El próximo martes 7 de marzo se votará la propuesta del PSOE para reformar la polémica ley de libertad sexual ‘solo sí es sí’. Es la primera vez que el grupo socialista cuenta con el apoyo público de PP, Vox y Ciudadanos en vez de con el respaldo de sus socios de Gobierno y algunos de sus apoyos parlamentario habituales, como ERC, EH Bildu o Más País. Sí contará con otros de sus socios frecuentes, como PNV, PDeCAT y Coalición Canaria, que buscan reformar la ley cuanto antes. Este mismo viernes el portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, Pablo Echenique, anunció que los morados no van “a votar con el PP volver al Código Penal de La Manada”. “Llevamos dos semanas haciendo propuestas y pidiéndole al PSOE que se siente a negociar. Pensamos que el PSOE debería apostar por un acuerdo con la mayoría feminista de la Cámara, con un acuerdo en el seno del Gobierno con el Ministerio de Igualdad y no apoyarse en el PP”, añadía desde los pasillos de la Cámara Baja el portavoz.
Al conocer estas declaraciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondía desde Helsinki, sacando pecho del compromiso feminista del Ejecutivo pero también indicando: “Creo que hay un sentir mayoritario de que tenemos que tomar en consideración la reforma del Código Penal para corregir una buena ley que ha tenido efectos inesperados”. Lo cierto es que la ley está suponiendo un desgaste para ambos socios de Gobierno, que no son capaces de llegar a un punto de acuerdo, un hecho que empieza a verse reflejado en las recurrentes encuestas.
Malestar en la izquierda y satisfacción en la derecha
El argumento dique de los morados es que no quieren retroceder en la cuestión del consentimiento, buscan que la responsabilidad de la agresión no vuelva a caer en la víctima. La propuesta socialista se basa en incrementar las penas asemejándolas al Código Penal anterior a la ley del solo sí es sí, pero también incluye en uno de sus artículos (el 178) la distinción entre las agresiones sexuales cometidas con y sin violencia e intimidación. Tener que probar esos actos violentos e intimidatorios es la línea que no quieren cruzar desde UP. Desde Ferraz aseguran que con su reforma el consentimiento queda intacto y que es su propuesta la que “está encima de la mesa. Ahora mismo las víctimas son lo más importante, y cerrar una puerta por la que sus agresores pueden ver reducidas las penas a las que fueron condenados”.
Por su parte, las fuentes del partido de Irene Montero preguntan: “Si no se toca el consentimiento, ¿por qué lo apoyan Vox y PP? ¿No se toca el consentimiento teniendo que demostrar ‘una herida’ como dijo la ministra de Justicia para acceder a las penas más altas? ¿No se toca el consentimiento volviendo a tener que demostrar violencia e intimidación?”. Asimismo, sobre las soluciones de Unidas Podemos, los morados aseguran que “se han enviado siete propuestas donde se cedía subiendo las penas a pesar de que eso, tal y como ha dicho la propia Llop, no va a solucionar el problema. Y se ha propuesto subirlas, pero no teniendo que probar violencia e intimidación en el subtipo. Es decir, manteniendo el consentimiento”.
A los socios parlamentarios de izquierdas se les hace cuesta arriba aprobar una reforma que no tenga el visto bueno de Igualdad. Así lo expresan desde ERC, que se limitan a apuntar que lo prioritario es que en la coalición “negocien y se pongan de acuerdo”. Mientras, el entorno cercano al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, conscientes de que este clima les beneficia expresan que esta crisis “es la prueba de que el gobierno está en llamas”. Además, aprovechan para sacar rédito del que será uno de los nuevos pilares en su campaña electoral, el Caso Mediador. “Llegan al 8M con Podemos devastado por el ‘sí es sí’ y con el PSOE padeciendo los efectos de un caso por el que un diputado suyo ha cobrado mordidas pagadas con el cuerpo de las mujeres”.
Es un hecho que la crisis provocada en el Ejecutivo no beneficia a los socialistas, no obstante, contarán con una amplia mayoría parlamentaria en la votación puesto que, salvo sorpresa, además del bloque de derechas (incluyendo a Foro Asturias y los dos ex de Navarra Suma), la reforma tendrá el martes el apoyo del PNV, PDeCAT y Coalición Canaria. Es más, Aitor Esteban, portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, ya expresó en cuanto se conoció la propuesta socialista que ésta “podría servir” para redefinir las horquillas de las penas y “acotar” la aplicación indeseada de la ley por parte de los jueces.
El próximo martes 7 de marzo, en la víspera del Día Internacional de la Mujer, se espera una votación crispada y con un Ejecutivo con heridas, en la que la posición de Yolanda Díaz será determinante también para las futuras alianzas de su proyecto político, Sumar. De momento, la vicepresidenta segunda solo se ha pronunciado para afirmar que sigue esperando una unión por parte de los integrantes del Gobierno: "No hay ningún acuerdo imposible, me lo van a decir a mí", indicaba Díaz esta semana.
