En medio de la pandemia, esta semana Finlandia ha hecho públicos los resultados finales del experimento que llevó a cabo entre 2017 y 2018 sobre la implementación de la Renta Básica Universal. Un experimento que sorprendió a todos los interesados en el tema por su tamaño, su vocación de extraer conclusiones específicas y su carácter de oficial: se hacía, efectivamente, con fondos públicos y con el objetivo de extraer lecciones para la política social finlandesa, en un período de profunda transformación de la misma.
El experimento, llevado a cabo durante dos años, consistía con seleccionar aleatoriamente a 2000 personas desempleadas, ofrecerles una renta incondicional de 580 euros durante dos años, y comparar la evolución del grupo respecto de otras 173.000 personas que conformaban lo que en términos de estos experimentos se denomina “grupo de control”. Dos años más tarde, se inició el análisis intentando identificar qué efectos había tenido dicha renta en el bienestar de las personas y en su probabilidad de encontrar un empleo. La renta se percibía, durante ese tiempo, con independencia de la conducta de las personas: tanto si el desempleado encontraba empleo como si no, tanto si se la gastaba en casas de apuestas como si invertía en su formación.
La respuesta a la que se quería responder era averiguar si la renta básica era un mejor sistema para activar a las personas a encontrar un empleo. Si así fuera, Finlandia podría seguir investigando sobre la posibilidad de sustituir sus programas sociales actuales. De no ser así, se buscarían nuevas alternativas.
Tres años más tarde del inicio del experimento, hemos conocido sus resultados definitivos. La población sometida a la Renta Básica mejoró en mucho su bienestar social y psicológico y su disposición a trabajar no se vio afectada. El experimento finlandés confirma así algunos de los resultados ya ofrecidos por otros experimentos de carácter más limitado y alcance más local: si atendemos a los experimentos realizados, la renta básica universal, al contrario de lo que no se cansan de repetir sus detractores inmunes a la evidencia, no desincentivaría el trabajo.
Una conclusión interesante para sus defensores pero insuficiente para las autoridades finlandesas. El gobierno de Finlandia no quería probar si la renta desincentiva el empleo, sino si su percepción mejoraba las perspectivas de acceder al mismo, en comparación con la gente que no la percibía. En otras palabras: no quería medir su impacto en el bienestar -o no sólo- sino, sobre todo, su eficacia como política de empleo. Y aunque el estudio ha mostrado que la gente que recibía la renta ha trabajado, en promedio, más que aquellos que no la percibieron, la diferencia no es lo suficientemente grande como para justificar el enorme coste de su implementación. Por esto, y no por otra cosa, se habla de “fracaso” en el experimento finlandés.
Desde luego, se puede argumentar, como lo hace el propio informe, que los cambios legislativos en las políticas activas de empleo en Finlandia, acontecidos en 2018, han contaminado tanto el resultado que ha dejado el experimento, en ese ámbito, sin apenas validez. También se puede argumentar que si bien los resultados globales no son todo lo significativos que cabría esperar, sí lo son para sectores específicos de la población. Pero segmentar la población para acceder a una renta básica universal es contradictorio: si es universal, no se segmenta, y si se segmenta, deja de ser universal.
Finalmente, todo parece indicar que el mecanismo preferido por el gobierno finlandés será la implementación de un impuesto negativo sobre la renta, mucho más barato y que afectará únicamente a aquellos que estén trabajando.
La repercusión en medios del experimento finlandés no se ha hecho esperar. Se ha hablado de fracaso del experimento, intentando extrapolar una lectura retorcida de sus conclusiones al caso de la futura renta mínima en España. Craso error que sólo se explica con un profundo desconocimiento de la materia combinado con un fuerte sesgo ideológico y partidista. Los experimentos sólo fracasan cuando no ofrecen conclusiones, y este experimento las ha ofrecido: la renta básica aumentó el bienestar de sus perceptores sin desincentivar su acceso al empleo.
Aunque celebremos sus conclusiones, el caso finlandés es inaplicable en España por múltiples motivos. En primer lugar, por las diferencias entre los diferentes esquemas: la renta básica se percibe con independencia de si se trabaja o si no se trabaja, el ingreso mínimo sólo se activa bajo un determinado umbral de renta: no se pueden extraer conclusiones de un esquema y aplicarlas a otro. En segundo lugar, por la imposibilidad de trasladar conclusiones de un contexto a otro de manera automática: los resultados de un experimento social no se pueden aplicar universalmente en otros contextos, sólo son un indicador más a tener en cuenta en la reflexión: lo que funciona en Finlandia puede no funcionar en España . Y en tercer lugar, por el diferente objeto de análisis: mientras que en Finlandia lo que se quería medir era su eficacia en términos de política activa de empleo, las consideraciones que llevan a la implementación de un ingreso mínima en España están dirigidas a la inclusión social y la lucha contra la pobreza. En otras palabras: nada, o casi nada, que ver.
El experimento finlandés aporta mucha luz sobre el futuro de los sistemas de protección social en un mundo fragmentado y fragilizado, pero, para bien o para mal, no son un veredicto inapelable ni para los defensores ni para los detractores de la renta básica. Pocos experimentos sociales lo son: solo aportan más elementos para la discusión. La mejor lección que podemos extraer es que si queremos probar una política pública nueva, la mejor manera de ponerla en marcha es con su experimentación previa y con el análisis exhaustivo de sus evidencias. En un país donde la evaluación de las políticas públicas es todavía muy incipiente, esto sí suena revolucionario.
Lamentablemente no lo veremos. No tendremos un experimento para valorar el impacto y consecuencias del Ingreso Mínimo Vital en España. Afortunadamente, tenemos evaluaciones particulares y específicas de algunos de los sistemas de rentas mínimas ya vigentes, que pueden orientarnos en su diseño y en su implementación. Mientras los expertos en políticas públicas e inclusión social debaten sobre ello, las redes sociales se inundan de mensaje aporofóbicos pensados para boicotear la acción del gobierno. Frente al debate sensato y basado en evidencias, estereotipos e ideas preconcebidas. Lo primero que deberíamos aprender de nuestros vecinos finlandeses es a usar la evidencia, y no el prejuicio, para definir nuestras políticas públicas.
