Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), ha asegurado que "sería bueno establecer una cesta de la compra que en productos básicos pudieran llegar a un tipo de limitación de precios". El líder sindical ha reaccionado a las palabras de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía social, y ha señalado que el momento es “lo suficientemente grave” como para adoptar medidas en consecuencia para garantizar el poder adquisitivo de la ciudadanía.

Por su parte Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha sido crítico con la propuesta y no ha dudado a la hora de tildarla de “populismo”. El líder de los empresarios asegura que esta intervención del mercado no se puede realizar porque “va contra el libre mercado y los principios europeos”. El presidente de la patronal ha criticado que esta reforma se enmarca en un ambiente electoralista y ha pedido ser a ser más responsables para, entre todos, tirar para adelante el país, porque es lo que la gente quiere.

Díaz niega que vaya a ser ley: “No es una ley, es un acuerdo”

La reacción de ambos llega tras conocerse la intención de Díaz, que ha anunciado que está trabajando con distribuidoras y consumidores para topar los precios de “20 o 30 productos que son básicos, como la leche, el pan, los huevos y la fruta”. Díaz ha propuesto esto tras señalar, que la concentración empresarial del sector de distribución alimenticia es una de las causas principales de la subida del precio de la cesta de la compra.

“La alimentación está siendo un enorme problema en nuestro país hoy, no solo para la ciudadanía, sino también para los pequeños y medianos productores”, asegura la ministra, que ha anunciado que se reunirá con el ministro de Consumo (Alberto Garzón) y con las asociaciones de consumidores para “conseguir que alcancen un acuerdo sobre una cesta de la compra básica”.

Sobre las críticas del ministro de Agricultura, Luis Planas, y Garamendi, la vicepresidenta ha dejado claro que su intención no es implementar una ley sino conseguir que se alcance un acuerdo. “No es una ley, es un acuerdo y no vulnera el derecho a la competencia. Estamos en guerra, en una crisis, si ahora mismo no es un momento excepcional no sé cuando será”, ha zanjado Díaz.

La ministra de Trabajo ha destacado la necesidad de esta medida y ha asegurado que la subida de los precios y de la inflación nada tiene que ver con los salarios y no solo responde al encarecimiento de los hidrocarburos sino también “a los precios de la alimentación”, de los que ha culpado al “oligopolio” de grandes distribuidores, que concentra el 50% del total de empresas distribuidoras.

Las grandes distribuidoras en contra

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), una de las grandes patronales del sector y paraguas bajo el que se resguardan supermercados como El Corte Inglés, Carrefour o Eroski; desoye las declaraciones de Díaz y se remite al papel del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, liderado por Luis Planas.

Aseguran que “no hay nada sobre la mesa” y prefieren no hacer valoraciones ni calcular el impacto económico de las palabras de Díaz, pero trasladan que no tienen ningún problema en sentarse a negociar en busca de un acuerdo beneficioso para todos.