Las tres grandes organizaciones de la distribución alimentaria presentes en la reunión con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, y Alberto Garzón, ministro de Consumo, han reiterado su negativa al acuerdo con el Gobierno para fijar unos precios cerrados a los productos de la cesta de la compra básica. ACES (Asociación Española de Cadenas de Supermercados), ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución) y ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados) han revelado su no después de la reunión con los responsables del Ejecutivo.
Las tres grandes distribuidoras, que engloban a cadenas de supermercados como Carrefour, El Corte Inglés, DIA, Eroski o Mercadona, han emitido una valoración conjunta en la que el primer punto pasa por el no rotundo al acuerdo que busca Díaz. “La distribución alimentaria no puede aceptar el acuerdo de una cesta de la compra a precios fijos”, aseguran en el primer párrafo del comunicado. De hecho, consideran el acuerdo “inviable y contraproducente” por partir de “un diagnóstico erróneo de la formación de precios en la cadena”.
No obstante, aseguran que comparten con el Gobierno la preocupación por la situación de los precios de los alimentos y piden ayuda al propio Ejecutivo para controlar el IPC alimentario. Además, defienden que ya trabajan para ofrecer una cesta de la compra “económica” y que la propia “dinámica dinámica competitiva” del sector ha contribuido a amortiguar la escalada de la energía y las materias primas, con una “cesta de la compra más económica, a través de productos de marca propia, más promociones y descuentos”.
“Este ajuste en precios alcanza un surtido de productos y categorías amplísimo, capaz de cubrir diferentes necesidades de consumo, en especial, de los hogares más vulnerables”, defiende el vicepresidente ejecutivo de ANGED, Javier Millán-Astray, que ha destacado el “intercambio de información útil para todos” tras la reunión con Díaz y Garzón.
Los motivos de las distribuidoras para el no
Los asistentes a la reunión han explicado los motivos por lo que consideran el tope a los precios de los alimentos básicos “ineficaz”. En primer lugar, el diagnóstico “erróneo” de la formación de precios en la cadena alimentaria que, según las distribuidoras, “compara solo la diferencia entre precios de origen y destino, al estar basado en datos de una organización agraria que carecen de base científica”. Las grandes distribuidoras consideran que, “al expresar las diferencias de precios en porcentajes, distorsiona la percepción del consumidor e ignora el valor que aportan otros eslabones de la cadena”.
En esta línea, recurren a los estudios “fiables” del Ministerio de Agricultura, liderado por Luis Planas, como ya hicieron en una primera valoración tras el anuncio de Díaz de topar los precios de los alimentos. ANGED, ACES y ASEDAS desoyen las cifras propuestas por Díaz y Garzón en la reunión y aseguran que los estudios de la cartera de Planas “no coinciden en absoluto con dicho análisis”. Así, defienden que la distribución alimentaria organizada tiene unos “márgenes porcentuales muy reducidos, como se puede comprobar en los datos públicos de las empresas”.
“Nos da la sensación de que se está proyectando una imagen del sector de la distribución comercial que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad” -critica el vicepresidente ejecutivo de ANGED, Millán-Astray- "Lo que no se puede hacer es matar al mensajero. Somos los que damos la cara ante el consumidor pero estamos haciendo un esfuerzo extraordinario".
En segundo lugar, las distribuidoras ponen sobre la mesa la “ineficacia” del acuerdo por la estructura de la distribución alimentaria en España, con una “escasa concentración”. No osbtante, advierten de que el pacto requeriría del acuerdo “con cientos de empresas”, entre ellas el comercio tradicional. “El comercio tradicional tiene una cuota de mercado muy importante especialmente en productos frescos” -advierten desde las asociaciones- “presentaría graves riesgos para la competencia, perjudicando a unos comerciantes frente a otros y a los consumidores que viven en poblaciones pequeñas”. Es más, llaman a evaluar su compatibilidad con la normativa de defensa de la competencia.
En tercero, y último lugar, las grandes asociaciones de distribución alimentaria justifican su no por las “experiencias fallidas” en otros países como Francia. Según estas fuentes, los acuerdos firmados por el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en 2004 y 2010 tuvieron como resultado, por una parte, una “drástica pérdida de confianza” en el comportamiento del consumidor, con un descenso en el consumo y, por otra, una “bajada muy importante de la calidad de los productos” en las gamas afectadas.
Alternativas para abaratar la cesta de la compra: reducción del IVA
La reunión con la ministra de Trabajo y el ministro de Consumo se ha saldado con el no pero con la petición de ayuda a Díaz, según el comunicado, para llevar a cabo el proyecto con medidas “más necesarias que nunca” para luchar contra la subida del IPC, confirmado esta misma mañana por el INE en el 10,5% en agosto, y reducir los costes empresariales de la cadena alimentaria.
Entre otras, la gran distribución reclama medidas como la reducción temporal del IVA en algunos alimentos -algo que ya llevó a cabo Alemania durante seis meses en 2020 con “resultados positivos”, según la distribución-; una moratoria, también temporal a los impuestos medioambientales que penalizan el consumo; el descenso del coste regulatorio y la reducción del coste de la energía, que podría “hacer entrar en pérdidas a empresas de la distribución”, denuncian las asociaciones. En cuanto a la energía, piden un precio “sostenible” para toda la cadena y, en especial, para la distribución alimentaria a través de un Estatuto de Sector Esencial para el gran consumidor de energía.
Las asociaciones defienden que “frente a escaladas de precios de hasta tres dígitos en la energía y las materias primas básicas, la cadena agroalimentaria está contribuyendo a amortiguar la inflación”. Así, asegura que, entre julio de 2021 y julio de 2022, el IPC de la Alimentación y Bebidas ha crecido a una tasa anual media del 6,7%, frente a una tasa anual media en el índice de precios industriales (IPRI) de Alimentación de 12,8%. En el mismo periodo, el IPC general también ha registrado una variación media del 7,5%, según las cifras oficiales del INE.
Así, aseguran que los motivos de la subida del IPC en alimentación son “objetivas”: el alza del coste de la energía, de los carburantes y de las materias primas, todo ello agravado por la guerra de Ucrania. Los precios de la alimentación en España se han mantenido “extraordinariamente estables” en los últimos 20 años, según las distribuidoras, con subidas que han coincidido de forma puntual con otra crisis de materias primas en 2007 y con la subida del IVA en 2012.
“La distribución alimentaria española, así como el resto de la cadena, ha demostrado en las dos últimas décadas y, más recientemente, con la crisis sanitaria su eficiencia para servir al consumidor alimentos de calidad, variados, seguros y a precios competitivos y su compromiso con los consumidores. Por lo tanto, no es momento de dividir a la cadena, sino de trabajar unidos para hacer frente a la actual crisis multifactorial y seguir facilitando a todos los ciudadanos por igual el acceso a la alimentación”, reclaman las distribuidoras.
