Con la llegada de la España en fase 3, las calles de nuestras ciudades, los centros comerciales, los bares y las actividades sociales, se reaniman, siguiendo las lógicas precauciones impuestas por las autoridades sanitarias, de manera que cualquiera que hoy salga al centro de nuestras ciudades se encontrará con que la vida va recuperándose, avanzando hacia ese concepto tan difuso como “nueva normalidad”.

Las cifras económicas parecen indicar que la crisis tocó fondo en abril: pese al incremento de desempleados en el mes de mayo, las afiliaciones a la seguridad social indican una rebaja en el ritmo de la destrucción de empleo. Los indicadores de pedidos industriales han mejorado durante el último mes, todavía muy lejos de las fases expansivas, pero por encima de las previsiones. Los mercados financieros han reaccionado muy positivamente, con una fuerte subida durante las últimas semanas, con el IBEX35 por encima de las cifras previas al establecimiento del estado de alarma. La prima de riesgo, convenientemente dopada por la actuación del Banco Central Europeo, se encuentra a niveles similares a los de finales de febrero, con lo que se ha eliminado, de momento, el riesgo de una escalada.

España se recupera poco a poco del coma inducido provocado por la crisis del coronavirus, y es posible que a partir de este momento se esperen buenas noticias. Pero conviene no ir tan rápido en la evaluación de la crisis. Que hayamos doblado el pico de la famosa “v” de la recuperación, que hayamos tocado suelo, no significa que las cosas vayan a mejorar rápidamente.

En primer lugar, queda saber si la recuperación de la actividad económica es lo suficientemente fuerte como para que las muchas empresas que han sorteado la crisis de liquidez puedan sobrevivir a largo plazo. La descapitalización provocada por las pérdidas acumuladas se puede convertir en crisis de solvencia antes de que nos demos cuenta y nos encontremos con que miles de empresas que cerraron el 14 de marzo no volverán a abrir nunca. Entre febrero y abril de 2020, se registró un descenso de 91.000 empresas en alta en la Seguridad Social. El deterioro de los balances va a tardar en notarse y, aunque gracias a la rápida actuación del ICO, muchas de las empresas han logrado la liquidez básica para seguir funcionando, convertir las pérdidas en deuda fragilizará su viabilidad futura. Si la actividad económica no se recupera rápidamente, y con ella, las cifras de facturación, muchas sufrirán.

En segundo lugar, queda por saber el destino futuro de muchos empleados acogidos hoy al sistema de los ERTEs. En la actualidad, se registran más de 3 millones de trabajadores acogidos a ese esquema de protección. Queda por saber qué pasará con esos trabajadores cuando se levante el sistema de protección. De momento, lo que se está haciendo es prolongar en el tiempo esa medida, al mismo tiempo que se mantiene la prohibición de despidos por causas objetivas, situación que está generando un embalsamiento de trabajadores del que no conocemos exactamente cuál será su futuro. Es muy probable que una parte de los mismos pase directamente del ERTE a los EREs, ensombreciendo las cifras en empleo de los próximos meses.

En tercer lugar, la situación fiscal requerirá de un seguimiento muy cercano en los próximos meses. El déficit público se elevará por encima del 10% este año, y con bastante probabilidad se situará en el entorno del 12% del PIB. Esto implica que el año que viene y el siguiente corremos el riesgo de que un ajuste demasiado rápido o mal diseñado lleve a una recaída en la recesión, como ya ocurrió en el año 2012. Las presiones para un ajuste fiscal rápido se van a incrementar en los próximos meses, y el gobierno deberá ser firme: es indudable que la oposición lo utilizará para desgastar aun más su situación, y deberá estar preparado para actuar.

Y, por último, tendremos que hacer frente a los efectos a medio plazo en materia de desigualdad. La ausencia de una auténtica política de conciliación hará que buena parte del esfuerzo recaiga sobre las familias con menos recursos, y dentro de ellas, con bastante probabilidad, las mujeres serán las que más sufran el impacto. En materia educativa, este tramo de curso sin acudir a los centros puede suponer una brecha permanente entre aquellos niños con más recursos y los que viven en familias en situación de vulnerabilidad. Una brecha que pueden arrastrar durante toda la vida. El ingreso mínimo vital es un gran paso adelante, pero su impacto se centrará en los más pobres de entre los pobres, sin tener apenas efecto más allá. 

En definitiva, nos queda un largo camino por delante. La política económica de la recuperación debe ser audaz y consistente, asumiendo las reformas que sean necesarias y aprovechando a fondo las oportunidades que parece pueden venir de la Unión Europea. Los buenos -por menos malos- indicadores de esta primavera no deben ocultar la situación en la que estamos. Vamos a tener que aplicarnos a fondo.