“Seis de cada diez euros irán destinados a gasto social”, aseguraba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. Pero no solo eso, sino que “los Presupuestos de la recuperación justa” tienen como principal protagonista al sistema de pensiones y su viabilidad para el próximo año, que se llevan el 40% de la previsión de gasto de las cuentas públicas, con una dotación total de 171.165 millones de euros.
En medio del debate en el Pacto de Toledo para seguir adelante con la primera pata de la reforma de las pensiones -acordada ya por el Gobierno y los agentes sociales- y de la negociación del segundo gran bloque de la reforma por estos mismos, donde se encuentra la derogación del factor de sostenibilidad del Partido Popular de 2013, el Ejecutivo ha optado por reservar una importante cantidad de dinero para asegurar las pensiones en 2022.
En unos presupuestos “con el mayor techo de gasto de nuestra historia”, el Gobierno cuenta con un presupuesto previsto de gasto inicial en los 458.970 millones de euros, de los que 27.633 millones de euros corresponden a los fondos europeos.
Las políticas sociales ocupan un nivel privilegiado en estas previsiones de gasto, con el 60% del total, equivalente a 247.075 millones de euros, y dentro de este lo hacen las pensiones, con un 40% de los presupuestos totales y 171.165 millones de euros. De hecho, la dotación para el sistema de pensiones supera a todas las demás partidas, incluido el segundo gran bloque (en amarillo), correspondiente a las actuaciones de carácter general, con una dotación para 2022 de 132.968 millones de euros.
Las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3%
Además de ser la partida principal, indiscutiblemente, de los nuevos Presupuestos, las previsiones del gasto en pensiones del Gobierno han aumentado en un 4,8% para el próximo año. Esto sucede por el anuncio de subir las pensiones mínimas y no contributivas un 3%, así como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la medida aprobada por el Gobierno para proteger a las rentas más vulnerables.
Asimismo, las pensiones contributivas quedarán ligadas a la inflación de los doce meses previos a noviembre de este año, según lo pactado por los agentes sociales en la reforma de pensiones y que ahora se discute en el Congreso de los Diputados, tal y como aseguró Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este jueves, donde se aprobó el primer proyecto de los PGE para 2022. “La revalorización de las pensiones se desliga de los PGE como hasta ahora”, anunció la ministra de Hacienda.
El gasto presupuestado en pensiones en las cuentas públicas no ha dejado de subir desde 1996, en los 47.578 millones de euros, hasta los 171.165 millones previstos para 2022, como se aprecia en el siguiente gráfico.
El capítulo de gasto social se completa con 22.457 millones destinados a políticas de desempleo, 7.648 millones al fomento del empleo, 6.154 millones a los Servicios Sociales y Promoción Social, 5.434 millones al gasto público en Sanidad, 3.336 millones en transferencias al sistema de la Seguridad Social, 5.023 millones al gasto en Educación 3.295 millones para garantizar el Acceso a la Vivienda y el Fomento de la Edificación, 1.589 millones para Cultura y otros 20.974 millones para otras prestaciones económicas.
Además, los nuevos PGE contemplan también el aumento de las transferencias a la Seguridad Social para asumir los gastos impropios, con 4.400 millones de euros más, y el apoyo a pensiones para aquellos ciudadanos con mayor nivel de precariedad.
