En medio del debate por la reforma del sistema de pensiones hay un sector que juega un papel protagonista, por encima incluso de los jubilados actuales. Son los baby boomers, los responsables de sostener el sistema de pensiones actual con su trabajo y sus cotizaciones a la Seguridad Social. Pero ya ha saltado la alarma: los baby boomers están a punto de jubilarse y dejar su papel a las siguientes generaciones.
Las cifras llevan avisando desde hace años: el sistema de pensiones públicas necesita un cambio y debe estar preparado cuando llegue la hora de jubilarse de estos trabajadores, nacidos entre finales de la década de los 50 y finales de los 70. Dos décadas en los que nacieron más de 13,3 millones de niños -de ahí lo de baby boomers- que ahora tienen entre 45 y 65 años.
Los de 45 todavía tienen unos años para seguir sosteniendo el sistema. El problema está con los baby boomers cercanos a los 65, que en unos pocos años pasarán de ser trabajadores a ser jubilados. Según las cifras, el 40% de los españoles pertenece a esta generación y de aquí a los próximos veinte años dejarán el mercado laboral, con los problemas que eso supone para el resto de la sociedad.
Más allá del paso de esta generación a su jubilación, el propio sistema de la Seguridad Social ya ha dado señales de alerta. El gasto en pensiones asciende ya a los 171.165 millones de euros, según lo dispuesto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. Y no solo supone la mayor inversión del Estado a nivel anual, sino que no va a dejar de crecer. Tal y como ha anunciado la ministra de Hacienda, el gasto en pensiones aumentará un 4,81% en 2022 y las pensiones mínimas y no contributivas mejorarán su prestación un 3%.
A pesar de que el Gobierno destinará el 40% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 al sistema de pensiones -también a la reforma que prepara el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá- es previsible que el déficit del sistema continúe por razones demográficas.
La demografía no ayuda
Y es que la demografía tampoco está a favor del sistema de pensiones. Al paso de los baby boomers de trabajadores a jubilados se suma el estancamiento de la tasa de natalidad, mientras la esperanza de vida sigue en aumento. En este caso, la mejora de la esperanza de vida no es un dato negativo, ya que implica más años de vida para los ciudadanos por las mejores condiciones pero para el sistema de pensiones no es tan bueno como parece.
Todos estos factores confluyen en una circunstancia final: el cambio de la pirámide demográfica. La comparativa va desde las cifras de 1995, cuando los españoles mayores de 65 años suponían un 15,5% de la población total hasta este año, con un 20% del total. Una progresión que no pretende frenar y que continuará al alza, con previsiones de alcanzar el 31,1% en 2050.
El efecto para las pensiones es obvio: si hay más pensionistas y menos trabajadores, la viabilidad del sistema se complica. Si hay menos personas de entre 30 y 60 años se reducirá la masa laboral, por lo que también se verá ralentizada la tasa de actividad del mercado laboral. Y además, se necesitarán más trabajadores por jubilados, lo que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) denomina tasa de dependencia, que divide la población total entre la que está en edad de trabajar, aquella entre los 16 y los 66 años.
Es decir, si la población total en España aumenta hasta los 54 millones en 2050 y la población en edad de trabajar queda en los 30 millones, la tasa de dependencia será del 53% en 2050. Una tasa que ha ido aumentando desde las últimas décadas, estando ligeramente por encima del 15% en 1990, hace tres décadas.
Cambios para 2022
El primer bloque de reformas acordado por Gobierno y agentes sociales incluye la eliminación de los gastos impropios del sistema de la Seguridad Social. En otras palabras, sanear las cuentas y eliminar parte del déficit, ya que la hucha de las pensiones dejará de pagar otros gastos y prestaciones que no le corresponden. Sin embargo, no parece una medida suficiente para solucionar el problema.
A partir de 2022 las pensiones volverán a revalorizarse según el IPC, una medida que beneficia a los pensionistas ya que equipara el coste de la vida -de hacer la compra, llenar el depósito o pagar la electricidad- con la pensión que recibe mensualmente. Pero para sostener esta medida habrá que hacer cambios.
Uno de estos cambios ya ha sido anunciado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha propuesto aumentar las cotizaciones para mantener la viabilidad del sistema. En concreto, ha presentado una primera propuesta a los agentes sociales que pasa por aumentar las cotizaciones un 0,5% durante una década, entre 2023 y 2032. Así, la Seguridad Social podría contar con un colchón para poder pagar la jubilación de los baby boomers, un colchón que iría directamente a la hucha de las pensiones.
Otra de las medidas previstas por el Gobierno es la creación de nuevos fondos de pensiones de promoción pública, con la que ha descartado en un principio el macrofondo de pensiones privadas. En el anteproyecto se incluye un borrador que incluiría la previsión social complementaria más allá de las pensiones públicas.
La hucha de las pensiones está en peligro
La Airef prevé que el gasto en pensiones siga aumentando en las próximas décadas para alcanzar máximos en 2045, cuando se situarán en el 14,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Todo esto en un momento en el que la hucha de las pensiones está próxima a vaciarse, tanto por el aumento del gasto como por los menos ingresos. Así, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social -así se llama oficialmente la hucha de las pensiones- tenía a finales del año pasado 2.138 millones de euros, frente a los 66.815 millones de 2011.
No hay que olvidar tampoco el impacto que la crisis del coronavirus ha tenido en el sistema de la Seguridad Social. Mientras que en los primeros, y peores, meses de la pandemia el gasto en pensiones disminuyó por primera vez en mucho tiempo -consecuencia de la alta mortalidad por la enfermedad-, la Seguridad Social también tuvo que afrontar gastos derivados de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y otras prestaciones, como medidas para frenar el impacto socioeconómico de la pandemia.
Con este panorama encima de la mesa, es evidente que el sistema necesita una reforma. Para ello ya están reunidos el Gobierno, sindicatos y patronal, que tienen hasta el próximo 15 de noviembre, en apenas unos días, para llegar a un acuerdo sobre el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la herramienta de cálculo que sustituirá al factor de sostenibilidad diseñado por el Partido Popular en la reforma de pensiones de 2012, entre otras medidas que permitan la supervivencia del sistema público de pensiones.
