La investidura de Pedro Sánchez está a la vuelta de la esquina, no solo en términos de fecha sino también políticos. Mientras fuentes parlamentarias deslizan algunas pistas sobre el calendario de debate y votación, los acuerdos avanzan en las últimas horas. ERC y el PSOE ya han cerrado el traspaso de Rodalies a la espera de registrar el texto de la ley de amnistía acordada también con Junts per Catalunya. De momento se desconocen los pormenores de todos estos pactos, pero sí se tienen certezas al respecto de qué es, qué puede suponer y qué sentimientos ha generado en el panorama político una futura norma para dar una solución al conflicto del procès. Estas son las dudas y las respuestas a algunas preguntas sobre la amnistía.

¿Qué es la amnistía?

El Diccionario panhispánico del español jurídico, de la Real Academia Española (RAE), señala que "la amnistía tiene naturaleza colectiva y se ordena normalmente por razones de orden político de carácter extraordinario como el término de una guerra civil o un período de excepción". Es decir, se trata de una cesión con el objetivo de conseguir un bien mayor, como puede ser un trámite para pasar de un régimen autoritario a otro democrático, para hacer borrón y cuenta nueva. En Derecho Constitucional, la amnistía es una forma de ejercicio del derecho de gracia que corresponde a los poderes públicos por razones de orden político de carácter extraordinario.

De esta forma, la amnistía es una medida de gracia que se concede a un colectivo de personas en el marco de la política, requiere del acuerdo del Congreso de los Diputados y del Gobierno y se formula a través de una ley orgánica. En este caso, constituye el olvido legal de delitos y lo hace sin necesidad de que haya existido juicio, sentencia o condena, y borra también los antecedentes penales de los afectados. De hecho, la amnistía, tal y como recoge la RAE, es el perdón que los poderes públicos conceden a la comisión de un delito y a la posible pena aparejada, lo que quiere decir que se borra legalmente su infracción y no constaría, por lo que no sería reincidente en el caso de cometer otro delito posterior.

¿Qué diferencia hay con los indultos? 

Así, mientras la amnistía es colectiva, el indulto es el perdón total o parcial de una pena a título individual en la que el indultado nunca pierde su condición de condenado, por lo que sí sería reincidente si comete otra falta. Un extremo que no ocurre con aquellos beneficiados por la amnistía, que es el olvido legal de delitos y extingue la responsabilidad de sus autores. De hecho, la palabra amnistía tiene una raíz griega a partir de amnesia. Cabe destacar que este mecanismo ha sido utilizado masivamente en los diferentes gobiernos: durante el gobierno de Felipe González (1982/1996) se concedieron 5.944 indultos; en el de José María Aznar, 5.948 (1990/2004); José Luis Rodríguez Zapatero indultó a 3.381 personas (2004/2011) y Mariano Rajoy, a 898 (2011/2018).

¿Cuándo se prevé que se registre la ley?

La intención del PSOE es registrar la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados cuanto antes para poder celebrar el debate de investidura de Sánchez con el texto en marcha. Todo también a la espera del visto bueno socialista, ya que este sábado está previsto que las bases del PSOE voten la amnistía. Por eso está previsto que la presenten en las próximas horas, antes del fin de semana. Una vez se presente en el registro y la Mesa la califique, la norma empezará a tramitarse en los próximos días, sin embargo, una vez sea aprobada, tendrá todavía por delante un arduo recorrido judicial según las objeciones que planteen los tribunales que tienen que aplicarla, que son todos los que han juzgado o tienen abiertos procedimientos afectados por la medida de gracia. También los escollos que pongan los partidos políticos ante el juez.

¿Qué se ha pactado con ERC y qué con Junts?

Tanto Junts per Catalunya como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han solicitado a Sánchez la aprobación de una ley de amnistía que beneficie a todas aquellas figuras -tanto políticas como civiles- que han sido objetos de causas penales, civiles y administrativas por promover un proceso de independencia en Cataluña. Todo como punto de partida indispensable para apoyar su investidura. Por el momento se desconoce el alcance concreto de esta norma, ya que aún siguen negociando cada uno de los puntos y perfilando su articulado, y evitan filtrar información para no manchar las conversaciones, pero sí se tienen pistas sobre qué han exigido cada uno y qué estaría ya rubricado entre las partes.

En un comunicado compartido este martes por el PSOE y ERC, ambas formaciones aseguran que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, "han desbloqueado lo últimos detalles de la futura ley de amnistía", considerando "colmadas sus expectativas y satisfechos sus principios políticos sobre esta norma". Los republicanos señalan que la ley de amnistía incluye a todos los represaliados políticos mientras hace tan solo un día fuentes de Junts han asegurado que solo falta "un 5%" para que ellos den el visto bueno al texto. Esto pasa por que entren en los beneficios igualmente los encausados en este asunto Tsunami Democràtic y los CDR.

¿Qué dice la derecha? 

Esta medida ha despertado la ira de la derecha, que ha cargado incansablemente contra Sánchez por "claudicar" ante el independentismo. Tanto es así que se han producido varias manifestaciones y "movilizaciones permanentes" con el sello del Partido Popular y de Vox en contra de esta iniciativa -pese a desconocer el texto de la misma- e incluso han anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional para paralizar la amnistía. Uno de los primeros movimientos efectos ha sido el aprovechamiento de la mayoría absoluta de los populares en el Senado para impulsar la modificación del reglamento de la Cámara Alta con el objetivo de retrasar la tramitación de la norma. Con todo, ni esto ni los recursos pueden frenar su aplicación.

¿Qué decía el PSOE antes?

Las críticas de la derecha vienen motivada especialmente por el cambio de argumentación del PSOE al respecto de la amnistía. Y es que han sido múltiples los momentos en los que esta formación ha mostrado su oposición en el pasado, antes de las elecciones generales del pasado 23 de julio. De hecho, a lo largo de los últimos años muchos de los socialistas más cerca de Sánchez han mantenido esta postura, hasta que ha entrado a formar parte de las negociaciones para que el dirigente continúe al frente de La Moncloa. El mismo Pedro Sánchez, pocos días antes de los comicios, dejó claro que la amnistía no entraba en sus planes y se comprometió a no llevarla a cabo, al igual que algunos de sus ministros.

En una entrevista el 20 de julio en el programa Al Rojo Vivo, Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, aseguró que "el independentismo pedía la amnistía, pedía un referéndum de autodeterminación y no ha habido amnistía y no habrá referéndum de autodeterminación". Esto siempre ha sido una línea roja ya que era "claramente inconstitucional" así como una medida "implanteable" o incluso una "imposición" de los partidos independentistas que el Ejecutivo no podía aceptar. Campo llegó a pronunciarse muy contundente al respecto hasta asegurar que "la amnistía es el olvido" y nuestro país no debía olvidar lo que ocurrió en Cataluña en el año 2017 con el procès y el 1 de octubre.

Pero estas palabras han quedado lejos. Hace menos de un mes, Sánchez rompió el silencio sobre la amnistía que había mantenido desde que se abriera el melón de las negociaciones y aseguró que "no deja de ser una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales". "No puedo anticipar un acuerdo hasta que no se produce ese acuerdo porque estamos en plena negociación. No habrá acuerdo hasta que todo este acordado", ha subrayado el presidente del Gobierno en funciones en la rueda de prensa posterior a la reunión informal de Jefes de Estados o de Gobierno de la Unión Europea el pasado 6 de octubre, tan solo días después de conocer su designación como candidato a la investidura. Ya en el Comité Federal, Sánchez aseguró que defiende la amnistía "por el interés de España".

¿Qué socialistas están descontentos? 

Aunque el PSOE está negociando activamente la amnistía, no todos los socialistas están contentos con esta propuesta. Uno de los más críticos con todos los movimientos de Sánchez es Emiliano García-Page, quien ha rechazado abiertamente esta medida de gracia. El líder socialista de Castilla-La Mancha ha llegado a decir hace una semana a las puertas de Ferraz para la celebración del Comité Federal que la amnistía "va contra los valores" del partido. Sin embargo, se quedó solo al renegar de lo que ha considerado son concesiones a los dirigentes independentistas, ya que en este asunto ha sido el único en manifestarse públicamente en estos términos. Finalmente dio pasos hacia detrás y terminó asegurando que asumirá la decisión de la militancia.

Por ejemplo, el expresidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha afirmado que una eventual ley no es "una salida perfecta" pero que esta cuenta con apoyo de la mayoría de la militancia socialista. Así lo ha dicho este jueves en sendas entrevistas en La2 y Ràdio4, en las que ha sostenido que esta opción es mucho mejor que otras, un hecho que cree que la formación "entiende muy mayoritariamente". En este sentido, ha dicho que el objetivo es "posibilitar un escenario en el que no sea posible" la unilateralidad gracias a la mayoría social que los socialistas tienen en Cataluña. "Pactar no es traicionar, pactar es acordar para mejorar la situación de la sociedad, que es lo que debería convocarnos ahora todos", ha sostenido.

¿Hay antecedentes?

Sí, y bastante antiguos. En octubre del 1977, el Gobierno que salió elegido en las primeras elecciones celebradas tras la dictadura de Francisco Franco aprobó una Ley de Amnistía para beneficiar a los presos y condenados por delitos y faltas políticas cometidas antes de la promulgación de esta ley. Se produjo en plena legislatura constituyente, donde el principal objetivo fue elaborar la Constitución como paso indispensable para la transición del franquismo a la democracia, y fue aprobada con el voto favorable de todos los diputados, excepto los de Alianza Popular y Euskadiko Ezkerra. Cabe destacar que aunque se aprobó bajo el espíritu de concordia, las asociaciones de memoria histórica denuncian que aquella medida está impediendo juzgar delitos políticos cometidos con anterioridad a diciembre de ese año.

Los dirigentes fugados, ¿de vuelta para las elecciones?

La futura ley tiene efectos claros en la política, hasta el punto de incluso recuperar a dirigentes independentistas prófugos de la justicia. Y es que tanto Carles Puigdemont como Marta Rovira o el resto de políticos no están inhabilitados, por lo que podrían volver a presentarse a las elecciones. Todo ello incluso sin que la norma se hubiera aplicado en su totalidad y estuviera a la espera de las posibles cuestiones de inconstitucionalidad en la justicia. El caso es distinto para Oriol Junqueras y aquellos condenados por el Supremo, quienes han sido indultados en la pena de cárcel pero sí tienen inhabilitación. De esta forma, dependerá de la resolución del Constitucional y si esta llega a tiempo para los comicios, especialmente los regionales de Cataluña para febrero de 2025.