José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sigue avanzando en la reforma del sistema de pensiones con los agentes sociales. En medio de la negociación del segundo gran bloque, Seguridad Social ha diseñado una propuesta para los nuevos fondos de pensiones de promoción pública, descartando un macrofondo de pensiones privadas en un primer momento.
El ministro ha presentado una primera propuesta para los fondos de pensiones de promoción pública, una medida que prevé tener preparada antes de finales de año, es decir, en los próximos dos meses. El borrador del anteproyecto de ley de fondos de pensiones de promoción pública y planes simplificados incluye la gestión de una de las medidas más importantes para la previsión social complementaria, más allá de las pensiones públicas.
El primer borrador de Seguridad Social, al que ha tenido acceso Cinco Días, incluye un marco común en el que convivirían multitud de planes colectivos de empleo, descartando así el macrofondo de pensiones con gestión privada, obtenido por concurso y con supervisión pública, para empresas y autónomos, al menos por el momento. Ante esta opción, el Ejecutivo apuesta por crear los planes de empleo simplificados, una nueva figura jurídica.
Los planes de empleo simplificados estarán vinculados necesariamente a los fondos de empleo de promoción pública y, según este primer borrador, incluye a “empresas incluidas en los acuerdos sectoriales vinculados a la negociación colectiva”, “Administraciones públicas y sociedades mercantiles públicas” o “asociaciones de trabajadores autónomos para sus asociados, por colegios profesionales o por mutualidades de previsión social (como la Mutualidad de la Abogacía)”, tal y como avanza el medio.
Asimismo, el texto matiza que todas estas opciones “serán administrados por una entidad gestora con el concurso de una entidad depositaria y bajo la supervisión de una única comisión de control especial para todos los fondos de pensiones de promoción pública”. Estas gestoras tendrían que reunir los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones.
Condiciones: comisión máxima del 0,5%
Con esta nueva propuesta, las asociaciones de autónomos, las Administraciones Públicas y las patronales sectoriales tendrán que presentar hasta tres propuestas diferentes de gestoras, que tendrán como objetivo administrar el dinero depositado paulatinamente a favor de los trabajadores. Con este supuesto inicial, podrían participar en el proceso varias firmas, que podrían estar ligadas a banca, seguros y mutualidades de previsión social, así como firmas independientes o incluso grupos extranjeros.
Más allá de la forma de gestionar los fondos de pensiones privados, el borrador del Gobierno incluye una comisión máxima del 0,5% para las gestoras. Por un lado, un 0,4% anual como máximo para las gestoras y un 0,1% anual como máximo para la entidad depositante. Esto dejaría el porcentaje final en el 0,5%, muy por debajo de la comisión abonada en los planes de pensiones individuales.
El borrador incluye una explicación del Gobierno para apostar por esta medida, con dos razones clave. Por un lado, el informe de la Airef que desveló que el actual sistema de pensiones privadas era regresivo fiscalmente y no cumplía con el objetivo de ser un instrumento de ahorro y medio y largo plazo. Por otro lado destaca el “estancamiento observado en la actualidad en los planes de pensiones de empleo”. Este fondo también va en la línea de las recomendaciones del Pacto de Toledo y de la Comisión Europea, tal y como reconocen fuentes de Seguridad Social a ElPlural.com.
Además de la creación de este sistema para gestionar las pensiones privadas, el Gobierno ha modificado los incentivos fiscales a la inversión, con el traspaso de la mayoría de las deducciones a los planes colectivos desde los planes individuales. Para asegurar el buen funcionamiento de los fondos, el borrador incluye que “los activos de los fondos de pensiones serán invertidos exclusivamente en interés de los partícipes y beneficiarios tomando en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones”.
Promover los planes de empleo como forma de ahorro a largo plazo
El objetivo de la reforma, según fuentes del Ministerio de Seguridad Social, es promover los planes de empleo como forma de ahorro a largo plazo. En esta línea, recalcan que contar con un fondo público "tiene muchas ventajas", entre las que destacan comisiones "mucho más bajas" y el acceso a los planes colectivos de autónomos o funcionarios.
En primer lugar, contar con un alto número de beneficiarios en el sistema permite establecer comisiones "mucho más bajas que en los planes de pensiones individuales", tal y como aseguran desde el departamento. De hecho, la propuesta del borrador del Gobierno está por debajo de la mitad de las comisiones del sistema actual.
En segundo lugar, este fondo permitiría el acceso a los planes colectivos a "personas que ahora mismo no tienen acceso", como los autónomos o los funcionarios. En este caso, Seguridad Social explica que salvo en el País Vasco, a nivel nacional solo las grandes empresas e instituciones pueden contar con planes colectivos de pensiones para sus trabajadores.
Asimismo, revelan que la puesta en marcha de este fondo público de empleo está siendo acompañada de la traslación de los beneficios fiscales desde los planes individuales a los colectivos, en línea con la recomendación de la Airef.
“En los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se establecía un plazo de doce meses para que el Gobierno presentara un proyecto de ley sobre fondos de pensiones públicos de empleo en el que se atribuye a la Administración del Estado la capacidad legal para su promoción en la que se trabaja actualmente. Por tanto, el compromiso es que este anteproyecto esté listo antes de final de año. El borrador se ha llevado a la mesa del diálogo social sobre pensiones y ahora mismo se está analizando allí”, explican desde el departamento de Escrivá.
Una comisión de control con 17 representantes
El primer borrador prevé la creación de una comisión de control especial para los nuevos planes de empleo. Una comisión que tendrá que contar con 17 representantes, 9 de ellos elegidos por el Ministerio de Seguridad Social, 4 por los sindicatos y 4 por la patronal, con una duración del mandato de seis años.
La retribución de sus miembros “se determinará reglamentariamente y podrá tener un componente variable en función [...] de los resultados de rentabilidad a largo plazo y del riesgo asumido”, explica el borrador, de los que al menos el 40% tendrán que ser mujeres. La comisión de control especial será la misma para todos los fondos de pensiones de promoción pública, con las mismas funciones de las comisiones de control en los planes de empleo convencionales.
De hecho, la comisión de control se reunirá mensualmente “para evaluar los balances, cuentas de resultados de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, las nuevas adscripciones de planes, las incidencias y análisis de carteras con su composición, adecuación, rentabilidad y riesgo”, recoge el texto.
El borrador también revela que se realizará mediante una plataforma digital común. “Las entidades gestoras utilizarán una plataforma digital común que permita el acceso remoto y por medios telemáticos a las empresas y sus representantes, dando servicio a partícipes y beneficiarios”. Por otro lado, se exigirá que los planes tengan un proceso de inversión “socialmente responsable”, con criterios comunes que tendrán como valoración riesgos extrafinancieros y criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo.
Los sindicatos aún no han estudiado la medida
Los responsables de la negociación desvelaron este borrador a los agentes sociales en la tarde de ayer tras la reunión celebrada por la mañana. Tanto UGT como CCOO rechazaron inicialmente esta propuesta al considerar que “no aborda cuestiones esenciales en esa materia en relación de los derechos de las personas trabajadoras y que supone cambios sustanciales sobre la regulación actual de los fondos de pensiones de empleo que no compartimos”.
En esta línea, alertaban de que solo abordarían la negociación de este fondo en el momento en que termine el desarrollo de otras materias de la reforma, con la negociación del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional como sustituto del factor de sostenibilidad de la reforma de pensiones de 2013 de Mariano Rajoy.
Así se ha pronunciado esta misma mañana el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, asegurando que "ni siquiera va a ser objeto de negociación en este proceso abierto" ya que solo cuentan con un documento en estos momentos. "Con la misma contundencia que lo planteó (el ministro Escrivá) le dijimos que eso no va a ser objeto de negociación en el marco de los acuerdos de pensiones" -denuncia el líder sindical- "Es una cuestión que nada tiene que ver con el Pacto de Toledo". "Queremos asegurar, desde el sistema público, pensiones suficientes", ha matizado en la sede de UGT Extremadura.
En la reunión de ayer, el Ministerio de Seguridad Social trasladó varias propuestas a los sindicatos sin llegar a un acuerdo en ninguno de ellos. Estos puntos pasan por la propuesta de modificación para la prestación de viudedad para las parejas de hecho, la posible modificación de la orden que regula el sistema especial de frutas y hortalizas, sobre la cotización en supuestos de prácticas no laborales, la constitución de un plan de trabajo para la jubilación anticipada debida a la actividad y, efectivamente, el borrador de este anteproyecto de ley de fondos de pensiones de promoción pública y planes simplificados. Tras solo compartir impresiones, las partes se remiten a una nueva reunión el próximo lunes 25 de octubre.
