fuego que, desde 2018, intentan sofocar desde la Administración que dirige el socialista Pedro Sánchez. Todo ello, en un cóctel de inestabilidad social y de fractura parlamentaria, pasando de un “bipartidismo” a un bibloquismo.

Empoderamiento social

Si bien en este tránsito de cuatro décadas no se ha consumado una igualdad efectiva, España incluso ha marcado la pauta en el reconocimiento y creación de nuevos derechos sociales. En aquel año de 1986, se registraban movilizaciones de la comunidad LGTBI luchando por un nuevo horizonte. Sin embargo, no fue hasta 1995 cuando se consiguió suprimir del Código Penal la norma de peligrosidad social, que castigaba la pertenencia al colectivo homosexual -en ese momento-; diez años después, también bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el país lideró los avances sociales con la Ley del matrimonio Igualitario. Normativa prácticamente pionera en Europa, a la que precedió, con casi 20 años de diferencia, el texto bautizado como Ley Zerolo y la Ley estatal LGTBI.

Para la consecución de un Estado progresista, se requiere dar voz a colectivos oprimidos y por ello era necesario dar un megáfono a la lucha feminista, perseguida encarnizadamente por el régimen y que vio en la democracia la luz que necesitaba para conseguir la Igualdad necesaria. Sin embargo, en aquellos días de 1986, ninguna mujer se situaba en lugares estratégicos en el ámbito público en España. A diferencia del Gobierno de Felipe González, 37 años después, el gabinete de Sánchez cuenta con un total de 12 ministras; lo que supone más de la mitad del equipo.

Fue un hombre el que pronunció el discurso previo a la jura de Felipe VI. Gregorio Peces Barba era entonces el presidente del Congreso de los Diputados. En 2023, sin embargo, y desde hace algunos años, la tercera autoridad del Estado ha tenido nombre de mujer. Será la socialista Francina Armengol, ex presidenta de las Islas Baleares, la que intervenga en el acto solemne de la jura de Leonor. Lo que refleja el cambio social también en la sede de la soberanía nacional, donde en 2019 se conformó el Parlamento más paritario de la historia de la democracia, con once diputadas más que las obtenidas el pasado 23 de julio.

Sin embargo, queda pendiente un fleco que, además, atañe a la propia Corona. En la Constitución permanece vigente la preferencia del varón frente a la mujer a la hora de heredar la jefatura del Estado. El artículo 57.1 sigue intacto, por lo que Leonor sería reina sólo por no tener hermanos de sexo masculino, a diferencia de lo que le ocurrió a su padre, que era el menor de la familia, pero encabezaba la lista de sucesión por delante de sus hermanas.