Mientras los servicios sanitarios desbordados y los científicos centrados en la batalla contra el COVID19 se esfuerzan en hacer doblegar la famosa curva de infecciones, la economía internacional se ha paralizado y ya se empiezan a conocer las estimaciones sobre el efecto que tendrá la crisis en la economía española. Esta semana, Goldman Sachs nos indicaba que, en un escenario plausible, España podría perder en 2020 hasta un 9,7% de su PIB, esto es, más de lo que perdió en toda la recesión entre 2008 y 2013. Otras estimaciones no son tan negativas y Jaime Ferri y Rafael Doménech la situaban en el entorno del 4,5% si las medidas económicas funcionaban a pleno rendimiento, y reducían la caída al 0,6% en el escenario más positivo. La OCDE, por su parte, ha señalado que cada mes de paralización de la actividad supone una caída de alrededor del 2% de PIB, y el CEPREDE, el centro de predicción económica de la Universidad Autónoma de Madrid, ha estimado la caída en un 1,7% mensual, sin tener en cuenta los efectos acumulados de la falta de actividad.

Nos encontramos, por lo tanto, en una situación evidente de recesión, donde los ERTES afectan ya a más de un millón de trabajadores en sus diferentes versiones, y donde la decisión de endurecer los despidos -que no prohibirlos- durante la crisis sanitaria tendrá un efecto muy limitado en la destrucción total de empleo, pues la dificultad de ajustar plantillas hace todavía  más difícil la supervivencia de muchas pequeñas empresas. La decisión de paralizar totalmente toda la economía que no sea considerada un servicio esencial, tomada atendiendo a consideraciones estrictamente sanitarias, supone en definitiva que las empresas deberán soportar sus costes fijos -incluyendo el personal, que lo es- sin poder facturar durante un tiempo.

Las medidas tomadas hasta el momento, en materia de apoyo al tejido empresarial, se han centrado en la liquidez: los avales del Estado se están agotando a gran velocidad, y es probable que la capacidad financiera se deba incrementar. La medida es positiva pero es insuficiente. Aunque las empresas reciban la liquidez suficiente con la garantía del Estado, lo cierto es que en términos de sus balances, la capacidad de aguante de una empresa viene definida por sus reservas y su capital. Si las pérdidas de mantener sus costes fijos se comen sus reservas y su capital, la empresa entra en quiebra técnica, por muchos préstamos que tenga avalados por el Estado. Si las reservas y el capital son menores que sus activos fijos, sus ratios financieros se deteriorarán y es poco probable que ningún banco vuelva a prestarles dinero hasta que no se recuperen. Si además tenemos en cuenta que muchos pequeños empresarios tienen sus préstamos avalados con sus pertenencias personales, la tentación de ir a un concurso de acreedores antes de perder su patrimonio es muy alta. Cada día que las PYMEs de este país soportan costes y no ingresan, la situación se hace más cercana a ese límite.

El deterioro que se está produciendo no se corregirá automáticamente con la reactivación -si llega- del tercer y cuarto trimestre. La única manera de que el mercado haga frente, por si solo, a esta situación, es con un crecimiento de la actividad que permita compensar las pérdidas del primer y segundo trimestre, algo que sabemos no va a ocurrir. Así que es necesario pensar en medidas de reactivación económica públicas para evitar que se produzca un derrumbe prolongado del tejido productivo.

Tres son las vías de apoyo: la primera, permitir todos los ajustes necesarios para evitar que los costes fijos destruyan a las pymes. En esa dirección es la medida tomada por el gobierno con los ERTES, si bien la limitación en el tiempo -sólo se podrán hacer durante el estricto período de alarma sanitaria- le resta mucha eficacia. La segunda, generar un estímulo económico de reconstrucción que permita compensar ventas en el tercer y cuatro trimestre, lo cual equivaldría a una inyección de dinero en el consumo que sólo podría ser plenamente asumida por el Banco Central Europeo. La posibilidad de España de ofrecer un estímulo de esas carácterísticas se ha visto muy limitada por los desencuentros en el seno de la Unión Europea, que requerirían de un análisis aparte.

Y la tercera vía, que es la que propone este artículo, es la posibilidad de recapitalizar a nuestras PYMES a través de instrumentos similares a los utilizados en la época del rescate bancario. Si usamos instrumentos denominados híbridos, como prestamos participativos y deuda subordinada, muchas PYMES de este país podrían acceder a un colchón de capital que las evitara la quiebra técnica y que las permitiera abordar de manera eficaz la transición. Los instrumentos híbridos son un tipo especial de dinero que, inyectado en las empresas, les ayuda a soportar las pérdidas y mejora sus calidad financiera y, con ella, su cualificación crediticia.

No son nuevos: ENISA los utiliza para capitalizar sus empresas innovadoras, y hay instituciones autonómicas, como el innovador Instituto Valenciano de Finanzas, que ya ha lanzado un programa de 40 millones de euros, ampliable si la demanda lo requiere. Tiene la ventaja de que, al ser más cara que la financiación tradicional, evita comportamientos oportunistas -solo accederás a él si realmente lo necesitas- y al contar como instrumento de capital, no computa como déficit público a efectos del cálculo del mismo.

El ICO y las agencias regionales deberían comprometerse con un programa masivo de inyección de préstamos participativos, a larga duración, que permitiera a las empresas superar este bache sin encontrarse con las reservas vacías. Tenemos la infraestructura necesaria y el conocimiento requerido para ponerlo en marcha. Y, como se intenta explicar en este artículo, puede tener una gran utilidad para evitar que se dañe todavía más nuestro tejido productivo.

Tarde o temprano saldremos de esta situación, y volveremos a tener una economía productiva y dinámica. Todo esto será una pesadilla de la que extraer lecciones, y de la calidad de las medidas que tomemos ahora dependerá la duración y profundidad de esta crisis.