Equipo Económico, bufete fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2006, ha emitido este jueves un comunicado en el que denuncia un uso político de la causa donde se investigan presuntos amaños de leyes a cambio de pagos de empresas. Además, niega cualquier tipo de irregularidad y defiende su “honorabilidad y solvencia profesional” pese a las pruebas de las investigaciones que han puesto en el foco al Ministerio de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy, imputando a 28 personas físicas y seis jurídicas.
“Equipo Económico niega rotundamente haber pagado dádiva, comisión o retribución ilícita a funcionario o autoridad alguna. Equipo Económico no ha incurrido en irregularidad alguna en la prestación de sus servicios profesionales”, se afirma en el comunicado, a la vez que se defiende que “los cambios normativos que se analizan en la causa, y que supuestamente pudieran ser ilegales según el auto del juez, fueron aprobados por las Cortes Generales, siguiendo los exigentes trámites previstos en el ordenamiento, lo que implica la participación de distintos órganos consultivos”.
A ello, Equipo Económico añade para su defensa que “no han sido modificados en los muchos años transcurridos desde su aprobación, y su validez y constitucionalidad no han sido cuestionadas en ningún momento ni por ningún partido político ni por ningún gobierno ni por ninguna otra institución”.
Con ello, afirma que “asegurar que esos cambios se produjeron por decisión particular en interés de terceros, es una suposición absolutamente infundada”, ya que consideran que “en la causa no se recoge ningún indicio que soporte esa conjetura”. No obstante, el despacho omite que fue un correo electrónico el que originó la investigación y en el que se desvelaba la implicación directa del exministro de Hacienda, ya que una conversación entre dos altos directivos de una empresa gasista hablaban de la vía para influir en el Congreso de los Diputados para reformar una ley que les reportara beneficios fiscales, y esta pasaba por pagar, “como siempre”, a este bufete porque tenía contacto directo con Montoro.
Lejos de quedarse ahí, el bufete fundado por Montoro denuncia “indefensión” por “haber permanecido el procedimiento judicial durante más de siete años en una situación de secreto de sumario de las actuaciones, algo absolutamente anómalo”: “Incluso a día de hoy inexplicablemente no se nos ha permitido acceder a lo actuado en el procedimiento judicial en el último año, aumentando de esta forma la patente indefensión producida”.
De la misma forma, Equipo Económico critica que “durante todo este tiempo no se ha dado al bufete posibilidad alguna de aclaración, explicación o contradicción de la información publicada”, insinuando así que se somete por ello a unas “conclusiones sesgadas, basadas exclusivamente en conjeturas y absolutamente erróneas”, afectando gravemente a su reputación.
“Equipo Económico es un despacho profesional con una reputación, honorabilidad y solvencia profesional y económica acreditada durante sus casi 20 años de existencia”, remarca, después de volver a señalar que se reserva el derecho a ejercer cuantas acciones legales sean precisas, incluso de orden penal, “contra quien vierta acusaciones infundadas o difunda informaciones falsas”.
El correo que dio origen a la investigación
El levantamiento del secreto de sumario ha dado luz a toda una investigación de siete años tras un correo electrónico entre altos directivos de la gasista Messer Ibérica en el que hablaban de la vía para influir en la Cámara Baja para lograr beneficios fiscales.
“La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro”, afirmaba Folgado, en un mensaje fechado el 5 de diciembre de 2013. Ante esta afirmación, el juez señala que “denota” que pagar a Equipo Económico, empresa vinculada con Montoro y otros cargos del ministerio, “podría haber sido algo habitual y conocido” para obtener una contrapartida.
En otro mensaje, Folgado informaba a Hauck de la “estrategia” de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) para “intentar conseguir una rebaja del 85% del impuesto eléctrico”, después de que no hubieran sido incluidos como sector electrointensivo en la trasposición de una Directiva Europea. “Utilizando mi cargo de presidente de la Comisión de Energía de AEQT [la asociación de empresas químicas de Tarragona] he contactado con parlamentarios catalanes para que defiendan en Madrid esta discriminación contra nuestro sector pero esto llevará tiempo”, señaló el director general de Messer Ibérica, para luego introducir la opción de Equipo Económico.
Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción ya veía indicios en abril de 2019 de la participación de Cristóbal Montoro en la supuesta trama del cobro de mordidas a cambio de impulsar reformas legislativas para favorecer a determinadas empresas.
A través de un escrito enviado al Juzgado número 2 de Tarragona, la fiscal Carmen García Cerdá expuso que correos hallados durante la investigación “han permitido conocer de la indiciaria participación en el concierto de Cristóbal Montoro Romero, ministro de Hacienda en la fecha de los hechos, y del pago de comisiones ocultadas bajo la contratación, por las empresas afectadas, de informes ‘estratégicos’ a la sociedad canalizadora de dichas comisiones, Equipo Económico”.
