“La coalición no se va a romper, eso no se contempla. El Gobierno de coalición progresista continúa”. Así de tajante era esta semana el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, desde una rueda de prensa en Bruselas. La ley del ‘solo sí es sí’ ha tensado la coalición de Gobierno, ya no solo por la diferencia entre ambas fuerzas políticas en los matices respecto al consentimiento, sino por la sensibilidad y la crudeza del tema que esta vez está encima de la mesa. Este es, de momento, el último de los muchos los obstáculos que ha tenido que sortear el primer Ejecutivo de coalición de España.

Algunos son especialmente sonados, como el envío de armas a Ucrania, que desde Unidos Podemos no veían con buenos ojos; la negociación de la reforma laboral con Nadia Calviño y Yolanda Díaz entre tiranteces que requirieron de una gran negociación; o la elaboración de la ley trans, finalmente aprobada por el PSOE, pero con la abstención de Carmen Calvo, quien antes fuera vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Sea como fuere, y con determinados cambios internos de cargos claves, desde que el PSOE ganara por mayoría simple las elecciones generales de noviembre de 2019 y necesitase el apoyo de Unidas Podemos para gobernar, el que ha sido el primer Gobierno central de coalición en la moderna historia democrática española se encuentra cada vez más cerca de agotar la XIV legislatura.

Con la polémica derivada de los efectos indeseados de la ley del ‘solo sí es sí’ han vuelto las voces y los augurios sobre una posible factura del Ejecutivo liderado por Sánchez, sin embargo, el Gobierno ha demostrado que la ruptura no es una opción. Esta consideración toma aún más fuerza si se tiene en cuenta que este 2023 será un año macroelectoral y que una de las citas más señaladas, sino la que más, será la que convoque a los ciudadanos en las urnas para decidir los partidos integrantes del próximo Gobierno central.

La experiencia portuguesa

En nuestra propia frontera los partidos integrantes de la coalición española han tenido el mejor ejemplo de lo que puede ocurrir con el que decida romper dicha unión. Después de seis años de Gobierno del Partido Socialista, apoyado por el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista, el Ejecutivo portugués liderado por el socialista Antonio Costa se rompía en octubre de 2021, por una fractura desencadenada por la falta de aprobación de los presupuestos estatales, que los socios integrantes del Ejecutivo se negaron a revalidar. El presidente de la República convocó entonces las elecciones anticipadas que, ante sorpresa de todos (incluida la suya), le proporcionarían a Costa una mayoría absoluta y le convertirían en el líder socialista europeo con más votación.

Lo cierto es que la sociedad portuguesa de izquierdas decidió castigar a los socios que no facilitaron los presupuestos de su propio Gobierno, de ahí el mantra “el que rompe, paga” que ha resonado hasta el Palacio de la Moncloa y que ni PSOE ni Unidas Podemos parecen obviar.

El vacío de Ciudadanos

Otro aspecto a tener en cuenta en la cuestión española es el voto de centro, que actualmente se encuentra en gran parte diluido por la caída de Ciudadanos de los últimos años, y que tanto PSOE como PP pretenden absorber. Una ruptura del Gobierno a estas alturas de la legislatura, tras el desgaste ya producido por los enfrentamientos entre socialistas y morados, podría interpretarse como una dejación de funciones, lo cual facilitaría una posible fuga de votos de “centro” del PSOE al PP, que ahora mismo parece controlada y topada.

Además, la evaporación que ha sufrido Ciudadanos también supone un aviso determinante para Podemos de lo que puede ocurrir a los nuevos partidos tras una acumulación de pasos en falso y de una batalla pública, dado que no cuentan con el mismo suelo de votantes que los partidos tradicionales. Precisamente, esta última legislatura, marcada también por la crisis interna del PP y el relevo de Pablo Casado por Alberto Núñez Feijóo, ha demostrado que los únicos partidos que pueden soportar un escenario de ese tipo son los que cuentan con más historia.

El escaparate gubernamental

La habilidad negociadora que ha demostrado Yolanda Díaz, como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, a la hora de dialogar con una organización como la patronal, es uno de los principales motivos por los que el votante de izquierdas parece inclinarse más por la opción de Sumar que por Podemos, en el caso de que ambas fuerzas vayan por separado. Los morados parecen haber tomado nota, de ahí que en las últimas comparecencias y declaraciones de Podemos haya un espacio reservado por el portavoz en cuestión para reivindicar los avances “impulsados” por la fuerza “más a la izquierda” del Gobierno.

De ahí que a los morados les compense agarrarse a la carta de la coalición y poner en valor la necesidad de su empuje y reivindicación progresista, pero siempre con cuidado de no caer en la ruptura. Ya lo decía Ione Belarra, secretaria general de Podemos, este mismo fin de semana: “La coalición cuenta con la misma mala salud de hierro de siempre”.

Por su parte, el sector socialista del Ejecutivo, capitaneado por Sánchez, se encuentra gestionando la última crisis provocada por la polémica de la ley del ‘solo sí es sí’, con distintos activos valiosos como los ministros de la Presidencia, Félix Bolaños, y Hacienda, María Jesús Montero. También Patxi López, el portavoz parlamentario, quien quiso aclarar este fin de semana que los socialistas pretenden “corregir sí o sí esta ley sin alimentar el ruido. Vamos a dialogar, vamos a negociar, vamos a sacar adelante una respuesta con todos los que apoyaron la ley”. El PSOE se encuentra, por tanto, en plena negociación con Podemos a la búsqueda de una solución que no opaque su gestión durante una complicada legislatura, marcada por una pandemia mundial y una guerra en Europa.

En definitiva, por mucho que se tense la cuerda, ambas fuerzas políticas prefieren las complicaciones derivadas de ser integrantes del Ejecutivo, que provocar una fractura que les obligue a estar fuera del mismo.