Poco a poco, con mucha prudencia, los países más afectados están preparando sus planes de desescalada del confinamiento provocado por la crisis del COVID-19. Las expectativas de una crisis en forma de V, con una recesión intensa en el segundo trimestre de 2020 y un fuerte crecimiento en el tercer y cuatro trimestre, se han quedado atrás dadas las características que se van descubriendo de la nueva pandemia. El hecho de que personas que lo han pasado hayan vuelto a dar positivo, o de que se puedan esperar nuevos rebrotes con una intensidad suficiente como para volver a hacer necesaria el coma inducido en la economía, hace que la situación que vivimos pueda prolongarse, con un menor grado de intensidad, en los próximos años. Los ensayos clínicos de vacunas están pronosticando que, en el mejor de los casos, podremos contar con una vacuna viable en 18 meses. Suponiendo que la producción masiva de dicha vacuna pueda producirse en tiempo record, el horizonte temporal en el que la humanidad pueda vencer la pandemia se sitúa bien entrado 2021 o incluso 2022.

En sus previsiones para el año 2020, el Fondo Monetario Internacional ha estimado que la crisis económica mundial provocada por el virus será de mayor calado que la vivida en 2008-2009, con una caída global del 3% del PIB. Es un escenario central, pero no el único. En un escenario más pesimista, que sitúa la posibilidad de un nuevo rebrote a finales de año, la economía mundial perdería otro 3% adicional, una recesión sin precedentes en el último siglo, equivalente a una guerra mundial o a otros acontecimientos de gran calado.

El escenario dantesco que sitúa a la economía mundial en un contexto de largos parones y breves reactivaciones durante los próximos dos años no es absolutamente improbable, y por lo tanto, cabe situarse en el mismo como punto de partida. Si el multimillonario Bill Gates anunció en 2015 los riesgos de una pandemia mundial, si el Banco Mundial y la OMS anunciaron en septiembre que el mundo no estaba preparado para una pandemia como la que estamos viviendo, y si el científico Martin Rees anunció su el riesgo existente en su último libro, podemos señalar que la gobernanza global ha fallado en interpretar los riesgos. Pero si hay un rebrote y la economía mundial no está preparada, podemos hablar directamente ya de negligencia dolosa.

¿Qué podemos hacer entonces? Se está hablando mucho de un Plan Marshall de reconstrucción, o del Green New Deal como vectores de recuperación de la economía. Son buenos puntos de partida, que sirven que guía para las políticas económicas tras esta primera oleada, a la espera que conocer los detalles y las cifras del mismo, así como la manera en la que se podría financiar. Sin embargo, sería interesante que los esfuerzos de reactivación se centrasen en estructurar adecuadamente la economía para resistir nuevos rebrotes durante los próximos meses. Atendiendo a España, esta preparación situaría el “plan de inversiones" en los siguientes ejes:

En primer lugar, ningún científico cualificado de España debería tener que quejarse de falta de medios. Hay que inundar de recursos a todos aquellos que están investigando el virus y otras pandemias potenciales. Son nuestro servicio de inteligencia frente a las posibles evoluciones del virus.Y no estoy hablando sólo de laboratorios, sino de la elaboración de estudios epidemiológicos, experimentos aleatorizados, grandes muestras de población, etc. España dedica a I+D un 1,24% del PIB, casi la mitad de lo destinado por la media de la Unión Europea.

En segundo lugar, los países deberían invertir en reservas estratégicas de capacidades sanitarias. El incremento de la capacidad de los sistemas sanitarios en términos de camas, tecnología, recursos de atención primaria, consumibles debe ser una prioridad nacional incluso pasando este actual período de crisis. España destina a gasto en salud alrededor del 8,9% del PIB, lo cual supone alrededor de un punto menos que el promedio de la Unión Europea (9.8%). El recurso a la salud digital, o e-health, debe extenderse para evitar presiones evitables en un sistema que debe tener capacidad de absorber nuevas crisis. Existen experiencias europeas que podrían ser tenidas en cuenta como referencia.

En tercer lugar, hay que someter a la economía a un proceso acelerado de digitalización. España destaca en su conectividad -red de banda ancha instalada- y en los servicios públicos digitales, pero no en adaptación de las PYMEs, nuestro principal tejido productivo. En España sólo el 5% de las microempresas venden por internet, y sólo el 20% de las empresas mayores de 10 empleados. Las capacidades personales de las empresas para el teletrabajo son muy limitadas: sólo el 28% de las empresas tienen servicios de cloud computing, necesarios para el trabajo en red. La situación de las administraciones es mejor pero desequilibrada entre las grandes ciudades con estrategias de Smart Cities y las pequeñas localidades, que puntúan mucho peor en el desempeño digital. La transformación digital en la España rural es una urgencia que hay que acometer rápidamente.

Nada de esto tendrá sentido si no aligeramos profundamente la carga administrativa sobre las empresas. Gran parte de los servicios públicos digitales requieren de identidades digitales que sólo se pueden conseguir de manera presencial, que caducan, y que muchas veces no son interoperables entre diferentes administraciones y sistemas. La flexibilización de las condiciones laborales, para permitir rápidamente ajustes en el tiempo de trabajo, ERTES, fomento del teletrabajo, aplazamiento de pago de impuestos y otras cargas, acceso a la liquidez, etc, deben establecerse como un plan de activación automática, sin tener que reiniciar el proceso cada vez que se produzca un rebrote.

Debemos también reforzar las infraestructuras y las capacidades logísticas del sistema. Correos debería actuar como operador logístico de último recurso, dado el tamaño de su red y su capilaridad. De nada sirve ampliar las capacidades de comercio electrónico de bienes y servicios si la logística se convierte en un cuello de botella, con familias esperando durante semana la llegada de pedidos. España cuenta con una poderosa red de infraestructuras que debe ser adecuadamente aprovechada, sirviendo como plataforma para una economía distribuida y resiliente. La generación de energía distribuida debe convertirse también en una prioridad, para evitar la gran dependencia que tenemos ahora mismo de los combustibles fósiles.

La igualdad y la protección social debe también ser reformulada para ser adaptada a los nuevos tiempos. En primer lugar, se debería garantizar un acceso equitativo a la red. Muchos hogares en España no tienen acceso a internet, o la conexión es precaria. Los servicios educativos no estaban preparados y no tienen herramientas suficientes para garantizar el derecho a la educación a miles de estudiantes y alumnos, muchos de ellos en familias con condiciones económicas muy precarias. Se deben establecer currículos online útiles, que permitan pasar de un modelo de formación presencial a otro que en los próximos meses no será sino “blended”, esto es, con períodos presenciales y períodos online, como ya ocurre con la formación de adultos. La tramitación de las ayudas sociales necesarias para mantener el suelo social debería ser automático y no estar sometido a laberintos administrativos hoy de difícil solución, como los dramáticamente descritos por Sara Mesa en “Silencio Administrativo”. Se debe simplificar el sistema de protección social pensando en un ingreso mínimo vital “de crisis”, que se active automáticamente si llega otra crisis sanitaria.

Y por último, pero no por ello menos importante, se deben poner en marcha nuevos mecanismos de gobernanza pública en emergencia. Las redes de políticas públicas con múltiples actores y con múltiples capacidades son más flexibles y permiten una mayor capacidad de respuesta, modulándola en función de los diferentes contextos sociales y territoriales. Los municipios deben ser dotados de más capacidades, más autonomía y más recursos para atender a situaciones específicas. Se debe promover la experimentación y la innovación local, como los servicios de apoyo de proximidad -acompañamiento a mayores en sus domicilios, “vales de adelanto de pagos” a los comercios, etc.- que ya se están poniendo en marcha.

Un plan como el que se propone debe ser llevado a cabo en tiempo récord y con un diseño cuidadoso. Porque no se trata de “reactivar una economía” que puede volver a tener que ser paralizada en cualquier momento. Se trata de reconstruir una economía resiliente y capaz de soportar, en mejores condiciones, una situación de crisis sanitaria que no podemos permitirnos repetir en estas condiciones.

¿Qué es lo peor que puede ocurrir si el virus no se reactiva? Que tendremos un sistema de innovación más robusto, un sistema sanitario mejor preparado para las crisis, una economía plenamente digitalizada, más flexible y más dinámica, una sociedad menos desigual y una gobernanza pública más dinámica, innovadora y eficaz. Casi nada. Quien escribe estas líneas espera fervientemente que estos, y otros elementos, estén firmemente integrados en el plan de recuperación que el Gobierno de España quiere pactar con los demás partidos políticos.