Las bombas, los tiroteos, y ahora más recientemente las protestas, aún siguen resonando en el este de Europa. Ecos de una guerra que alcanzan ya a todos los rincones del planeta, porque las consecuencias económicas de la guerra no resultan ajenas a ningún ciudadano, con independencia de la bandera que enarbole.

Si una cosa ha dejado clara la guerra en Ucrania es que el sistema económico no funciona. Las consecuencias del conflicto que, se antoja de nuevo como una suerte de segunda guerra fría, son sobradamente conocidas, ya no por analistas y expertos, sino por la gente de a pie que sufre la subida de los precios de la energía, el combustible, las materias primas y la inflación, en su propio bolsillo.

Mientras en Ucrania y Rusia entierran a sus caídos, las consecuencias económicas de la crisis desentierran otra dura verdad, el sistema económico sobre el que empresarios e instituciones financieras han construido su poder se está derrumbando.

El arraigado miedo a una nueva política de bloques, que tanto recuerdan a la guerra fría, aún subyace en el inconsciente colectivo. Así pues, desde finales del siglo XX, las teorías neoliberales han copado la economía y la política del bloque occidental y, a partir de la caída del muro de Berlín, también del oriental.

Tanto EEUU como Europa se hayan inmersos en una complicada partida de ajedrez para intentar frenar las consecuencias de la guerra, unas consecuencias con una repercusión que trascienden fronteras y banderas, pero, al menos en el caso español, parece que no ideologías.

La intervención del Estado

La política neoliberal, resulta fácil de entender, esta teoría defiende el reducir al mínimo la intervención del Estado tanto en política como economía. El neoliberalismo, al fin y al cabo, no es más que una forma de liberalismo que apoya la libertad económica y el libre mercado, cuyos pilares básicos incluyen la privatización y la desregulación.

Este sistema ha venido instaurándose desde la caída de bloques. Un sistema que he venido funcionando sin problemas a pesar de las desigualdades sociales con las que muchas personas ya han aprendido a convivir. Un sistema que ha funcionado, al menos, hasta ahora.

Con las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania, los distintos Gobiernos está aplicando políticas para reducir el impacto de la inflación en los bolsillos de los ciudadanos. Los Estados están aplicando políticas intervencionistas desoyendo las tradicionales tesis neoliberales, lo que constata la deficiencia del sistema.

Incluso países “más papistas que el Papa”, como Alemania ya están estudiando el aplicar políticas intervencionistas en su propia economía. Más allá se sitúa el Gobierno comunitario que, a pesar de su actual ideología conservadora, ha desechado sus arraigados dogmas neoliberales y está apostando por una política intervencionista.

No hay más que tirar de una reciente hemeroteca para observar el radical viraje de la política económica de Bruselas. Ya el pasado 9 de septiembre, la Comisión Europea celebró su reunión de ministros de la Energía, donde se acordó, entre otras cosas, la intervención del mercado y el tope al gas ruso.

En dicha reunión, los ministros de energía también acordaron estudiar "posibles opciones para la introducción de un límite de precio a las importaciones de gas de jurisdicciones específicas". A la vista está que la propia Comisión Europea ya está hablando sin tapujos de intervenir sobre el mercado energético.

Haciendo, pues, un ejercicio de imaginación ¿cómo impactaría la guerra sin la intervención estatal? La respuesta a la pregunta parece obvia, con los altos precios de la energía y los carburantes, un IPC disparado y con un severo estancamiento del crecimiento económico, sin la intervención estatal el ya mermado poder adquisitivo de los consumidores se antojaría más mermado aún.

Por ejemplo, sin el tope al gas, que hasta ahora solo se encuentra instaurado en España, el precio de este combustible en el mercado ibérico se dispararía hasta los 249,16 euros el MWh, cuando hoy por hoy, aproximadamente tres meses después de la entrada en vigor de la excepción ibérica, el precio del gas en España ronda los 200 euros el MWh, de acuerdo con los datos extraídos del Ministerio de Transición Ecológica.

Poniendo algo más de contexto, en el resto de los países, que aún no cuentan con un mecanismo similar, a pesar de que Bruselas ya estudia implantarlo, cuentan con precios del gas que alcanzan hasta los 300 euros el MWh como es el caso de Italia.

El mercado del combustible, si bien no se encuentra intervenido en nuestro país, si se encuentra subvencionado a través del Estado. Una subvención de hasta 20 céntimos por litro de combustible que provocan que el precio de la gasolina descienda desde los 1,708 euros el litro, hasta los 1,508 euros, mientras que el del diésel, que se coloca en los 1,867 euros el litro, desciende hasta los 1,667 euros.

La derecha española, la verdadera excepción ibérica

Aunque hablar de excepción ibérica para hacer referencia a la postura del PP de Feijóo resulta altamente injusto para nuestros vecinos portugueses, lo cierto es que la postura de la oposición sí que constituye la verdadera excepción, ya no ibérica, sino europea.

Aparte de la oposición desleal, las derechas españolas continúan enrocadas en los arraigados dogmas neoliberales, cuanta menos intervención estatal en el mercado mejor, porque claro de acuerdo con la política económica conservadora el mercado se regula solo. Y si bien las tesis neoliberales de la autorregulación de los mercados no están erradas del todo, la pregunta se suscita de forma obligatoria ¿a qué precio?

Con un PP negando la mayor al tope al gas, al que ya denominaron como “timo ibérico” que, sin embargo, ha ahorrado ya más de 2.000 millones de euros, con una presidenta de la Comunidad de Madrid que califica las medidas del Ejecutivo de “intervencionistas”, la derecha se retrata apostando por un sistema que ya ha demostrado que no funciona, o que, en caso de funcionar, lo hace a costa de los más vulnerables.

Un PP que, a causa de su reaccionario neoliberalismo, se encuentra solo, al posicionarse de espaldas al viraje económico europeo, una derecha aislada que verdaderamente constituye la excepción del radicalismo neoliberal en Europa.